Luis Bárcenas —o “esa persona”, como repiten el expresidente Mariano Rajoy y la exministra María Dolores de Cospedal— abrió en canal al PP hace ya casi ocho años.
—La primera pregunta es si usted está en condiciones para prestar declaración en el día de hoy —le inquirió el 15 de julio de 2013 el juez Pablo Ruz, que había iniciado en la Audiencia Nacional una investigación sobre los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de ese año.
—Sí, estoy en condiciones —contestó contundente el ya para entonces extesorero popular.
Y tanto que lo estaba. A partir de ese momento, con su primera confesión sobre la caja b, Bárcenas abrió las compuertas a un tsunami del que el PP, en pleno 2021, aún trata de escapar. La última víctima la anunciaba Pablo Casado, actual líder del partido, el pasado 16 de febrero: abandonarán la sede de Génova 13, un edificio clave en el juicio sobre la contabilidad paralela que ha acabado esta semana. Una vista que se ha prolongado durante 27 sesiones a lo largo de más de tres meses y que “ha sido un verdadero regreso al pasado”, como admitió el abogado de los populares, Jesús Santos.
Desde el 8 de febrero, cuando comenzó el juicio, la dirección del PP ha tratado de obviar todo lo que ocurría entre las paredes del edificio que la Audiencia Nacional tiene en un polígono de San Fernando (Madrid). Pero resulta difícil escapar de un escenario por donde desfilan (aunque sea por videoconferencia) los más insignes exdirigentes del PP, incluido Rajoy y José María Aznar; y donde las acusaciones intentan destripar una contabilidad opaca que anidó en la formación 20 años, como ya dio por acreditada la sentencia de la trama principal de Gürtel, conocida como Época I. “Una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el 1989”, rubricó el tribunal en 2018.
Los contables. Los investigadores sitúan a dos hombres al frente de la caja b: al fallecido Álvaro Lapuerta, tesorero durante 15 años (1993-2008); y a Luis Bárcenas, que asumió el cargó en 2008 tras ejercer como gerente desde 1990. En palabras del fiscal Antonio Romeral, ambos “gestionaban”, “administraban”, y eran “responsables” de unos fondos que nunca se declararon a Hacienda. Los papeles de Bárcenas eran el reflejo: “Esos documentos son reales porque recogen, al menos en parte, información veraz de una realidad con trascendencia penal”, resumió el ministerio público en su alegato final.
El primer apunte se fecha en abril de 1990: una entrega de ocho millones de pesetas (48.000 euros) bajo el concepto “Saldo inicial (entrega R. N.)”. Según Bárcenas, esa anotación se corresponde con el momento en que heredan las cuentas del anterior tesorero, Rosendo Naseiro, que dejó el cargo asediado por la corrupción. En su declaración ante el tribunal, Bárcenas afirmó que fue Francisco Álvarez Cascos, entonces secretario general, quien ordenó sistematizar a través de esta contabilidad opaca las donaciones que recibía el partido y que, en muchas ocasiones, superaban los límites legales permitidos. Cascos lo negó, al igual que todos los componentes de las antiguas cúpulas del PP, a quienes apuntó el extesorero como conocedores de esta estructura.
De los casi 500 apuntes de los papeles de Bárcenas, los investigadores dieron por acreditados más de medio centenar: entre otros, entregas de dinero que reconocieron sus perceptores; cantidades extraídas para comprar acciones de Libertad Digital; y salidas de miles de euros que se ingresaron en las cuentas oficiales de la formación. “Los fondos que llegan en efectivo a la sede nacional se transforman en ingresos fraccionados en cuentas de donativos y de funcionamiento”, apuntó en la vista Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que otorga una enorme veracidad a los documentos del extesorero y a lo que reflejan. Otras anotaciones, como los sobresueldos a la cúpula del PP, nunca se han conseguido probar.
Ante tal contexto, ninguna de las partes perdió tiempo en el juicio en tratar de encontrar en la contabilidad oficial del PP los apuntes acreditados. Simplemente, no constan. Para la acusación, ese extremo constituye otra prueba más de la caja b. Sin embargo, el abogado de los populares, concentrado en circunscribir la responsabilidad de toda irregularidad en Bárcenas, afirmó que si algunas “transacciones legítimas” nunca se declararon fue por la “mala praxis” del extesorero, que “eludió los controles del partido y abusó de la confianza” que habían depositado en él.
Entregas probadas. Una cascada de testimonios representa el mayor golpe a la credibilidad del PP. Además de Bárcenas, otros cuatro ex altos cargos han admitido los pagos recogidos en los papeles: el exgerente Cristóbal Páez, que se sienta en el banquillo y que confesó que Bárcenas y Lapuerta le pagaron 12.000 euros en billetes que nunca reflejaron en su nómina; el exsenador Luis Fraga, sobrino del fundador del partido Manuel Fraga; y los exdiputados Eugenio Nasarre y Jaime Ignacio del Burgo. El exconsejero navarro Calixto Ayesa también lo reconoció en su día, pero murió antes del juicio. Y a ellos se suma un empresario, Santiago Lago Bornstein, que relató cómo participó en una aportación de diez millones de pesetas. “Frente a estos seis testigos, nos encontramos 34 que han negado las entregas y la existencia de una contabilidad opaca”, minimizó el abogado del PP.
Porque antes, los peritos caligráficos ya habían reforzado la tesis de las acusaciones. Los expertos concluyeron que la letra de los papeles de Bárcenas es del extesorero; que estos documentos no se elaboraron de una tirada, sino a lo largo del tiempo; y que se usaron varios útiles estilográficos para ello. Además, Jorge Trías, también exdiputado popular, incidió ante el tribunal en que pudo ver esa contabilidad paralela antes de que saliera a la luz. Y el cajero del PP constató que las hojas contables son “las que tenía el partido”. “Bárcenas merece toda la credibilidad”, destacó a los jueces Luis Fraga, que ocupó un escaño de senador durante 21 años: “Eso lo hace muy bien Luis Bárcenas… lo de hacer notas. Él era una persona con mentalidad contable. Era muy metódico. Esa es justo la palabra”.
El PP se lava las manos. Los presidentes y secretarios generales del PP de la época investigada, encargados de supervisar las cuentas y señalados por el cobro de sobresueldos, siguen clavados en 2013, cuando Rajoy afirmó: “Todo lo referido a mí y mis compañeros no es cierto, salvo alguna cosa”. Pese a la sentencia de Época I que ratificó la caja b, todos negaron ante el tribunal su existencia o saber de ella. “La caja b no existe. No hay nadie, ni una sola persona en el partido, que hablara de la caja b”, dijo Rajoy. “No he conocido ninguna contabilidad paralela en el PP. Solo he conocido la contabilidad oficial del PP que se remitía al Tribunal de Cuentas”, añadió Aznar.
Los exsecretarios generales no se movieron un ápice de esa línea. “El contenido de esos papeles, para mí no tiene ninguna significación”, dijo Álvarez Cascos. “Yo no recuerdo que el señor Bárcenas me hablara nunca de una caja b”, alegó Javier Arenas. “Yo no conozco la existencia de dinero b en el PP”, apostilló Ángel Acebes. “La contabilidad era de él, no del PP”, remachó Dolores de Cospedal.
La resignación de Bárcenas. El extesorero mantuvo en el juicio el contenido de sus confesiones y acusó a los exdirigentes del PP de “cobardes” por no reconocer que se “financiaron irregularmente”. También añadió algunas novedades que cayeron en saco roto (al menos, hasta ahora). El abogado del extesorero, Gustavo Galán, consiguió que el tribunal citara a declarar al periodista Francisco Mercado para que ratificara la existencia de un supuesto audio de Lapuerta donde confirmaba el pago de sobresueldos. El reportero, autor de la grabación, rehusó pronunciarse sobre ello y se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes.
El extesorero repite que no puede aportar más pruebas porque se enfrenta a un “déficit documental” fruto de la Operación Kitchen, la trama que se puso en marcha en el Ministerio del Interior para espiarle tras estallar el caso y que pretendía presuntamente arrebatarle material sensible para los dirigentes del PP. Aun así, antes de su declaración en este juicio, Bárcenas aseguró que “un amigo” le guardaba una caja de documentos inéditos sobre la contabilidad paralela que facilitaría al juez Santiago Pedraz, que mantiene abierta la investigación sobre las donaciones de empresarios a cambio de obra pública. De momento, esa caja no ha llegado a la Audiencia.
Los empresarios. Santiago Lago ha sido el único empresario que ha admitido en este juicio las entregas de dinero al PP. Pero en el juicio de Gürtel de Época I, el constructor Alfonso García Pozuelo ya confesó el pago de comisiones ilegales a la trama a cambio de que las Administraciones en manos de los populares le adjudicaran contratos. A ambos se añade Rafael Palencia, expresidente de la compañía de aguas Degremont, a quien se escucha contar en una grabación cómo pagaba mordidas a Lapuerta y Bárcenas. Ese audio, interceptado en la Operación Lezo sobre la corrupción en torno al expresidente madrileño Ignacio González (PP), se encuentra incorporado a la investigación de Pedraz.
La relación entre el PP y los empresarios era intensa. Alberto Recarte, expresidente de Libertad Digital, sí relató en el juicio que acudió al partido para que le ayudaran a buscar accionistas en su ampliación de capital. Se llegó a reunir con Aznar y Esperanza Aguirre en persona. Bárcenas las compró con dinero sacado de la caja b. Y Lapuerta también.
La insinuación. En su alegato final, el abogado del PP intentó vender la idea de que Bárcenas desveló en 2013 sus papeles para tapar el escándalo de su fortuna en el extranjero: “Qué casualidad que saliesen a la luz en el momento en que se tuvo conocimiento de la llegada a la Audiencia Nacional de las comisiones rogatorias de sus cuentas en Suiza”, dijo. Pero años antes ya se los había enseñado a compañeros de partido y a periodistas. El exdiputado del PP Jorge Trías contó que en 2011 le llegó a dejar una copia.
Arquitectos con una fortuna oculta en el extranjero. Cinco personas se han sentado en el banquillo en el juicio de la caja b. Por parte del PP, el extesorero Luis Bárcenas; y el exgerente Cristóbal Páez. Y por Unifica, la empresa de arquitectura que reformó la sede de Génova 13, sus dos socios (Gonzalo Urquijo y Belén García) y una empleada (Laura Montero, que saldrá indemne ya que se retiraron las imputaciones contra ella en la fase de conclusiones finales). El fiscal también llegó a presentar escrito de acusación contra Álvaro Lapuerta, pero falleció en 2018.
Pese a los numerosos apuntes de los papeles de Bárcenas, la vista oral se ha centrado en dos operaciones reflejadas en esos documentos que el juez instructor, la Fiscalía Anticorrupción, Hacienda y la UDEF consiguieron dar por acreditadas y que implicaban delitos aún no prescritos: el uso de dinero negro de la caja b del PP para el pago de 1,5 millones de euros a Unifica y la compra de acciones de Libertad Digital. En la sentencia de Época I, el Supremo ya dio por probado que Bárcenas adquirió acciones de esta empresa de comunicación y ahora, en este juicio, se aborda si cooperó con Lapuerta para que este hiciera lo mismo. Cosa que ha admitido.
En cambio, Urquijo y García no han reconocido nada. Los dos arquitectos, que ocultaban una fortuna en el extranjero que regularizaron en 2012, se enfrentan a una batería de indicios presentados en el juicio: según el fiscal, certificaciones y presupuestos “doblados”, facturas “ficticias” y correos electrónicos intervenidos donde se hablaba “de generar dinero b”. Anticorrupción y la Abogacía del Estado recalcan que esta compañía tenía también su propia caja b y solía funcionar en negro con otros clientes y proveedores.
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