Los analistas destacaron que la importancia de que el semáforo de reactivación económica sea estatal o regional en función a las tendencias de la pandemia de Covid-19
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene que impulsar acuerdos estatales o regionales para ordenar la reactivación económica en función de la tendencia epidemiológica que tiene el Covid-19 en cada una de las 32 entidades del País, planteó Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación.
Dado que la tendencia epidemiológica de coronavirus es diferenciada en cada estado e incluso en cada municipio, reprobó que el Gobierno Federal pretenda imponer un semáforo único a los estados para la reactivación económica.
“El Presidente de la República tiene que escuchar, respetar pero sobre todo, hacer una política regional si no estatal, para poder reactivar la economía. Es increíble que sigan pensando de manera centralista para atender una situación que tiene tantas dimensiones y matices en las diferentes partes de la República”, afirmó en la mesa de análisis de Aristegui en Vivo.
Para garantizar el retorno a las actividades de manera segura para la población, subrayó que se tienen que tomar en cuenta las condiciones particulares de cada entidad o municipio a partir de una “sana constitucionalidad”.
“Tenemos que tener una sana constitucionalidad y para poder proteger a los ciudadanos de cada estado, de cada municipio, deben de atenderse las condiciones particulares que se presentan en cada estado y en cada municipio porque si no, lo que vamos a ver, es que los Gobernadores, en uso de sus propias facultades, tendrán que adoptar suspensiones y medidas restrictivas a las medidas en materia federal”, señaló.
El ex Consejero del IFE, Alfredo Figueroa, coincidió en que la epidemia de coronavirus plantea distintas realidades en cada estado y ejemplificó con la situación de Chihuahua.
“Tú tienes una realidad epidemiológica en Juárez, tienes en Chihuahua una realidad epidemiológica y tienes en Cuauhtémoc otra realidad epidemiológica. Tú no puedes analizar transversalmente qué industria va para adelante si no haces un análisis muy puntual de cuáles son las condiciones de cada una de las comunidades conurbadas”, explicó.
Ante la controversia que surgió entre los gobernadores luego de que la Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez, anunció que el semáforo de reactivación será determinado por la Federación, dijo que es indispensable identificar las zonas donde se puede y donde se deberá postergar la reactivación.
No obstante, enfatizó que es fundamental que exista coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales.
“Se vuelve indispensable de las partes que tienen que concurrir a un proceso de gobierno de identificar, de establecer cuál es la problemática que se puede desarrollar, cuáles son los riesgos que se tienen y cuáles son los mecanismos que tendríamos que ir desarrollando para la reactivación económica allí donde es posible y para entender que, allí donde no es posible, la reactivación habrá de posponerse”, agregó Figueroa.
Es fundamental, subrayó, que la población tenga claridad sobre si corre o no algún riesgo cuando se retomen las actividades económicas y sociales.
Energías renovables y controversias judiciales por el Acuerdo del Cenace
Durante la mesa de análisis, los analistas también abordaron la situación que enfrenta México tras la publicación del Acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por medio del cual se suspendieron desde el 3 de mayo las pruebas operativas para nuevas centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas.
El ex Consejero del IFE, Alfredo Figueroa, anticipó un largo camino judicial frente a la publicación del acuerdo y la batalla legal que están dando las empresas.
“Creo que el Gobierno tiene un buen gesto a la hora de buscar desinhibir los intereses públicos de los intereses privados pero otra vez, esa intención que algunos de nosotros y nosotras compartimos, luego se traduce en prácticas a través de decretos que nada tienen que ver con un proceso democrático”, advirtió.
Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, señaló que el Acuerdo publicado por la Secretaría de Energía a través del cual se establece la política de confiabilidad, seguridad y calidad en el sistema eléctrico nacional es una “joya del autoritarismo” porque el 80 por ciento es una reproducción mal articulada de lo que dice la ley y es insostenible.
“El grave problema del nuevo Acuerdo es que confunde dos conceptos básicos, unos es el de confiabilidad y entonces manda el mensaje a la población de que esto se hace para preservar la confiabilidad sin embargo, la confiabilidad se define en la propia ley como la habilidad para mantener la demanda y lo que hace es tratar de confundir y encubrir que el problema real es un problema de seguridad”, expresó.
Recordó que el encargado de Mejora Regulatoria era el subsecretario de electricidad en la Administración de Enrique Peña Nieto y fue el responsable de establecer las políticas que ahora la Secretaría de Energía (Sener) está derogando.
“Por supuesto, decidió renunciar. César Emiliano Ochoa Hernández decidió renunciar porque el conflicto de interés que tenía saliendo de esta puerta giratoria del Gobierno de Peña Nieto y regresando al de a Mejora Regulatoria lo colocó en una situación insostenible”, planteó.
Sin embargo, enfatizó hasta ahora no han sido suficientes las inversiones para garantizar la operación de las energías renovables en el País.
“Ni el Gobierno de Peña Nieto, ni el Gobierno de López Obrador, han realizado las inversiones suficientes para que la red funciones y opere energías renovables. Es un problema de seguridad en el despacho, no de confiabilidad porque el problema de fondo es que la Comisión Federal de Electricidad no es una autoridad reguladora, es un participante más, es una empresa competidora en el mercado eléctrico nacional”, añadió Reyes Orona.
Mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tenga la capacidad necesaria en inversión para que la red opere energías renovables, consideró que no debe sustituir a los particulares.
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