Así son los nuevos lobistas

Sabe cómo influir, cómo manejarse por los entresijos de la administración pública, cómo codearse con los eurodiputados de la Comisión Europea, también es una erudita en técnicas de persuasión, pero a la vez sabe lo que cuesta y el empeño que hay que poner para lograr objetivos. María Rosa Rotondo, abogada de profesión, comenzó en el mundo del lobby hace 20 años, y tras adentrarse en las entrañas de esta actividad en Bruselas, decidió en 1995 montar en España, junto a un socio, economista, ambos sin experiencia política, la consultora de asuntos públicos Political Intelligence. Hace 12 años dio un paso más y creó la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), con el fin de representar a los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby en España y seguir el mismo modelo de transparencia por el que se rigen otros países de la Unión Europea.

Desde 2000 intenta conseguir un marco regulatorio de transparencia en la defensa de intereses ante los poderes públicos, así como un registro de los profesionales que se dedican a esta actividad. En España, afirma Rotondo, llevan la etiqueta de lobista unas 600 personas, frente a los 11.000 que despachan en Bruselas, considerada la capital mundial de esta actividad, por delante de Washington. “Pueden dedicarse a esta profesión desde políticos, directores de comunicación, abogados, secretarios de consejos de administración o políticos”. Tampoco resta mérito a su trabajo, ya que considera que desde la asociación –también preside la Public Affairs Community of Europe (PACE)– se ha contribuido a que esta labor se vea con mejores ojos, desde la defensa de la importancia de la participación en el proceso de toma de decisiones. “Nuestra función es dignificar esta profesión”.

Ya no se trata de algo oscuro, advierte Daniel Ureña, socio fundador de MAS Consulting: “Hace años había mitos y tópicos, pero ha habido una profesionalización y una normalización del lobby, ahora todo es más transparente”. Además, a esta actividad se están sumando nuevos actores, procedentes de la clase política, que han sido fichados por consultoras dedicadas a los asuntos públicos. Es el caso de Jordi Sevilla en LLYC, de Eduardo Madina, en Kreab, de Joan Clos en Atrevia, de Borja Sémper, en EY. “Afortunadamente se va normalizando y se va viendo como algo positivo el paso de la política a la empresa privada y viceversa”, asegura Sémper, licenciado en Derecho y graduado en Gestión Pública por el IESE y Deusto, que abandonó su labor en el PP, donde fue presidente del partido en Guipúzcoa y portavoz en el Parlamento vasco, para ser director de relaciones institucionales en la citada empresa de servicios profesionales.

“Me ocupo de intentar establecer puentes, de mantener una relación fluida entre la sociedad y EY y sus stakeholders, esto son instituciones públicas, ONGs, think tanks o fundaciones”, explica. Porque en su opinión, la cuenta de resultados de una compañía no son solo logros financieros, sino ser “conscientes de la sociedad en la que se opera, de manera que nuestra huella deje cosas beneficiosas”. Para Sémper, lo más interesante de su actividad es lograr que se imponga un capitalismo humanista. Y para ello no duda en acudir y tender puentes en foros y eventos donde tiene presencia EY, con el fin de acercar la sociedad al mundo de la empresa. En esta nueva etapa asegura que aprende mucho y enseña los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera política, fraguada en los años duros del País Vasco.

“Creo que tengo el olfato que te da el haber trabajado en la administración pública, y por tanto creo que puedo ayudar a que nuestros socios conozcan las claves en las que se toman las decisiones en este tipo de instituciones, y cómo se interpretan desde el sector público las decisiones que se toman en las organizaciones privadas”, afirma Sémper, firmemente convencido de que con su actividad se pueden cambiar cosas. “Es el mismo compromiso que adquirí cuando me metí en política en el País Vasco, el interés general, más allá de la cuenta de resultados”.

Al carro de los asuntos públicos también se han sumado otros políticos, que han decidido emprender y montar sus propias empresas, como es el caso del socialista y exministro de Fomento, José Blanco, sus compañeros de partido Elena Valenciano y Antonio Hernando, a los que se ha sumado el exministro de Sanidad y exalcalde de Vitoria por el PP, Alfonso Alonso, que se han unido para crear la consultora Acento. “En mi caso lo he visto como una salida natural, porque sé cómo funciona la administración pública, los procesos legislativos los he vivido de primera mano, y creo que vamos a un tiempo de incremento de la colaboración público-privada”, señala Alonso, que cree que es importante poner a disposición de la sociedad y de las organizaciones privadas el conocimiento adquirido durante años de experiencia en la política. “Nosotros hemos montado una consultora boutique, entre gente del PP y del PSOE, de una manera abierta, limpia y transparente, lo que quiere decir que se ha avanzado mucho en este tipo de actividad. Ya no es el prometer una influencia, sino en defender un interés, o saber conectar con el interés general o con la administración”. En este sentido, Alonso también defiende que haya una regulación ordenada de la actividad de los asuntos públicos en España. “Eso será siempre garantía de transparencia”.

Porque de lo que se trata ya no es tanto de conseguir logros a base de contactos, que también, sino que se requiere de otro tipo de cualidades y habilidades, como el rigor, la honestidad y la profesionalidad. “A los políticos que han desarrollado una carrera en la administración pública no se les puede condenar al ostracismo, pero creo que su valía no puede residir en los contactos, y contar con el asesoramiento de algún ex alto cargo por lo que ha sido en el pasado es una apuesta a corto plazo”, matiza Rotondo, quien cree que lo importante de políticos, como por ejemplo Eduardo Madina, es su capacidad analítica y estratégica, así como saber por dónde llevar a tu cliente y a tu empresa.

Se trata de una profesión rigurosa, que requiere del aprendizaje de una serie de contenidos en política, derecho o sociología, según detalla Juan Moscoso del Prado, codirector del programa Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales impartido por Deusto Business School. “Hablamos de rendición de cuentas, de cómo llevar adelante proyectos, aprender a comunicar, a mantener relaciones institucionales, a conocer la administración pública y el funcionamiento de la empresa privada”, señala el expolítico socialista, que cree necesario la regulación de la actividad, tal y como defiende APRI. “De esta manera se podria mejorar su ejercicio y su reputación, así como la creación de registros, ya que sería positivo que se pudieran publicar las agendas”.