Este proyecto es un nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán, sostiene el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para “sumarse” al Tren Maya, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse “socios”, acusó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
En los tres casos, aseguró el CCMSS, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras y, ante ello, Fonatur les ha advertido “que no hay tren” e incluso que podrían modificar el trazo del mismo.
Ante esto, varias comunidades ya han recurrido a amparos contra la ejecución del proyecto.
Si una autoridad del Poder Judicial, un juez, un magistrado, ordena detener las obras del Tren Maya, éstas pararán, afirmó la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque consideró que tiene ‘tintes políticos’ la suspensión provisional contra los trabajos en el tramo 1, el cual va de Palenque a Escárcega.
Desruralización
El proyecto Tren Maya busca que los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas -que por siglos los han resguardado y manejado-, queden sin la presencia y custodia de su población originaria, facilitando la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario, aseguró el CCMSS.
Así mismo, apuntó que este proyecto “pretende detonar un fuerte proceso de proletarización de la población rural, buscando que los campesinos e indígenas que hoy se auto emplean en sus tierras conformen una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido comunitario, orillada a emplearse en el nuevo orden forjado para la Península de Yucatán”.
Con este proyecto, sostuvo el CCMSS, el Estado busca la llegada de grandes inversiones a la región, bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y la marginalidad.
El porcentaje de población con “empleo asalariado” se incrementaría notablemente, como ha sucedido antes, sin embargo, esta apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades, generando las condiciones para acentuar un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio.
Todo ello en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya.
Este proceso de desruralización, señaló el Consejo, “impacta negativamente a las comunidades indígenas y campesinas debilitando su gobernanza y capacidad institucional, así como vulnerando sus cimientos para la reproducción de la vida y la protección de los territorios”.
“La proletarización de la población rural representa oportunidades para que las empresas accedan a una fuente de mano de obra barata y encuentren vías simples para acceder a la tierra y a los bienes naturales, condición sin la cual el capital no podría expandirse”, anotó.