La Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) investiga a la agencia europea de fronteras Frontex por sospechas de acoso, mala conducta y también por posibles devoluciones en caliente de migrantes. Las pesquisas de este organismo, que pone la lupa sobre casos de fraudes en el presupuesto comunitario, conductas corruptas y faltas graves en las instituciones de la Unión Europea, llevarían en marcha desde principios de diciembre pasado.
El cerco se estrecha de este modo un poco más sobre la agencia con sede en Varsovia y su director, el francés Fabrice Leggeri, cuestionados en los últimos meses tras la reconstrucción en distintos medios europeos de supuestas devoluciones ilegales desde Grecia a Turquía. La noticia fue adelantada ayer tarde por los medios EUobserver y Politico; este último citó hasta cuatro funcionarios anónimos que confirman el contenido de las pesquisas. Frontex ha confirmado a EL PAÍS las “visitas” de OLAF a la sede de su institución, pero sin detallar el objeto de la investigación.
Desde la publicación, en el mes de octubre, de presuntos retornos ilegales por parte de un grupo de medios europeos, entre los que destaca el alemán Der Spiegel, el Parlamento Europeo ha redoblado su presión sobre Leggeri. El grupo socialista de la Eurocámara ha llegado a solicitar su dimisión tras someterlo en diciembre a un extenso interrogatorio en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior. Durante la sesión, Leggeri aseguró que no tenía ninguna evidencia de que hubieran tenido lugar violaciones de la ley o del código de conducta por parte de agentes desplegados en la frontera entre Grecia y Turquía.
Frontex lanzó a finales de octubre una investigación interna para tratar de esclarecer los hechos denunciados, cuyas conclusiones están previstas para el 21 de enero. En noviembre, la Defensora del Pueblo Europeo también abrió una pesquisa para evaluar la eficacia y transparencia del mecanismo encargado de las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos. Asimismo, ante las crecientes dudas, la Comisión Europea exigió a la agencia en otoño que le detallara una relación de posibles incidentes susceptibles de ser calificados como retornos ilegales. Frontex respondió con un escrito, al que tuvo acceso este periódico, en el que se enumeraban más de 30 casos sospechosos ocurridos entre los meses de abril y noviembre de 2020 en las aguas del mar Egeo, todos ellos en el marco de la operación conjunta de vigilancia de Frontex con la guardia costera de Grecia.
El documento fue elaborado para su análisis en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la agencia, el órgano responsable de supervisar la labor de la dirección. Once de los episodios reseñados en el escrito contaban con algún tipo de evidencia sobre una posible devolución en caliente, incluidas imágenes de vídeo, y en lugar de esclarecer puntos de oscuridad parecían arrojar aún más sospechas sobre la gestión de Leggeri y la conducta de Frontex.
Al menos hasta diciembre, Ylva Johansson, la comisaria de Interior de la UE, seguía manteniendo su confianza en el director ejecutivo de Frontex. “No creo que deba renunciar”, aseguró en una entrevista con este diario. “Me tomo estas supuestas devoluciones en caliente muy en serio. Y creo que es muy importante que Frontex pueda aclarar lo que está haciendo y lo que no, y que investigue y pueda responder a todas las preguntas. Este proceso sigue su curso en el Consejo de Administración [de Frontex]”, añadió.
Las revelaciones de ayer amargaron el lanzamiento del primer vídeo con imágenes del uniforme oficial del nuevo cuerpo policial propio que Frontex comenzará a desplegar este año en las fronteras exteriores, un hito de la UE que crecerá hasta alcanzar los 10.000 efectivos.
Según un portavoz de la agencia de fronteras, “de acuerdo con su política de transparencia, Frontex está cooperando plenamente con la OLAF”. La institución explica a través de un email remitido a este diario que estas “visitas” de la oficina antifraude a las agencias, instituciones y entidades de la UE “son una práctica normal de buena gobernanza” y que “no implican necesariamente ninguna mala práctica. También pueden ser provocadas por la propia gestión de los organismos europeos”. Según el portavoz “la OLAF no permite a Frontex revelar más detalles para no obstaculizar su labor”.
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