La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) negó que su presidenta, Nashieli Ramírez Hernández, y los visitadores de ese organismo hayan actuando de manera parcial o que estén cometiendo omisiones para atender la queja presentada por el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, contra la carpeta de investigación que lo imputa por diversos delitos por el desplome ocurrido en la Línea 12 del Metro en mayo del 2021, provocando la muerte de 26 personas; y defendió de forma tajante, el apoyo que se ha brindado a las familias de los heridos y fallecidos en esta tragedia.
Mediante un comunicado, el organismo autónomo aseguró que su presidenta, Nashieli Ramírez Hernández, no ha sido notificada de la denuncia penal presentada en su contra por el despacho del abogado Gabriel Regino, mismo que actuó a nombre de Horcasitas y de otro ex directivo del Proyecto Metro, identificado como Moisés Guerrero Ponce, imputados ambos por el desplome sufrido en un tramo de la Línea 12 del Metro; pero negó que su titular haya incurrido en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades que le quiere atribuir la parte demandante.
La CDHCM también rechazó que ese organismo esté actuando de forma parcial al analizar este asunto, destacando que la atención prioritaria otorgada a las víctimas es parte de sus obligaciones y aclaró que la determinación de dar por concluida la queja presentada por Horcasitas obedece al cambio de situación jurídica dentro de la causa penal correspondiente.
La Comisión local de Derechos Humanos explicó que tuvo conocimiento de la denuncia debido a conversaciones y capturas de pantalla de grupos de Whats App en los que participan reporteros y servidores públicos, destacando que se quiere acusar de manera indebida a Nashieli Ramírez del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, establecido en el Artículo 267, fracción I, inciso i, del Código Penal para el Distrito Federal.
El organismo autónomo agregó que más allá de los errores contenidos en la denuncia, entre ellos, el número del expediente relativo a esta queja, la Comisión atendió este caso de manera diligente y de conformidad con el marco legal, por lo que se hicieron diversas diligencias y peticiones de información a la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México.
Por lo anterior, los expedientes se integraron por seis escritos enviados por las personas peticionarias; nueve solicitudes de colaboración e información enviadas a las autoridades involucradas y siete entrevistas realizadas con los abogados o representantes legales de Enrique Horcasitas y otros quejosos.
Para la Comisión, derivado de estas diligencias, incluyendo la presencia de personal del organismo autónomo en las tres audiencias del caso que se han celebrado, se llegó a la conclusión de que el motivo de la queja contra la Fiscalía, definida por los propios afectados como la falta de acceso a los registros de la carpeta de investigación, obedeció en su momento a que los ex servidores públicos no habían sido imputados de manera formal, por lo que era válida la determinación del Ministerio Público local de negarles una copia de la citada carpeta.
Además, para la CDHCM con la realización de las audiencias de imputación contra los quejosos, la defensa del ex director del Proyecto Metro finalmente tuvo acceso a todos los registros de la carpeta de investigación, por lo que fue en ese momento que cambió la situación jurídica de los ahora imputados y se tuvo que dar por concluido el citado expediente de queja.
Así, la Comisión señala que desde el pasado 8 de junio, fue notificado al abogado Gabriel Regino en su calidad de representante legal de Horcasitas y Guerrero de la conclusión del expediente, sin que la parte inconforme haya impugnado dicha determinación antes de promover la denuncia penal.
Por lo anterior, el organismo que dirige Nashieli Ramírez acusó al despacho Regino Abogados de montar “una estrategia de defensa penal, que busca dirimir el conflicto (jurídico) utilizando a los medios de comunicación como vehículo”.
“La CDHCM aclara que en el caso particular las víctimas de la Línea 12 ya han sido reconocidas como víctimas dada la gravedad del hecho victimizante evidente y eso implica que, de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, son un grupo de atención prioritaria. En el caso de las personas imputadas por el Ministerio Público, son parte de un proceso en que todavía no se determina su responsabilidad penal y cuyos recursos de defensa han sido presentados en las instancias correspondientes”, concluyó el organismo.
Por último, la Comisión dijo que estará atenta a que se les notifique de las actuaciones de la Fiscalía sobre esta denuncia, para poder respuesta puntual a cada uno de los señalamientos.
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