El Senado de la República aprobó reformas a Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para establecer el sorteo como mecanismo de enajenación de bienes públicos. El decreto se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Pese al rechazo de la oposición, fueron aprobadas con 60 votos a favor y 41 en contra las reformas que permitirán que el gobierno federal utilice los sorteos para enajenar bienes nacionales que no puedan ser vendidos ni tengan utilidad para el servicio público, además de que generen gastos presupuestales.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado será el encargado de realizar la venta de los bienes por sorteo, de acuerdo con las modificaciones hechas al artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y a los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
La propuesta, que fue aprobada previamente por las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, fue enviada por la Cámara de Diputados y señala que el Estado se vería favorecido, al obtener por este mecanismo una ganancia incluso superior a la que se podría conseguir en las mejores condiciones de mercado.
✅ Con 60 votos a favor y 41 en contra, se reforma la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para establecer el sorteo como mecanismo de enajenación de bienes públicos.
— Senado de México (@senadomexicano) September 13, 2021
Los diputados argumentaron en su momento que mediante la enajenación se fortalecerá también a la Lotería Nacional, al hacer más atractivos sus sorteos con la inclusión distintos bienes que le sean transferidos o depositados para efectos de enajenación.
En la exposición de motivos se enuncia que en la actualidad “existe una gran dificultad para que la Federación enajene los bienes que han ingresado a su patrimonio y que por sus características especiales o condiciones generales no son susceptibles de ser aprovechados o utilizados por las dependencias y entidades de la administración pública federal”.
Menciona que los procedimientos de venta existentes se demoran demasiado y que el gobierno mantiene bienes que “están ociosos” y que “representan una carga al erario, por lo que se considera que este mecanismo es una medida más” para obtener recursos en beneficio de la sociedad.
Se trata de bienes que proceden principalmente de aseguramientos y decomisos efectuados por las autoridades federales; que se dan en pago para cubrir créditos en favor del gobierno, o bien, que son embargados por éste.
La senadora panista Xóchitl Gálvez dijo que votaría a favor solo si se someten a enajenación las veinte casas del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, y las siete de la exsecretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.
Además, pidió que el titular de la CFE se someta a una revisión de su evolución patrimonial para analizar sus ingresos.
Por su parte, el senador morenista César Cravioto aseguró que esta modificación legal es para que todos los bienes mal habidos se puedan rifar y pidió a Gálvez su voto como prometió.
Previamente señaló que la derecha votaría en contra del pueblo de México, ya que no quiere que se puedan rifar las grandes hectáreas “que se robó” el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
“Vuelven a decir que no está claro en qué se fue el recurso de la venta de los boletos de ese avión que compró Calderón con los recursos de los mexicanos, pero le quiero recomendar a la oposición que vea las mañaneras del presidente porque ahí se informa con detalle; porque ustedes solo se informan con Loret de Mola y él mocha toda la información importante”, señaló.