Google también repercutirá sobre sus clientes de Ads, su servicio de publicidad digital, una parte del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), conocido popularmente como tasa Google, que grava desde enero a las grandes tecnológicas con un 3% de los ingresos obtenidos por sus servicios digitales en España. A partir del 1 de mayo, la compañía de internet cobrará un recargo del 2% a todos sus clientes por los anuncios de Google Ads publicados en el país, según ha anunciado a los usuarios de este servicio este miércoles.
La empresa del buscador se suma así a Amazon España, que ya anunció en enero que trasladará el impuesto del 3% a las empresas que venden a través de su plataforma a partir del 1 de abril. En el caso de Google, solo aplica un recargo del 2%.
El recargo se aplicará a los anuncios servidos en España, independientemente del lugar en que el anunciante tenga su sede principal, es decir, que afectará tanto a las compañías españolas como a las del resto del mundo siempre que se anuncien en España. “Los impuestos sobre Determinados Servicios Digitales incrementan el coste de la publicidad digital, por lo que hemos informado a nuestros clientes que, a partir del 1 de mayo de 2021, añadiremos un recargo a las facturas relativas a los anuncios servidos en España. Este cargo adicional tiene por objeto cubrir parte de los costes asociados al cumplimiento de los Impuestos sobre Servicios Digitales en vigor en España”, han señalado fuentes de Google España.
No es la primera vez que Google decide aplicar un recargo en países en los que se establecen tasas adicionales por los servicios digitales. La multinacional americana ha establecido cargos adicionales en Reino Unido (un 2%), Austria (un 5%) o Turquía (un 5%) desde el 1 de noviembre de 2020.
“Continuaremos pagando todos los impuestos que nos corresponden tanto en España como en el resto de países en los que operamos y alentamos a los gobiernos a nivel global a llevar a cabo una reforma fiscal internacional en lugar de implementar impuestos unilaterales”, ha añadido Google.
La compañía ha vuelto a recalcar que es partidaria de una reforma fiscal internacional en el marco de la OCDE. “No creemos que un conjunto de impuestos unilaterales y específicos de cada país (sobre los ingresos en lugar de los beneficios) sea la mejor manera de avanzar”, agrega Google, que asegura que los impuestos deberían aplicarse “de manera equitativa a todas las industrias y países de origen”.
Google, que factura todo su negocio español en Irlanda, presta servicios comerciales de soporte a la matriz irlandesa y norteamericana a través de Google Spain. La filial ingresó de su matriz y único cliente 104 millones de euros en 2018 ―último ejercicio del que hay cuentas registradas― obtuvo un beneficio de 20 millones y pagó 6,8 millones en impuesto de sociedades, un 24% menos que el año anterior, aunque se estima que los ingresos totales por publicidad digital ascendieron a 900 millones.
Una tasa polémica
El Gobierno de coalición PSOE-Podemos siempre tuvo entre sus planes la aprobación de un impuesto digital, dirigido a modernizar el sistema fiscal y adaptarlo al auge de los negocios tecnológicos. Aunque la tasa Google española haya entrado en vigor el pasado 16 de enero, su primera liquidación ha sido aplazada al segundo trimestre de este año a causa de retrasos en los desarrollos normativos.
El nuevo tributo gravará los servicios de publicidad en línea, la intermediación online y la venta de datos generados gracias a información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Pero solo va dirigido a las grandes empresas: tendrán que abonarlo las compañías que tengan ingresos globales por encima de los 750 millones de euros y facturación en España de más de tres millones. Con este impuesto, el Gobierno prevé recaudar 968 millones de euros. Esta era la estimación que tenía a principios del año pasado, antes de que estallara la pandemia, y que no ha actualizado.
En paralelo, continúan las negociaciones en el seno de la OCDE para que vea la luz una tasa Google global. El organismo aceptó en 2017 el encargo del G20 de reformar las reglas de fiscalidad internacional ante un mundo en el que los datos se han convertido en una nueva materia prima de inestimable valor y en el que las tecnológicas establecen sus sedes principales en países de fiscalidad laxa. La OCDE se fijó el objetivo de tener listo un impuesto digital universal para 2020. Sus previsiones, sin embargo, no se han cumplido. A la complejidad de encontrar un equilibrio que pusiera de acuerdo a más de 130 Estados, se añadieron el año pasado el estallido de la pandemia y la decisión de la Administración estadounidense de Donald Trump de descolgarse de las negociaciones.
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca parece que los nubarrones se van despejando. EE UU es el país donde tienen sede las principales compañías tecnológicas, y un acuerdo que no contara con su presencia no tendría sentido. La nueva Administración demócrata ya se ha mostrado más propensa a que las negociaciones sobre la reforma tributaria internacional avancen, tal y como dejó caer la semana pasada la nueva secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en una reunión del G20.
El Gobierno español, por su parte, ha asegurado en más de una ocasión que cuando se alcance un acuerdo a escala global adaptará su impuesto a las nuevas reglas. Pero también ha dejado claro que, mientras tanto, no renunciará a gravar los negocios de las grandes tecnológicas a través de una tasa Google nacional, un camino que ya han adoptado otros países europeos. La OCDE espera tener un proyecto listo a mediados de este año. Si volviera a fracasar, Bruselas ha asegurado que tomará la iniciativa para poner en marcha un impuesto digital comunitario.
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