La Audiencia Nacional ha sumado un año y cuatro meses de cárcel a la pena de nueve meses que el rapero Pablo Hasél cumple en prisión por enaltecimiento del terrorismo. La decisión del tribunal llega tras declararlo insolvente por no tener medios para pagar la multa de casi 30.000 euros impuesta en sentencia. En un decreto, que puede ser recurrido, el servicio de ejecutorias del tribunal establece una nueva liquidación de la condena impuesta a Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las instituciones del Estado y le obliga a cumplir dos años y un mes de cárcel, en total, por la sentencia por la que está preso en el centro Ponent de Lleida.
Hasél, que acumula otras condenas y causas abiertas, ingresó en la cárcel el pasado 16 de febrero para cumplir una condena de nueve meses que le impuso en 2018 la Audiencia Nacional –y que fue ratificada por el Supremo– por enaltecimiento del terrorismo, al alabar a ETA y los Grapo en sus publicaciones de Twitter. El encarcelamiento del rapero desató una oleada de protestas en diversas ciudades de España, pero principalmente en Cataluña, que durante semanas han derivado en disturbios y enfrentamientos con la policía.
El rapero sigue sin pagar la pena de multa de 29.340 euros, sustituible por un año y cuatro meses de cárcel, que la Audiencia Nacional le impuso en la sentencia. Por ese motivo, el tribunal acordó el pasado 17 de febrero el embargo de los bienes del procesado, una gestión que ha resultado infructuosa porque carece de propiedades que puedan servir para pagar la multa, de manera que se le ha acabado declarando insolvente.
De esa forma, en la nueva liquidación de su condena, Hasél tendrá que cumplir entre rejas un año y cuatro meses más de cárcel, a no ser que en el futuro cuente con bienes que puedan ser embargados o haga frente al pago de la responsabilidad civil que se le reclama. Además de la sentencia que ha motivado su ingreso en prisión, Hasél cuenta con otra condena de dos años y medio por amenazar a un testigo de un juicio contra un guardia urbano de Lleida, que la Audiencia de Lleida confirmó hace apenas unas semanas. El rapero acumula otras condenas: la primera, de dos años de cárcel por enaltecer en sus canciones el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda y que es de 2014, quedó en suspenso por orden de la Audiencia Nacional. Suma dos penas más, firmes y dictadas en 2018, por allanamiento de local y resistencia y desobediencia a la autoridad, y otra pendiente de recurso por agredir a un cámara de TV3 que cubría un encierro de estudiantes en la Universidad de Lleida.
Las protestas que desataron en todo el país representaron durante semanas un frente abierto de conflicto entre los partidos del Gobierno de coalición. Unidas Podemos cuestionó en un primer momento la actuación policial durante los altercados violentos tras la detención del rapero y eludió condenar los disturbios. En cambio, el sector socialista rebatió que los altercados que provocaron destrozos y heridos tuvieran nada que ver con la libertad de expresión. Mientras, la oposición exigió dimisiones. Dos portavoces de la formación liderada por Pablo Iglesias en el Congreso, Pablo Echenique y Rafael Mayoral, fueron los más críticos y, hace una semana, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció estar dispuesta a investigar si Echenique cometió un delito de incitación a la violencia al apoyar mediante un tuit las movilizaciones contra el encarcelamiento del rapero. El Ministerio Público ha abierto diligencias a raíz de una denuncia de la Confederación Española de Policía (CEP), que considera que el tuit de Echenique “sirvió como elemento de refuerzo” para los autores de los altercados.
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