El PSOE, Podemos y ERC han pactado una enmienda al proyecto de nueva ley educativa que elimina la referencia a que el castellano es lengua vehicular en toda España. El nuevo texto, que está previsto que se apruebe el jueves en la ponencia de la Lomloe (Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación) constituida en el Congreso, sustituye dicha definición, introducida hace siete años por el PP en la conocida como ley Wert, por una referencia a que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía, según han adelantado a este periódico fuentes parlamentarias.
La enmienda evitará la redacción original del proyecto elaborado por el Ministerio de Educación —”el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares”—, que desde la perspectiva de Esquerra y otros partidos nacionalistas contradecía los programas de inmersión lingüística. Y la cambiará por otra que resulta plenamente compatible con dichos programas, aunque sin llegar a blindarlos, ya que la última palabra en este terreno la tienen los tribunales, que llevan desde 2014, a raíz de una sentencia del Constitucional, exigiendo a la Generalitat de Cataluña que ofrezca a los alumnos cuyas familias así lo pidan al menos el 25% de horas semanales de clase en castellano.
El nuevo texto, para el que sus promotores confían en contar con el apoyo de otros partidos, si no en la presentación de la enmienda, como mínimo en la votación del jueves, establece que al finalizar la etapa de enseñanza obligatoria todo el alumnado deberá tener un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial que en su caso exista en su comunidad. Y señala que las Administraciones educativas autonómicas tienen el deber de controlar que los estudiantes alcanzan tales competencias lingüísticas y, en caso de detectar que en algún centro educativo no se está logrando, adoptar las medidas adecuadas para remediarlo.
Constitución
La nueva redacción evita así que la ley aborde cuál debe ser la definición docente de las lenguas en cada autonomía, algo que tampoco hacía la anterior norma educativa aprobada en 2006 por un Gobierno socialista, la LOE. Y se centra en subrayar cuál debe ser el resultado: que todos los alumnos tengan un buen dominio del castellano y, en su caso, de la otra lengua cooficial al terminar la educación básica. El artículo 3 de la Constitución (a la que apela la enmienda pactada) dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
La referencia expresa al castellano como lengua vehicular —contenida no solo en el proyecto de ley, sino también en la norma ahora en vigor, que fue aprobada por el PP, donde está expresada en los siguientes términos: “El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas”— generaba rechazo no solo en Esquerra Republicana, sino también en el resto de partidos nacionalistas, cuyos votos resultan necesarios para sacar adelante la reforma de la ley educativa una vez que el PP, Vox y Ciudadanos han manifestado su intención de no apoyarla.
Fuentes parlamentarias que han participado en la negociación de la enmienda afirman que el nuevo redactado trata de contribuir a tranquilizar el debate sobre el aprendizaje de las lenguas oficiales españolas enfocándolo a lo importante: que se dominen plenamente. Apuntan a que después de décadas utilizando el modelo de inmersión, los resultados de los alumnos catalanes en castellano se sitúan en la media de los que obtienen el resto de estudiantes españoles, y son mejores que los que logran los estudiantes de algunas autonomías sin lengua cooficial. Y sostienen que “la derecha usa la cuestión como arma política”.
El hecho de que la ley no recoja la definición del castellano como lengua vehicular no significa, en cualquier caso, que vayan a desaparecer los problemas ante la justicia de los programas de inmersión lingüística en los que el uso del castellano queda limitado en el horario escolar a una sola asignatura (la de Lengua Castellana).
En 2010, cuando la ley educativa no mencionaba nada al respecto, el Tribunal Constitucional se reafirmó (como había hecho en 1994) en que el castellano debía ser lengua vehicular en las escuelas catalanas. Desde ese año, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como el Supremo han dado la razón a varias familias que reclamaban que sus hijos recibieran más de una asignatura a la semana en castellano, sin que los jueces hayan dejado de reconocer por ello que el catalán puede ser el “centro de gravedad del sistema” educativo.
Después de la sentencia del Constitucional, los jueces indicaron en reiterados fallos desde entonces que la distribución concreta de las horas de clase en las dos lenguas cooficiales debía determinarla el Departamento de Educación de la Generalitat. Pero ante la inacción del mismo, el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) decidió en 2014, en respuesta a las reclamaciones de ocho familias, que para ver cumplida la condición de lengua vehicular el castellano debía utilizarse al menos en un 25% de las horas semanales de clase. Y que, además de la clase específica de Lengua Castellana, los hijos de los recurrentes debían recibir “cuando menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo”.
El fallo del TSJC fue confirmado en 2015 por el Supremo. Desde entonces, el Tribunal Superior de Cataluña ha ordenado en varios casos más a los centros garantizar dicho porcentaje de clases en castellano a los alumnos de las familias que así lo han reclamado.
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