La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que deja en suspenso el impuesto de plusvalía (oficialmente denominado Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) supone un contratiempo para las arcas municipales. Mientras el Ministerio de Hacienda estudia alternativas para que el gravamen vuelva a estar operativo, el fallo ha abierto la posibilidad de reclamación de cantidades para aquellos ciudadanos o empresas que han practicado autoliquidaciones en los últimos cuatro años como resultado de haber vendido o haber recibido en herencia o donación un inmueble.
El impuesto de plusvalías es la segunda mayor fuente de ingresos para los consistorios, por detrás del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El análisis de los datos de 6.970 localidades de las que el Ministerio de Hacienda ofrece información detallada arroja como resultado que este tributo aportó en promedio un 11,5% de su recaudación fiscal, más de 2.600 millones en total, en el año 2019. Pero en algunos su aportación es mucho más significativa. Un caso extremo es Boadilla del Monte, una localidad al oeste de Madrid que tiene algo más de 50.000 habitantes. Hace dos ejercicios, su Ayuntamiento recaudó más de 38 millones de plusvalías, casi un 54% de todos los impuestos que cobró. Localidades más modestas en población y presupuesto municipal como Llaurí (Valencia) o Sojuela (La Rioja) le van a la zaga con porcentajes alrededor del 50%.
Pero el agujero económico también afectaría a las mayores ciudades españolas. Madrid, la que más recauda con más de 580 millones en 2019, percibe más de dos de cada 10 euros (un 21,1%) que ingresa de impuestos por esta figura. En Barcelona y Málaga la recaudación ronda el 17%, un punto más que en Zaragoza (16,2%). Entre las capitales con más de medio millón de habitantes, solo Valencia y Sevilla parecen un poco menos expuestas al agujero financiero que dejaría la desaparición del impuesto (un 9,3% de la recaudación tributaria total en el primer caso y un 10,9% en el segundo).
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