Una mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves un manifiesto en el que muestra su rechazo por la reforma legal exprés con la que los partidos socios de Gobierno, PSOE y Podemos, prevén limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando caduque su mandato. El escrito ha salido adelante con el voto a favor de 16 de los 21 miembros del pleno, los mismos que en diciembre suscribieron una declaración en la que reclamaban que el Poder Judicial fuera oído por el Congreso antes de aprobar la proposición de ley. La Mesa del Congreso rechazó esta petición, lo que precipitó la convocatoria del pleno extraordinario que se ha celebrado este jueves. El escrito aprobado considera que la decisión del Congreso “no respeta las exigencias del principio de separación de poderes”.
Entre los 16 vocales que han apoyado el texto se encuentra el bloque conservador al completo (11 vocales más el presidente Carlos Lesmes, todos propuestos en su día por el PP) y cuatro del ala progresista (Roser Bach, Mar Cabrejas, Enrique Lucas y Victoria Cinto). Los progresistas Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en contra y han anunciado la formulación de un voto particular discrepante.
Los firmantes de la declaración, muy dura con la actuación de los dos partidos socios de Gobierno, consideran que la tramitación urgente y sin consulta de la reforma que limita las funciones del Consejo vulnera los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea y rigen la actuación del Consejo de Europa para garantizar la independencia judicial. El rechazo, “sin ofrecer razón alguna”, por parte de la Mesa del Congreso a permitir que el Consejo se pronuncie sobre la reforma legal “preocupa especialmente” al pleno, señalan los vocales. “Y no, precisamente, porque entienda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación de la negativa a acceder a lo solicitado”, advierten. “Lo que verdaderamente importa a este pleno es que la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial”.
Los vocales sostienen también que la actuación de los socios de Gobierno “orilla” la opinión de las asociaciones y entidades representativas del mundo judicial, así como de las instituciones que tienen competencias en materia de justicia. “Por estos motivos, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones ―eliminándola durante la situación de prórroga del mandato― que el artículo 122 de la Constitución Española le reserva con carácter exclusivo para garantizar la independencia de jueces y magistrados, al no ser la decisión adoptada el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes”.
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