El Gobierno obligará a las plataformas de series y películas como Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ o YouTube a partir de 2022 al pago de la tasa de RTVE de forma que a partir de ahora estas multinacionales deberán abonar el 1,5% de sus ingresos anuales en España para ayudar a financiar la televisión pública. Así consta en el proyecto de la nueva Ley Audiovisual que ha sido sometido de nuevo a audiencia pública, y que espera tramitarse en el Congreso de los Diputados primer trimestre del próximo año.
Atendiendo a las demandas tanto de las operadoras de telecomunicaciones como de las cadenas de televisión, que cargan ahora con esa tasa, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones dependiente del Ministerio de Economía ha incluido este punto en la nueva Ley Audiovisual considerando el criterio de país de origen a todos los prestadores audiovisuales que estén establecidos en España como los que estén en otros países de la UE, “siempre que ofrezcan sus servicios en España”.
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Además, y tal y como les prometió la ministra de Economía, Nadia Calviño, se elimina para las operadoras de telecomunicaciones la aportación directa del 0,9% para RTVE que les impuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace una década, y que suponía una doble tributación. Ahora se les exime de esa tasa directa como empresas de telecomunicaciones con la condición de que contribuyan al despliegue de las nuevas redes 5G de telefonía móvil. De esta forma, los operadores se ahorrarán entre 100 y 140 millones anuales. Asimismo, las compañías como Telefónica, Vodafone u Orange que poseen sus propias plataformas de televisión de pago mantendrán la obligación del pago de la tasa de RTVE como el resto de cadenas, cifrado en el citado 1,5% de sus ingresos audiovisuales.
Además, las operadoras deberán seguir pagando la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico, que se incrementa desde los 410 a los 480 millones anuales, una tasa que no pagan las cadenas de televisión aunque también usen el mismo espectro.
Nuevas fuentes de ingresos para RTVE
El nuevo anteproyecto de la Ley Audiovisual también flexibiliza las fuentes de ingresos propias de RTVE, permitiendo que comercialice ciertas formas de publicidad, como patrocinios o publicidad en sus canales internacionales y contenidos digitales. Se permitirá también la inserción de publicidad en los canales de RTVE en plataformas de intercambio de vídeos generados por usuario o funcionalidades digitales que permitan el acceso a sus contenidos con posterioridad a su emisión lineal.
El proyecto de ley ya contenía la obligación para las plataformas estadounidenses – “prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición” como se las define en el texto legal- la obligación de destinar un 5% de los ingresos generados en España a financiar cine y series europeos o, directamente, al Fondo de Protección de la Cinematografía del ICAA, una contribución que muchos fiscalista llaman tasa Netflix. Ahora se amplía esa obligación también a la financiación de RTVE.
El proyecto de ley tiene un hándicap adicional. Aunque obligué a pagar la tasa de RTVE y la de ayuda al cine europeo, deberá primero asegurarse que la nueva tasa sea efectiva porque se calcula sobre los ingresos. Y es que la mayor parte de las plataformas de vídeo bajo demanda estadounidenses que operan en España declaran solo un porcentaje mínimo de su facturación en el país, desviando el grueso de los ingresos a sociedades interpuestas radicadas en Estados con fiscalidad más favorable como los Países Bajos. En su primer ejercicio fiscal en España, en 2019, Netflix por ejemplo declaró unos ingresos conjuntos de unos 540.000 euros y terminó pagando apenas 3.146 euros de impuestos, pese a tener 4,5 millones de abonados en España.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones insisten en que para el cómputo de la nueva tasa se “tendrán en cuenta los ingresos reales, no las declaraciones fiscales” que puedan hacer cada una de estas plataformas. Pero el Ministerio de Economía no ha aclarado aún cómo hará para aflorar unos ingresos que el Ministerio de Hacienda ha sido incapaz de hacer visibles para el pago de impuestos.
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