El sindicato Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) llamó este viernes a las autoridades competentes a remediar la presunta ilegalidad en la que opera la empresa Uber en México.
Lo anterior surgió luego de que el diario The Guardian publicara el pasado lunes 11 de julio una nota que revela más de 124 mil documentos, fechados entre 2013 y 2017, los cuales exponen la “presión que ejerció Uber a mandatarios de gran posición de poder” para que ayudaran a que el gigante tecnológico se pudiera posicionar y desempeñar en diversos países sin restricción alguna.
De acuerdo con un comunicado de UNTA, el título que publicó The Guardian (“Uber violó las leyes, engañó a la policía y presionó en secreto a los gobiernos, revela una filtración”) se dejan ver las artimañas ilegales, corruptas y desleales que utilizó la empresa para posicionarse y crecer en diversos países hasta el punto de llegar a ser una de las empresas de tecnología más importantes del mundo.
Asimismo, alega que los mandatarios persuadidos por Uber sabían que la actividad de esta empresa es —como reconocería Nairi Hourdajian, jefa de comunicaciones globales de Uber—“jodidamente ilegal”.
Esta situación de ilegalidad con la que la empresa se maneja y opera afecta principalmente a sus trabajadores, pues, en un primer momento, estos no reconocen la relación laboral que mantienen con sus conductores y los hacen pasar por “socios”, artilugio utilizado para evitar dar todos los derechos y prestaciones que cualquier trabajador merece por derecho. Es decir, estos no cuentan con un salario mínimo ni ningún tipo de seguridad social o prestación. Están en un estado de precariedad total, señala el documento.
Por ello, la UNTA manifestó que las personas más afectadas por las formas en que operan este tipo de empresas son los mismos trabajadores.
“Queremos expresar nuestra preocupación e incertidumbre por cómo fue que estas empresas se posicionaron y operaron en nuestro país, violando leyes fiscales y laborales”.
La UNTA exigió esclarecer la forma y los términos con que estas empresas comenzaron a operar en México, qué tipo de relación tenían las autoridades gubernamentales de ese entonces (en la apertura de estas empresas en nuestro país) con las empresas y quiénes y por qué les permitieron operar de esa manera. También el esclarecimiento de la relación que las autoridades actuales tienen con estas empresas.
De la misma manera, llamó a las autoridades competentes a poner un alto al modelo económico que implementan. Donde además de evadir impuestos, ya sea en paraísos fiscales o transfiriéndole éstos a sus trabajadores —precarizándolos aún más—, no muestran ningún respeto por las leyes del país.
La única situación real para terminar con esta modalidad de ilegalidad con la que operan estas empresas es obligándolas a cumplir la ley de nuestro país, indica UNTA en su comunicado, y así ponerle fin al modelo económico con el que practican. También es necesario una reforma de ley laboral donde se reconozca la relación de trabajo subordinada que estas empresas tienen con sus trabajadores y, con esto, se hagan efectivos todos los derechos y prestaciones que por ley les corresponde.
Es necesario que, en particular, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumpla con su función constitucional que es atender la desigualdad en que se encuentran los trabajadores frente a las empresas; de modo que, su obligación es estar del lado del trabajador para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Del mismo modo, no deben dejarse influir ni sostener relaciones de complicidad con los ejecutivos de estas empresas, tal como lo muestran los diversos archivos filtrados.
Sin más por el momento, la UNTA seguirá trabajando por mejorar las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras por aplicación, finaliza el comunicado.
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