El contundente éxito electoral de Luis Arce en las elecciones bolivianas –obtiene más del 50% de los votos con el 60% escrutado– ha silenciado y confundido a las fuerzas sociales y políticas que se oponen apasionadamente a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, una vez que asuma como presidente, a mediados de noviembre, esas voces volverán. Arce tendrá que enfrentar la fuerte oposición de las clases medias más acomodadas que votaron por otros candidatos el pasado domingo y, al mismo tiempo, las demandas de empleo y bienestar de sus electores, que en su mayoría tienen bajos ingresos y se hallan en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis del coronavirus.
La agenda del nuevo Gobierno de Bolivia será compleja. A la crisis económica, sumará otros asuntos delicados como la situación con el expresidente Evo Morales, el líder histórico de su partido, que ha anunciado su intención de volver a Bolivia; o la situación de siete dirigentes del MAS retenidos en la residencia del embajador de México en La Paz; o los cientos de juicios que están en curso contra de Morales y decenas de sus exfuncionarios.
Luis Arce se ha convertido en el nuevo presidente de Bolivia apoyado en su reputación como ministro de Economía entre 2006 y 2016. Ahora su mayor desafío es intentar repetir el éxito de entonces en un escenario económico muy diferente y adverso. Durante los dos primeros trimestres, la economía boliviana se contrajo 10%, la peor recesión de la historia del país.
¿Cómo mantener entonces el modelo económico de décadas anteriores, basado en la bonanza exportadora del país para crear y mantener decenas de empresas estatales, redistribuir la riqueza mediante agresivas políticas sociales y salariales, y encarar grandes proyectos de infraestructura? Según Omar Yujra, integrante del grupo de asesores económicos de Arce, esto se logrará, primero, dejando de pagar la deuda externa por dos años, lo que significará un ahorro de 1.600 millones de dólares en capital e intereses. Además, se impondrá un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que redituará 400 millones de dólares cada año. “Será un impuesto para los multimillonarios, no para la gente de clase media. El 99,9% de los bolivianos no van a pagar este impuesto”, promete.
Con este impulso inicial, el Gobierno de Arce buscará apoyar a los tres sectores que más crean empleo: la manufactura, la agricultura y el turismo interno. Con ello espera resolver el problema más acuciante de este momento: la falta de fuentes de trabajo, en especial para los jóvenes. “Tendremos un enfoque neoproteccionista: fomento de la producción nacional con la mayor sustitución de importaciones posible”, dice Yujra.
El fantasma de la revancha
El otro gran problema de Arce será asegurar la gobernabilidad del país, tranquilizando a las clases medias que aplaudieron la caída de Evo Morales y la persecución al MAS, y que ahora temen una revancha de la izquierda. “La democracia ha dicho que se debe dirigir el país de forma concertada, escuchando, llegando a grandes acuerdos para sacar soluciones y salir de la crisis”, dijo el principal vocero del MAS, Sebastián Michel. “No hay tiempo para rencores y venganzas, hay que concertar salidas”, agregó.
Michel también aseguró que Arce no compartirá las decisiones presidenciales con nadie más. En ciertos sectores de la población existe el temor de que Evo Morales sea el presidente “en la sombra” y que, entonces, se pierdan las diferencias de estilo que distancian Arce del expresidente, como una actitud menos hostil hacia los adversarios.
Morales enfrenta 30 juicios e investigaciones, algunos por delitos políticos, como sedición y “terrorismo” (cuestionados por organizaciones de Derechos humanos), y otros por delitos ordinarios, como las dos causas por presunto estupro que le interpuso el Gobierno interno de Jeanine Añez. “Quiero que sepan, tengo 30 procesos, niguno es de corrupción, hacemos política no por la plata sino la patria. Todos los procesos se van a caer”, declaró Morales desde Buenos Aires, donde vive como refugiado político desde diciembre. Esta anticipación ha creado la impresión en Bolivia de que el MAS aprovechará su triunfo electoral para presionar sobre la Justicia, como ya hizo cuando fue Gobierno, y también hizo Añez durante el último año.
Los de Evo Morales no son los únicos juicios en los que Arce tendrá que lidiar. Existen cientos de procesos en contra de exministros y compañeros de partido. Además, siete altos cargos del MAS se hallan varados en la residencia del embajador de México en La Paz, porque Añez no quiso darles salvoconductos para que saliesen del país. Durante meses, el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hizo de la custodia de estas personas –entre las cuales se encuentra el “hombre fuerte” del Gobierno de Morales, Juan Ramón Quintana– un medio de complacer y movilizar a los sectores acomodados y ricos de La Paz. Devolver a Quintana y los demás a sus casas es algo que desean los masistas “de toda la vida”, pero que sería considerado un escándalo para buena parte de la sociedad.
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