La lucha contra el cambio climático obliga a sustituir cuanto antes los combustibles fósiles por energías limpias, pero la instalación de grandes proyectos eólicos y solares está soliviantando a muchos pueblos de la España vacía por su impacto en el paisaje, en la economía rural y en la biodiversidad. Este sábado, miles de personas —5.000 según la Delegación de Gobierno, 8.000 para los organizadores— procedentes de todo el país se han manifestado en Madrid para pedir una transición energética “hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo, rechazando el modelo centralizado de renovables a gran escala, sin planificación ni ordenación territorial y sin participación ciudadana”. La marcha, convocada por la Alianza Energía y Territorio (Aliente), ha congregado a más de 180 organizaciones ecologistas y sociales bajo el lema “Renovables sí, pero no así”.
El debate está abierto. Hay quien defiende ir más despacio con la planificación de los proyectos eólicos y fotovoltaicos para evitar que el rechazo social haga fracasar la transición energética, y quien opone que el cambio climático nos obliga a actuar con urgencia para instalar cuantas más renovables mejor. En cualquier caso, está claro que las megacentrales tienen un impacto sobre el entorno, y también que afectan a la biodiversidad, como mostraba una reciente carta de investigadores españoles en la revista Science. Todos estos temas cruzaban la protesta de este sábado.
“La transición energética basada en plantas a gran escala en el medio rural es un error, porque tiene un impacto ambiental terrible, y un impacto social sobre el medio rural, sus actividades económicas y su calidad de vida”, explicaba durante la marcha Luis Bolonio, portavoz de Aliente. En su opinión, “las renovables permiten democratizar la producción de energía y acercarla a los puntos de consumo, es decir, que la ciudadanía y las empresas pasen a ser productoras, escapen del oligopolio y abaraten la factura de la luz”. Por eso, defendía que hay que parar los proyectos en marcha para hacer una ordenación territorial. “Está demostrado en Europa que cuando la instalación de renovables se hace con ordenación del territorio, con participación ciudadana y con comunidades locales que son partícipes de los beneficios es mucho más eficaz y rápida”.
Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, asumía que esta paralización temporal podría suponer un problema. “Se corre un riesgo porque podemos tener una demonización de las renovables que nosotros no aprobamos. Pero también puede haber problemas si a base de facilitar las renovables nos cargamos espacios naturales protegidos y superficies agrícolas que necesitamos para la producción de alimentos”.
Mientras, los vecinos de muchos pueblos sienten que el nuevo modelo energético se está haciendo contra ellos. “La transición energética va contra los pueblos, con la connivencia de los ayuntamientos y sin acuerdo con los vecinos. Los megaproyectos echan a los agricultores y ganaderos y crean despoblación. Además, no tiene sentido luchar contra el cambio climático y a la vez cargarnos a los animales”, explicaba Javier Oquendo, de Castellote (Teruel). Como él, unos 500 turolenses se sumaron a la protesta frente a los centenares de macroproyectos en marcha.
Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, coincidía: “La transición energética debe hacerse respetando el patrimonio natural y cultural y creando desarrollo sobre el territorio que se asienta. Hoy hay una invasión de macrocentrales sobre el territorio. Suelos protegidos se convierten en uso industrial por la puerta de atrás. Hay que paralizar las agresiones a los paisajes protegidos”. A la manifestación han acudido también la secretaria de Horizonte Verde y Revitalización del Medio Rural de Podemos, Irene de Miguel, y el secretario general de Galicia en Común y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Antón Gómez Reino.
Vicente Serena y otros 40 residentes en Chiva (Valencia) también han protestado este sábado. “En nuestro pueblo pretenden instalar una planta fotovoltaica de 800 hectáreas que producirá más de 250 megawatios (MW)”, señalaba Serena. “Eso va a suponer un problema de impacto ambiental porque están junto a un paraje protegido, van a cortar árboles, y van a perjudicar a la agricultura tradicional y al futuro socioeconómico del pueblo, además de a la biodiversidad de la zona. No estamos en contra de las renovables pero sí de la ubicación escogida”, añadía.
Los casos se repiten por toda la geografía nacional. “En nuestro pueblo pretenden montar una central hidroeléctrica obsoleta que supondrá alterar la última cuenca que queda virgen en Canarias y destruirá mucha biodiversidad”, decía Mari Cruz Munguía, procedente de Arguineguín (Gran Canaria). Mientras, Elspeth MCFarlane contaba el caso de Salinas (Alicante): “Nuestra sierra está dentro de la Red Natura 200 y la pretenden rodear de 12.000 hectáreas de placas solares que van a destrozar el paisaje y hacer bajar el precio de las casas, porque nadie quiere vivir al lado de un macroparque solar”. Al final de la marcha, en la Puerta del Sol, han mostrado su apoyo a Aliente la bióloga Odile Rodríguez de la Fuente, el naturalista Joaquín Araújo y la experta en energía Margarita Mediavilla, entre otros.
El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, ha asegurado que es consciente de que incluso las tecnologías más limpias y sostenibles “tienen impactos visuales, acústicos y espaciales y requieren infraestructuras para llevar la energía desde donde se produce hasta donde se consume”, según Europa Press. Para mitigarlo, el ministerio ha destacado que trabaja en construir un modelo energético más distribuido y diversificado, promoviendo el autoconsumo o las comunidades energéticas locales. “Sin embargo, no podemos prescindir totalmente de los beneficios y eficiencias de los proyectos de mayor escala, que permiten aprovechar el recurso renovable donde es más abundante”, han apuntado fuentes ministeriales.
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