El escenario en la frontera de Estados Unidos con México ha cambiado drásticamente aunque haya pasado medio año. El punto más alto de la crisis migratoria lo marcaron las 132.000 detenciones en mayo, una cifra que no se había visto en los últimos 13 años. Pero aunque haya pasado solo medio año, las caravanas son un recuerdo lejano. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense informó este lunes que en noviembre detuvieron a 33.510 inmigrantes, encadenando la sexta disminución mensual consecutiva. La caída del 75% desde mayo es la segunda más grande a nivel porcentual de cualquier período de seis meses en lo que va de siglo, según The Wall Street Journal.
La racha se debe a una serie de acuerdos logrados por el presidente Donald Trump con algunos de sus vecinos de la región, principalmente con el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que reforzó los controles extranjeros y militarizó su frontera en el sur para evitar una subida arancelaria de parte de Washington.
La ola migratoria que llegó a la frontera de Estados Unidos esta primavera trajo consigo a un nuevo perfil de inmigrantes. Ya no eran hombres solos que venían de México en busca de una oportunidad laboral. Ahora eran en su mayoría familias centroamericanas escapando de la violencia y pobreza de sus países. Para frenarlos, Trump primero forzó el acuerdo en junio con México y en julio con Guatemala. Al país centroamericano también lo amenazó con imponer aranceles comerciales si no hacía lo que le pedía: convertirse en tercer país seguro. Esto significa que los que quieran buscar refugio o asilo en Estados Unidos y que previamente han pasado por Guatemala deberán solicitarlo y esperar en este último país. Washington también ha llegado a acuerdos similares con Honduras y El Salvador, aunque todavía no entran en vigor.
El director interino de la seguridad de fronteras de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, cuestionado este martes en una rueda de prensa en Washington sobre el riesgo para los inmigrantes de esperar mientras se resuelve su proceso de asilo en los países de los que estaban escapando por inseguros, respondió: “El viaje que emprenden hacia EE UU es de por sí muy inseguro y riesgoso. La única manera de que no se expongan a los abusos es que no se produzca el viaje. Los desafíos que ellos enfrentan también los tienen otros países. Estados Unidos tiene lugares a los que yo no iría. Desafortunadamente, varios. Pero al igual que esos países también tienen zonas seguras que funcionan bien. Nosotros queremos asegurarnos de que se queden lo más cerca de casa posible, para que cuando se sienten seguros decidan, voluntariamente, volver a su hogar”.
El mensaje de Cuccinelli enfatizó en que quienes soliciten una entrada legal al país tienen verdaderas opciones. Sostuvo que durante el año fiscal de 2019 se convirtieron en ciudadanos estadounidenses 800.000 inmigrantes. Y que el año pasado fueron sobre 760.000. “La suma de los dos primeros años fiscales completos de la Administración son las cifras más altas de nuevos ciudadanos, comparadas con cualquier presidente en la historia en el mismo rango de tiempo”. Pero en agosto, el mismo Cuccinelli, dio a conocer el endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia a los inmigrantes legales que reciben ayudas sociales, como el programa gratuito de salud Medicaid o los cupones de alimentos. La norma amplía la definición de “carga pública” para reducir los permisos de residencia legal o green card a quienes “dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades”.
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