De nada sirvió la sentencia de un juez federal de Indiana (en Estados Unidos), que el lunes por la noche había aplazado la ejecución de Lisa Montgomery, una mujer de 52 años condenada a muerte en 2007 por asesinar a una joven embarazada y quedarse con el bebé. Pocas horas después, y previa reversión del fallo por el Tribunal Supremo, la Administración de Donald Trump añadió una muesca más a su triste récord de ejecuciones de presos federales: 11 en menos de un año. A la 1.31 de la madrugada de este miércoles (hora local), la primera mujer ajusticiada en casi siete décadas en EE UU fue declarada muerta, tras recibir una inyección de pentobarbital en la prisión federal de Terre Haute, en el Estado de Indiana.
La ejecución de Montgomery es especial por muchos motivos. Era la única mujer en un corredor de la muerte federal -las mujeres representan solo el 2% de los condenados a muerte en las prisiones del país-, y la primera en ser ajusticiada desde que en 1953 dos internas corrieran la misma suerte, convictas una de secuestro y otra de espionaje. Pero lo que hace particular el caso de Montgomery es su condición de enferma mental diagnosticada, superviviente de abusos y torturas durante su infancia y adolescencia, y víctima de un brote psicótico en el momento del asesinato, según sus abogados. “Nuestra Constitución prohíbe la ejecución de una persona que no pueda comprender racionalmente su ejecución (…). La Administración actual lo sabe. Y la mataron de todos modos”, denunció su defensora Kelley Henry en una declaración difundida por los medios. “Todos los que participaron en la ejecución de Lisa Montgomery deberían sentir vergüenza”, añadió.
Inmersa en el mismo mundo de silencio y extrañamiento en el que ha vivido, Montgomery respondió con un simple “no” a la pregunta de su verdugo, también mujer, de si quería pronunciar sus últimas palabras. De su final fue testigo un grupo de periodistas en una celda contigua.
Cuando falta una semana para la toma de posesión de Joe Biden, que se ha manifestado contrario a la pena de muerte, quedan dos presos federales en el corredor de la muerte. Se trata de Corey Johnson y Dustin J. Higgs, cuyas ejecuciones están previstas respectivamente para este jueves y viernes. Un juez del distrito de Columbia suspendió este martes la aplicación de la condena, pero su fallo ha sido recurrido por el Gobierno federal. Está por ver si el Supremo, un tribunal ahormado a la medida de Trump, desestima igualmente el aplazamiento, como ha hecho con todos y cada uno de los 10 casos -11, contando el de Montgomery- anteriores, ejecutados por la Administración de Donald Trump.
La cifra de reos federales ajusticiados por la Administración de Trump en menos de un año supera la suma de los presos ejecutados por los Estados en ese periodo. El 1 de octubre pasado, había 2.494 presos en el corredor de la muerte de los 29 Estados que aplican la pena capital, según el Centro de Información de la Pena de Muerte (DPIC, en sus siglas inglesas). Al total hay que añadir otros 55 en prisiones federales, y cuatro más en militares. Desde 1998, cuando se impusieron 295 condenas, la cifra se ha reducido drásticamente año tras año, registrándose en 2020 el menor número de casos (18).
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