La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) aseguró este jueves que encontró “sólidos elementos de convicción” que apuntan a la tortura de 40 personas en Aguascalientes, entre 2010 y 2014, en la época en que gobernó el priista Carlos Lozano de la Torre.
El informe “Hasta perder el sentido”, dado a conocer esta mañana, recomienda al Congreso de la Unión que impulse la derogación de la figura del arraigo en la Constitución, así como eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, a la luz de las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
El documento explica que se analizaron los casos de 33 hombres y siete mujeres y que en 24 de los casos la conclusión de que estas personas fueron sometidas a tortura se basó en información de fuentes oficiales.
“En todos estos casos, las personas presentaron numerosas lesiones físicas o psicológicas, compatibles con afectaciones resultado de la tortura y que fueron corroboradas con 24 de los testimonios ofrecidos”, aseguró.
En los 16 casos restantes, el informe explica que se llevó a cabo un análisis de los testimonios a la luz de los estándares internacionales en la materia,” lo que permite afirmar que tienen un muy alto grado de concordancia con lo señalado en los otros 24 casos”.
“Los patrones en la comisión de la tortura, que incluye circunstancias de tiempo, lugar, modo y autoría, permiten afirmar que durante el periodo referido en Aguascalientes se habría llevado a cabo una práctica sistemática de la tortura y de otros malos tratos”, establece el reporte.
El informe concluye que las formas de tortura identificadas son consistentes con aquellas reportadas durante años por otros organismos internacionales en relación con México, tales como golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica.
En varios casos también se identificaron amenazas e incluso ataques en contra de familiares de las personas sobrevivientes.
En los 40 casos, la ONU-DH identificó un patrón consistente de violaciones de derechos humanos y modus operandi prácticamente uniforme.
– Detenciones arbitrarias de las personas;
– Traslados y puestas a disposición irregulares por parte de autoridades ministeriales;
– Tortura en instalaciones de la Procuraduría estatal, principalmente en las instalaciones de la Policía Ministerial, con el propósito de forzar a la persona a firmar documentos;
– Incomunicación de las personas;
– Uso del arraigo como medio para la continuación de la tortura y para obstaculizar su documentación;
– Uso de documentos firmados bajo tortura para la fabricación de declaraciones incriminatorias;
– Participación y/o complicidad de diversas estructuras al interior de la Procuraduría, particularmente de policías ministeriales, agentes del Ministerio Público, médicos adscritos a la institución y defensores públicos.
Los actos de tortura no fueron hechos aislados “sino resultado de una práctica sistemática de la Procuraduría estatal, conforme lo corroboran los patrones de temporalidad, ubicación, autoría y formas de comisión identificados”.
Menciona que existen razones fundadas para considerar que se trataría de actos de naturaleza organizada, “ordenados y planeados desde la Procuraduría estatal y ejecutados por funcionarios de dicha institución”. “En todas estas etapas habrían existido diversos tipo de vinculación de altos mandos de la institución”, apuntó.
Además, la ONU asegura que hasta el momento ninguna persona ha sido efectivamente procesada o sancionada por los actos de tortura, ni penal ni administrativamente.
El documento refiere que los hallazgos son el resultado de la aplicación de la metodología de la ONU para corroborar estas prácticas.
“Se procedió con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y confiabilidad de todas las fuentes y se verificó la información recopilada para confirmar su validez. Se solicitó el consentimiento informado de las fuentes a las que entrevistó y se tomaron todas las medidas para proteger su identidad y garantizar la confidencialidad, según procediera”, explica.
En ese sentido, se realizó una evaluación de la información, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y la legislación nacional.
La ONU recordó que la tortura es una violación grave a los derechos humanos que violenta la integridad física y mental de las personas, y puede provocar daños físicos y psicológicos irreversibles. Por este motivo, la prohibición de la tortura es absoluta en el derecho internacional y México forma parte de los tratados internacionales en la materia.
El informe contiene una serie de recomendaciones a instituciones estatales y federales. A la Fiscalía, recomienda que investigue los actos de tortura documentados, incluyendo su sistematicidad, y que determine las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios implicados.
Al gobierno de Aguascalientes llama a “promover e implementar las medidas necesarias para fortalecer la independencia y capacidades de las y los defensores públicos del Estado”, así como a revisar los antecedentes de los funcionarios públicos, para cesar a quienes estuvieron involucrados en prácticas de tortura.
A las autoridades federales y estatales recomienda adoptar medidas para garantizar que las detenciones se realicen conforme a la ley y sean debidamente asentadas en el Registro Nacional de Detenciones, así como capacitar a los médicos de las fiscalías y de los penales para que realicen los exámenes de las personas detenidas de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Estambul.
Source link