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Bien sea por su naturaleza progresista, o porque la pandemia le ha empujado a ello, el Gobierno de España está dando pasos importantes para incrementar la cohesión social e impedir que siga creciendo la desigualdad.
Si el Ingreso Mínimo Vital estaba llamado a completar el mapa de protección social homologándonos con otros países europeos, la nueva propuesta de un complemento para las familias con hijos en situación de pobreza puede resultar un avance especialmente significativo, dado que, como es sabido, la pobreza infantil tiene el dudoso honor de tender a cronificarse, y parar en seco cualquier posible ascensor social.
Al mismo tiempo, se ha aprobado la primera ley educativa que reconoce los derechos de los niños y niñas como derechos fundamentales, y en la parte superior del sistema educativo, además, se pretende que haya mayor relación entre la Formación Profesional y la Universidad, dejando de ser dos caminos excluyentes.
Sin embargo, todos estos avances se están viendo enturbiados por la aplicación del principio de sospecha a quienes más urgentemente necesitan ayuda, es decir, a los pobres. Los problemas de ejecución del Ingreso Mínimo Vital, que llega apenas a un tercio de lo que el Gobierno preveía, están relacionados en buena medida con los requisitos de documentación a aportar para gestionar la prestación. Si cuando hacemos nuestra declaración de la renta no es necesario aportar documentación acreditativa, sino que a priori el Estado se fía y hace inspecciones a posteriori, ¿por qué se aplica el principio de sospecha con aquellos que necesitan las ayudas con mayor urgencia, exigiendo toda una serie de documentación con carácter previo a la concesión? El Ingreso Mínimo Vital, si es lento, deja de ser vital.
Algo similar está ocurriendo con 150 niños y niñas que el Gobierno de España se niega a escolarizar en Melilla alegando problemas documentales de las familias ante la sospecha de que esos menores puedan no residir en la ciudad autónoma, aspecto que niegan tanto las ONG que trabajan en la zona como el equipo jurídico que sigue el caso. Conviene recordar que el Estado tiene la obligación de escolarizar a todo niño o niña que resida en territorio español, independientemente de su situación legal, tal como ha recordado al Gobierno de España el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y tras 14 meses con la frontera cerrada, cuesta creer que esos menores, la mayoría nacidos en Melilla, no vivan en la ciudad. De forma legal o no —al parecer solo a algunos les han concedido el padrón—, pero está claro que ahí residen. Nuevamente, la oscura y larga sombra de la sospecha.
La lucha contra la desigualdad y el empuje del ascensor social con la educación como bandera no es sólo una cuestión de leyes. Se necesita cambiar el imaginario y dejar de proyectar, sistemáticamente, la sombra de la sospecha sobre quienes más apoyo necesitan. Si a alguien le parece que puede salir caro, que pruebe a no hacerlo.
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