Dos peritos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fueron vinculados a proceso acusados del delito de obstaculizar la investigación del caso Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez vinculó a proceso a Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, como resultado del trabajo que realiza la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa,
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Ambos laboraban en la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR y, de acuerdo con las investigaciones, probablemente realizaron actividades en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En consecuencia, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba al juez de control especializado en el sistema penal acusatorio del Reclusorio Oriente, quien decidió que hay elementos suficientes para someter a proceso penal a las dos personas.
De acuerdo con el diario Reforma, los forenses no elaboraron un dictamen que debió incluirse en la averiguación previa, en su lugar presentaron ante un juez un dictamen privado que indicaba que dos restos óseos, que les imputan que habían perdido, eran en realidad restos óseos de aves, por lo que no fueron considerados como indicios.
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El peritaje se basaba en un video del 28 de octubre de 2014, durante una diligencia efectuada en la zona del río San Juan, donde se encontraron bolsas de plástico con restos de los normalistas.
Fuentes federales revelaron a Reforma que el juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. En este periodo los fiscales federales, así como los imputados, reunirán los datos de prueba que presentarán para un eventual juicio.
Tortura marca el caso Ayotzinapa
En diciembre de 2020 un grupo de investigadores independientes, a través de la plataforma de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, denunciaron que la PGR “encubrió torturas por mala praxis, falta de ética o simplemente por complicidad”.
En su reporte, se reveló que personal de Servicios Periciales “han incumplido grotescamente las normas de práctica leal en sus declaraciones juradas respecto de las personas que afirman haber sufrido torturas cuando estaban bajo custodia de funcionarios del gobierno”.
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“No puede ser que Servicios Periciales sea una coordinación perteneciente a la Fiscalía General de la República, cuando en casi el 100 por ciento de los casos es efectivamente esta Fiscalía la que hace acusaciones en contra de personas de manera falsa, no personas inocentes para fabricar culpables y además busca que estos se auto inculpen a través de la tortura”, declaró Valeria Moscoso Urzúa, integrante del grupo independiente que realizó la investigación.
Peritajes, en duda desde 2015
Sin embargo, desde septiembre de 2015, el equipo de investigaciones de Aristegui Noticias tuvo acceso a los “Dictámenes Periciales del Basurero de Cocula, Guerrero”, en los que se determinó que existieron fallas en los trabajos forenses.
“La recolección de evidencia, contiene errores de interpretación y, la falta de entendimiento de la dinámica de fuego y de la bibliografía en este campo invalidan las conclusiones del informe”, se expone en los dictámenes.
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En ese caso, se trató de Marcos Soto Villalobos y Moisés Moreno Gallegos, ambos identificados como “Peritos en Incendios y Explosiones”.
De acuerdo al Registro de Servidores Públicos, Marcos Soto Villalobos entró a PGR en diciembre de 1997; su primera declaración patrimonial pública es de 2002, donde se identifica como “Perito C”, pero fue hasta 2006 cuando recibió el título como Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En tanto, Moisés Moreno Gallegos también entró a PGR en diciembre de 1997. El funcionario tiene dos carreras profesionales truncas: siete semestres de Ingeniería Civil (IPN) y cuatro trimestres en Arquitectura (UAM).
En el reportaje “PGR tergiversó fuentes científicas de Ayotzinapa, revelan peritajes en Cocula”, Aristegui Noticias puso al descubierto que los funcionarios de PGR citaron incorrectamente estudios científicos para afirmar que el fuego alcanzó hasta mil 600 grados centígrados.
Sobre el peritaje de incendios, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que:
- Los peritos no respetaron las reglas internacionales de la comunidad forense especializada en fuego.
- Una de las fallas más graves es que se dejó de analizar evidencia crítica.
- El dictamen no tuvo los “objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para investigación de este tipo”.
- Las conclusiones son “en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y su posible interpretación”.
- Los peritos de PGR no tienen los conocimientos ni la experiencia necesaria para abordar un caso de esta complejidad.
Los expertos del GIEI solicitaron que el perfil profesional de los peritos de la PGR se adecue a la complejidad de los hechos: “la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de un nivel de formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema”.
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