Ningún presidente de Estados Unidos ha sido acusado de delitos tras dejar el cargo. Richard Nixon tenía todas las papeletas por el caso Watergate, de cuyo estallido se acaban de cumplir 50 años, pero Gerald Ford, su sucesor, le indultó preventivamente, en una impopular decisión que contriboyó a que perdiese las elecciones de 1976 contra Jimmy Carter. Ahora, el cerco judicial se estrecha contra Donald Trump. Los indicios contra él son abundantes. Un atestado o afidávit de 38 páginas ha servido para justificar una orden de registro de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach. El juez lo ha publicado este viernes junto a otros documentos con 599 líneas tachadas. La información que desvela y, sobre todo, la que oculta, amenazan con llevar al expresidente ante un tribunal por varios posibles delitos.
La tarde del 8 de agosto, cuando Trump desveló que su mansión estaba siendo registrada por el FBI, comparó disparatadamente esa entrada con el asalto a las oficinas demócratas del Watergate. Otro 8 de agosto a esa misma hora, pero de hace 48 años, Nixon ultimaba el discurso con el que anunció su dimisión tras verse acorralado.
La resistencia de Nixon a facilitar los documentos y las grabaciones de las conversaciones que le incriminaban fue precisamente lo que dio lugar después a la aprobación de la ley de registros presidenciales de 1978, que declara de propiedad pública todos los documentos, informes, fotografías, notas y demás registros que el presidente maneja en el ejercicio de su cargo; le obliga a conservarlos y custodiarlos y entregarlos a los Archivos Nacionales al cesar.
Trump nunca hizo demasiado caso a esa norma, que está en el origen de este caso. Durante su presidencia se cuenta que rasgaba papeles que sus colaboradores iban recogiendo y recomponiendo con cinta adhesiva. También se ha publicado que tiraba al retrete de la Casa Blanca algunas de sus notas para deshacerse de ellas. Cuando Trump cesó en enero de 2021 en una tormentosa transición de poderes, se llevó a su mansión de Mar-a-Lago decenas de cajas con documentos presidenciales.
Eso dio lugar a un tira y afloja con la Administración Nacional de Archivos y Registros (la NARA o los Archivos Nacionales), que le pidió que entregase esos documentos ya en mayo de 2021, según el atestado. Un expresidente que se saltaba la ley a la torera constituía una situación embarazosa, pero en sí misma la ley de registros presidenciales no es una norma penal, incumplirla como tal no es un delito y la NARA tuvo que armarse de paciencia para reclamar lo que pertenecía. Los Archivos Nacionales advertieron de que alertarían al Congreso o al Departamento de Justicia de la situación y Trump accedió finalmente a entregar 15 cajas, que fueron recibidas por los Archivos el 18 de enero de este año.
Documentos clasificados
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Los Archivos confirmaron a principios de año a través de un comunicado que entre la documentación devuelta se incluían papeles que habían sido rasgados por el expresidente, de los que algunos estaban pegados y de otros solo quedaban pedazos. La sorpresa fue que, al examinar esas cajas, había “un montón de documentos clasificados”, algunos sin carpeta y mezclados con otros documentos, según comunicó al Departamento de Justicia el 9 de febrero pasado. La NARA también informó en una carta al Congreso que había identificado información clasificada de seguridad nacional en las cajas. El comité de acción política de Trump contestó que los Archivos no habían “encontrado” nada, que simplemente habían recibido lo que habían pedido en un proceso que calificó de “ordinario y rutinario”.
La Oficina Federal de Investigación (el FBI) analizó las cajas con detalle entre el 16 y el 18 de mayo pasados. En ellas había 184 documentos clasificados, de ellos 67 marcados como confidenciales; 92, como secretos, y 25 como alto secreto, incluidos algunos con señales adicionales que indicaban contenido muy restringido o información sobre fuentes clandestinas de inteligencia, según ha revelado ahora el atestado.
El FBI investigó y llegó a la conclusión de que Trump no había entregado todos los documentos. Los detalles de esa investigación están tachados en el atestado, pero sí se menciona que incluyen un “significativo número de testigos civiles”. También hubo vigilancia sobre el terreno y un requerimiento para hacerse con las grabaciones de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago. Eso llevó primero a un requerimiento para que Trump entregase todos los documentos que aún tenía en su poder, pero al ser desatendido, el FBI decidió solicitar el registro de Mar-a-Lago.
“Existe causa probable para creer que otros documentos que contienen Información de Defensa Nacional clasificada o que son documentos presidenciales sujetos a requisitos de retención de registros permanecen actualmente en las instalaciones. También hay causa probable para creer que se encontrarán pruebas de obstrucción”, decía el agente especial del FBI que firmó el afidávit para solicitar la orden de registro.
Agentes del servicio secreto, en Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump en Florida, al día siguiente del registro.Damon Higgins (AP)
La orden de registro y el inventario de bienes incautados, publicados hace dos semanas, desvelaron que se investiga a Trump por tres posibles delitos: obstrucción a la justicia, ocultación, remoción o mutilación dolosa de documentos públicos y violaciones de la ley de espionaje, aparentemente por la retención de documentos de seguridad nacional. Son delitos castigados con multa o penas de cárcel. En el registro incautaron 11 juegos de documentos confidenciales. Un juego de ellos está clasificado como “alto secreto/información compartimentada sensible”; otras cuatro series son de documentos considerados “alto secreto”, tres juegos son de documentos secretos y otros, tres, confidenciales. La lista no ofrecía detalles de qué materias trataban esos documentos clasificados.
Los tachones del afidávit se corresponden con cinco tipos de información. Lo primero, “proteger la seguridad de múltiples testigos civiles”, dice un documento del Departamento de Justicia que explica las razones para ocultar partes del documento. “Si las identidades de los testigos quedan expuestas, podrían ser objeto de perjuicios como represalias, intimidación o acoso, e incluso amenazas a su seguridad física. Como el Tribunal ya ha apreciado, estas preocupaciones no son hipotéticas en este caso”, argumenta.
En segundo lugar, preservar el caso: “El afidávit está repleto de detalles adicionales que proporcionarían una hoja de ruta para cualquiera que pretenda obstruir la investigación”. Una frase preocupante para Trump. En tercer y cuarto lugar, información sobre el gran jurado y sobre los agentes que investigan el caso. Y, por último, información sobre terceros “que podría perjudicar los intereses de intimidad y reputación de estas personas si se divulgan”. El documento pone ejemplos, pero están también tachados.
Trump sostiene que todo se trata de una “caza de brujas”, una acción de “piratas y matones” con fines políticos. Junto a sus abogados, ha disparado en todas direcciones para defenderse. Por un lado, dijo que se llevó los documentos “sin saberlo”. Por otro, sugirió que le estaban “plantando” pruebas. Luego argumentó que su antecesor, Barack Obama, tenía en su poder millones de documentos de su presidencia en Chicago, lo que motivó un contundente desmentido de los Archivos Nacionales. Sus abogados también han dicho que la ley de registros presidenciales no es de carácter penal y, por tanto, no recoge delitos que puedan justificar un registro. Eso es cierto, pero los delitos que se investigan no corresponden a esa ley.
Las burlas de Biden
En diferente grado, han intentado otra línea de defensa poco sólida. Sus abogados señalaron en una carta que el presidente tenía poder para desclasificar cualquier documento (sin afirmar que los hubiera desclasificado). Trump luego dijo en su red social que “está todo desclasificado”, sin aportar justificación alguna de ello, en lo que parecía una justificación sobrevenida. El presidente Biden, que hasta ahora ha intentado no opinar sobre el asunto, no pudo contenerse este viernes y se burló de esa excusa, parafraseando a Trump: “Bueno, solo quiero que se sepa que lo he desclasificado todo en el mundo. Soy el presidente y puedo hacerlo…’ Venga ya. ¿Todo desclasificado?”, dijo a preguntas de los periodistas.
Sede del tribunal del sur de Florida, en West Palm Beach, que lleva el caso de los papeles de Trump.
CHANDAN KHANNA (AFP)
No solo la defensa resulta poco creíble, habiendo tanta información de alto secreto, sino que no le libraría del delito. En una nota al pie de la página 22 del atestado, el agente federal del FBI resalta que la ley de espionaje no se refiere a documentos clasificados sino a “información relativa a la defensa nacional”. Y lo que es peor, si Trump dice que había desclasificado los documentos, es un reconocimiento implícito de que sabía que los tenía, lo que debilita la línea de defensa de que no era consciente de ello. De hecho, en una solicitud ante otra juez de Florida a la que los abogados de Trump pidieron este viernes que tomase cartas en el asunto, se vuelve a decir que Trump tenía el poder para desclasificar los documentos, pero evitan decir que lo haya hecho.
En ese escrito, los abogados de Trump se quejan de que la versión publicada “no proporciona casi ninguna información que permita al demandante entender por qué tuvo lugar el registro o qué se llevaron de su casa”. “Las pocas líneas que están sin tachar plantean más preguntas que respuestas”, añaden.
Una pregunta sin respuesta es por qué Trump se ha resistido una y otra vez a entregar los documentos. Aun admitiendo que se los llevara sin darse cuenta, no se entiende por qué los retuvo tras meses de peticiones y requerimientos, poniéndose en una situación tan comprometida. Tampoco se sabe si las sospechas de obstrucción a la justicia, el delito con mayor pena de los que se investigan, se basan solo en esa resistencia o hay pruebas adicionales al respecto.
Pero la gran pregunta, en este momento, es si el fiscal general, Merrick Garland, dará el paso de presentar cargos contra Trump. Garland, en su única comparecencia sobre el caso, ya dijo que decisiones como la del registro “no se toman a la ligera”. Pero aunque los indicios de delito parecen sólidos, presentar cargos es un paso cualitativo diferente y aún más explosivo que el que ya ha polarizado aún más el país y azuzado una preocupante retórica guerracivilista. Trump puede incluso capitalizar políticamente la acusación, presentándose como mártir, para las presidenciales de 2024, lo que añade más complejidad al asunto. Y el riesgo de intentos de revancha en futuras transiciones de poder tampoco es despreciable.
Alan Dershowitz, antiguo abogado de Trump, señaló este viernes en la cadena conservadora Fox que “hay suficientes pruebas para acusar a Trump”. “Pero, en mi opinión, Trump no será acusado porque las pruebas no pasan lo que yo llamo los estándares Nixon-Clinton”, añadió el hoy profesor emérito de Derecho de Harvard, en referencia a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el uso de una cuenta de correo electrónico personal en sus funciones. “El estándar Nixon es que el caso tiene que ser tan abrumadoramente sólido que incluso los republicanos lo apoyen. Y el estándar de Clinton es, ¿por qué este caso es más grave que el de Clinton, en el que no hubo un proceso penal?”. Dershowitz matizó que esa opinión se basa en la que se ha conocido hasta ahora: “Una vez que no esté tachado, tal vez tengamos que cambiar de opinión”.
En paralelo, entre los múltiples frentes judiciales de Trump, el Departamento de Justicia investiga su responsabilidad en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y en sus presiones para subvertir el resultado electoral tras las elecciones de noviembre de 2020, particularmente en Georgia, donde el caso avanza con indicios más sólidos. El tiempo aclarará si el futuro judicial de Trump es tan negro como los tachones del afidávit.
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