La Audiencia Nacional ha condenado a 13 años de prisión y al pago de una multa de 237 millones de euros a José María Torrens, uno de los propietarios del Grupo Petromiralles de distribución de hidrocarburos, como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública, uno de blanqueo de capitales y otro de tenencia ilícita de armas por su implicación en una trama que, entre 2011 y 2013, defraudó cantidades millonarias del IVA en la venta de gasolinas. El tribunal también condena por estos hechos a otras ocho personas a penas que oscilan entre los 12 años y los seis meses de prisión, pero absuelve a Pedro Torrens, hermano de José María y también administrador de Petromiralles, al considerar que su labor dentro de la compañía se limitaba a cuestiones logísticas y que no participó en ningún momento en la trama.
En la sentencia, dictada el pasado lunes y dada a conocer este viernes, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideran probado que José María Torrens ―que cuando fue detenido en junio de 2013 también era alcalde de CiU en el pequeño municipio barcelonés de Santa Maria de Miralles― tuvo una participación “especialmente relevante” en la creación de la trama. “Fue él quien propuso la puesta en marcha del mecanismo defraudador, quien facilitó los medios materiales para la adquisición y comercialización de hidrocarburos, quien contribuyó económicamente […] a la constitución de alguna de las sociedades interpuestas, quien percibió parte de las ganancias generadas”, destaca el fallo.
En los hechos probados, los magistrados detallan que Torrens propuso al empresario Antonio Rodríguez Estepa, que tenía contraída con él una importante deuda, “poner en marcha una operativa para lograr beneficios que permitieran reducir la cuantía que le adeudaba”. En concreto, le ofreció crear una distribuidora que vendiera los productos petrolíferos que le suministrara Petromiralles y que posteriormente evitara el pago de impuestos por esas ventas. Para crear el mecanismo y la estructura financiera necesarios para perpetrar el fraude, Rodríguez Estepa (condenado a tres años de prisión tras aplicarle el tribunal las atenuantes de confesión y reparación del daño) se puso en contacto con la otra pieza clave del entramado, el abogado José María Talarn, ahora condenado a 12 años de prisión.
En reuniones conjuntas, los tres condenados acordaron crear cuatro sociedades pantalla, al frente de las cuales pusieron testaferros. Estas mercantiles se encargaban de vender a terceras empresas los hidrocarburos que le suministraba Petromiralles y, posteriormente, defraudar al fisco. Para ello, en el momento de declarar el IVA que habían repercutido por esas ventas, inflaban ficticiamente las cantidades de este impuesto que ellas habían soportado en otras operaciones para así reducir al mínimo lo que tenían que abonar a Hacienda. A veces, estas mercantiles interpuestas revendían el combustible a la propia Petromiralles a un precio inferior al que le habían pagado a esta, con lo que la trama también conseguía “importantes beneficios”.
La sentencia destaca que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó “abrumadoras” pruebas sobre la implicación del abogado José María Talarn, que fue quien se encargó de materializar, a través de su bufete Orfisa, la constitución y puesta en marcha de las cuatro empresas pantalla, que también gestionaba. Y también que su cooperación fue “decisiva” en el fraude fiscal, ya que era él quien daba las instrucciones a los empleados de su despacho que llevaban la contabilidad de las compañías para que, cuando confeccionaran las declaraciones del IVA de las mismas, falsificaran las cifras. Hacienda cifra en más de 147 millones de euros el dinero defraudado por estas mercantiles instrumentales.
Junto al entramado societario para defraudar al fisco, el tribunal considera probado que la trama constituyó una segunda estructura, en este caso para blanquear los beneficios obtenidos ilegalmente. En ella, de nuevo, Talarn jugó un papel clave. El fallo señala al abogado como la persona que daba instrucciones precisas a los testaferros para que hicieran extracciones de grandes cantidades dinero en efectivo de las cuentas corrientes abiertas a nombre de las sociedades pantallas con la excusa de supuestos pagos a transportistas.
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En realidad, los fondos acababan en manos de otros acusados, según revelaron las pesquisas del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. En otros casos, los testaferros realizaban transferencias a diversas cuentas bancarias, algunas de ellas en el extranjero. La investigación de la Guardia Civil reveló la existencia de sociedades en Barbados y Hong Kong creada para figurar como titulares de estos depósitos.
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