El oficialismo no afloja la presión sobre el poder judicial. Este miércoles, los 19 gobernadores de Morena han mandado un comunicado conjunto para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mantenga la prisión preventiva oficiosa. Los mandatarios estatales salen así en ayuda de la agenda del presidente, quien lleva semanas empujando a favor de esta polémica medida cautelar. “Estamos convencidos de que la figura de la prisión preventiva oficiosa debe prevalecer”, se lee resaltado en el documento. Esta semana, el máximo tribunal mexicano ha discutido un proyecto que pide eliminarla e inaplicar el artículo 19 de la Constitución donde está recogida. Los 11 ministros del pleno tomarán mañana su decisión final.
La discusión sobre esta medida ha trascendido el debate jurídico y se ha convertido en un tema central de las últimas mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario ha insistido desde su tribuna en que la prisión preventiva oficiosa es necesaria para mantener la seguridad del país. Sus argumentos han recibido respuesta en la Suprema Corte, en especial por el presidente del tribunal, Arturo Zaldívar. En medio de este pulso, los gobernadores morenistas han salido ahora a apuntalar la postura del líder, como ha ocurrido con otros temas polémicos como el traspaso de la Guardia Nacional al mando militar. Morena tiene bajo sus siglas la mayoría de los Estados de la República.
Desde Veracruz a Sonora, los mandatarios han replicado los argumentos de López Obrador para defender este instrumento judicial. “En el combate a la impunidad, la medida de prisión preventiva oficiosa ha sido fundamental para que los delincuentes no se den a la fuga ni prosigan en la comisión de delitos”, dice el comunicado, “el dilema no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva, sino cómo garantizamos la justicia a la víctima”.
Las gobernadoras, los gobernadores y la jefa de gobierno abajo firmantes exhortamos a la SCJN a respetar la Constitución, no tienen la facultad para modificarla y por lo tanto el artículo 19 de la Carta Magna debe prevalecer en sus términos. pic.twitter.com/GXxz3LhDeD
— Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) September 7, 2022
En México hay más de 92.000 personas en prisión preventiva, es decir, sin una condena. Aunque la Constitución marca que solo se puede estar un máximo de dos años en esas condiciones, la realidad es que la saturación de Fiscalías y tribunales obliga a alargar los procesos judiciales durante años mientras la persona espera entre rejas a ser condenada o liberada. “Cuatro de cada 10 personas en prisión no cuentan con una condena que les hubiera permitido defenderse. Esta cifra me parece alarmante”, expuso el lunes el ministro de la SCJN Luis María Aguilar, quien ha presentado uno de los proyectos discutidos. “El uso indiscriminado de esta figura es uno de los principales problemas en el respeto de los derechos humanos de la región. Se ocasionan efectos nocivos que no deberían ser permitidos por un Estado democrático”, apuntaba el legislador.
Tanto Aguilar como otros ministros han hecho hincapié durante las sesiones en explicar que en el país conviven dos tipos de prisión preventiva: la justificada —que es la que dicta el juez cuando hay riesgo de fuga del acusado o de que entorpezcan el proceso penal— y la oficiosa, que es la que está siendo discutida. Esta se aplica de forma automática en 16 delitos, que van desde el feminicidio hasta el robo a casa habitación. El Gobierno de López Obrador amplió este catálogo de cargos en 2019 para incluir los delitos fiscales o el huachicoleo. Una ampliación que ha sido esta semana muy criticada en el alto tribunal mexicano.
En línea con los argumentos del presidente, los gobernadores han señalado que la Suprema Corte no tiene facultad para modificar el artículo donde está recogida la prisión preventiva oficiosa. “Hacemos un respetuoso llamado a las ministras y ministros de la SCJN a respetar la división de poderes, observar estrictamente el texto constitucional, así como los procedimientos que la ley prevé para modificarla”, se lee en el documento.
El presidente de la Corte ya contestó ayer a ese mismo embate, que había realizado en la mañana López Obrador. “Ni nos estamos arrogando facultades que no tenemos, ni estamos siendo constituyentes, ni estamos alterando la división de poderes, estamos cumpliendo nuestra función constitucional”, dijo Zaldívar durante el pleno.
La facultad de la Corte para modificar la Carta Magna ha sido una de las cuestiones más debatidas. Según consta en sus propios términos, la Constitución solo puede ser reformada por el Congreso —donde Morena cuenta con mayoría—. Sin embargo, Zaldívar defiende su competencia porque es función de la SCJN tratar de “armonizar” cuando hay controversia entre sus artículos. El jurista argumenta que hay un conflicto entre el artículo 19 —que recoge la prisión preventiva oficiosa— y el primer artículo de la Constitución —que defiende los derechos humanos—.
“Nuestra Constitución es producto de una democracia plural y de un devenir histórico, por eso, es inevitable que a veces haya normas que resulten contradictorias y cuando esto sucede los jueces constitucionales nos veremos en la ineludible tarea de decidir cuál de ellas debe prevalecer”, ha explicado, “esto no es usurpar facultades de nadie, es simplemente interpretar. Esto no quiere decir que los tribunales podamos decidir qué es Constitución a nuestro libre arbitrio o que podamos dejar de aplicar un artículo de la Constitución, simplemente, porque nos apetece”.
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