Aplausos, carteles de bienvenida, vítores y una sala atiborrada de partidarios que bebían cada palabra de un discurso cuajado de supuestos agravios. El sitio era Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida. El momento, el primer acto —un mitin— del expresidente de Estados Unidos tras comparecer ante un juez para responder ante 34 acusaciones de falsificación de documentos corporativos. El Trump candidato electoral ha optado por una estrategia que de momento parece darle réditos: presentarse como víctima de una persecución política que se extiende hasta los juzgados. Pero el Trump imputado puede encontrar que esa apuesta se le complica: otras investigaciones abiertas —como la de los papeles confidenciales que se llevó de la Casa Blanca a su mansión de Florida— avanzan discretamente y pueden presentar cargos muy fundados contra él antes de que comiencen las primarias republicanas.
Aunque Trump saque pecho ahora, las cosas pueden cambiar. El candidato a regresar a la Casa Blanca tiene pendientes varias investigaciones penales y causas civiles. Algunas de ellas, con base legal más firme que el caso de Nueva York, a juicio de los expertos, que apuntan que el resultado puede depender de cómo se interpreten las leyes.
Algunas de esas investigaciones pendientes han avanzado de manera sustancial en las últimas semanas, hasta tal punto que sus responsables bien podrían decidir también imputar a Trump a lo largo de este año, y que el magnate vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados antes incluso del 4 de diciembre, cuando tiene la próxima cita en los tribunales de Manhattan por el caso Stormy Daniels.
Entre los casos que más progresos parecen haber registrado está la investigación que el fiscal especial Jack Smith sigue en torno a los documentos clasificados que el FBI encontró en un registro en Mar-a-Lago el año pasado, tres meses después de que el Departamento de Justicia hubiera ordenado a los abogados de Trump la devolución de cualquier material clasificado que el expresidente mantuviera en su poder tras haber abandonado la Casa Blanca. Los agentes de la policía federal encontraron más de un centenar de papeles confidenciales.
El miércoles llegaba un nuevo recordatorio de que los problemas legales de Trump van mucho más allá del caso Stormy Daniels. El que fuera su vicepresidente, Michael Pence, daba a conocer que acatará una orden judicial y declarará ante un gran jurado en otra pesquisa de Smith. Esta, sobre el papel que el expresidente jugó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y los esfuerzos por impedir el traspaso del poder al ganador de las elecciones, Joe Biden.
Los sondeos, a favor de Trump
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Pese a estos nubarrones jurídicos, las encuestas sonríen por ahora a Trump. Un sondeo de Ipsos indicaba el lunes que un 51% de los votantes estadounidenses aceptan su tesis de que sus problemas judiciales son fruto de una persecución política. Los cofres de su campaña electoral reciben un constante flujo de donaciones desde que el jueves de la semana pasada se conoció que un gran jurado había aprobado imputarlo en Nueva York: cuatro millones de dólares (3,6 millones de euros) en las primeras 24 horas, y tres millones más antes de que empezara la vista ante el juez Juan Manuel Merchan. Un 25% de esas cantidades, procedentes de personas que no habían dado dinero antes a la campaña trumpista.
El expresidente ya era el favorito indiscutible para ganar la candidatura del Partido Republicano a las presidenciales de 2024. Ahora, aún más. La encuesta de Ipsos, la primera tras la imputación, indica que un 48% de los votantes de esa formación quieren que Trump sea su candidato, frente al 44% que lo deseaba antes de que fuera imputado. Su inmediato seguidor, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cae del 30% al 19%.
Su tirón entre el público se extiende a los medios: las grandes cadenas de noticias dedicaron una programación especial a la comparecencia en los juzgados de Nueva York. También emitieron íntegro el discurso de Mar-a-Lago, algo cada vez menos frecuente en una era de dura competencia por unas audiencias fragmentadas.
Con estos números y estas perspectivas, el espacio para que otros políticos republicanos se lancen al ruedo a competir contra Trump en las primarias es cada vez más reducido. DeSantis, de quien se daba por segura su candidatura antes de la imputación, ni siquiera ha confirmado que vaya a presentarse. Otros que lo han hecho —la exgobernadora Nikky Halley o el multimillonario Vivek Ramaswamy— apenas aparecen en el radar de los votantes, con intenciones de voto de menos del 10%.
Estos vientos favorables pueden cambiar. Una variedad de imputaciones procedentes de casos de todo tipo y sin relación entre sí harían más difícil a Trump vender a los simpatizantes republicanos la idea de que es una víctima de una caza de brujas política. También le complicaría mucho las posibilidades de conquistar el voto independiente, imprescindible para cualquier candidato que quiera llegar a la Casa Blanca.
Jack Smith, el fiscal especial que investiga el caso de los documentos clasificados, maneja, según ha publicado The Washington Post, el testimonio clave de uno de los asistentes de Trump en Mar-a-Lago. Este indica que, después de que se recibiera la orden de devolución, se movieron cajas con esos documentos por orden del expresidente. Al parecer, según ese testimonio, el magnate también examinó personalmente los papeles, llevado por el aparente deseo de conservar algunos.
Las declaraciones del asistente coinciden con lo que muestran grabaciones de cámaras de circuito cerrado en la propiedad hotelera, apunta el Post, que cita fuentes de la investigación. De confirmarse, esos datos abonarían la tesis que investiga Smith: que Trump obstruyó a la justicia con toda intención para quedarse con documentos clasificados.
La ley estadounidense obliga a todos los presidentes salientes a entregar a los Archivos Nacionales los documentos que hayan manejado durante su mandato. Aun así, no es raro que algunos se traspapelen y aparezcan más tarde. El actual presidente, Joe Biden, también se encuentra bajo investigación de un fiscal especial después de que una serie de papeles aparecieran en su vivienda particular y una antigua oficina. La clave para que eso constituya un delito es la intención con que se conservaron esos materiales.
Además de las investigaciones federales, Trump también tiene pendiente otro caso en Georgia. Allí, la fiscal Fani Willis, de filiación demócrata, prevé decidir en las próximas semanas si imputa al expresidente por intentos de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en aquel Estado.
Actitud desafiante
Si el martes Trump apareció contrariado en la sala del tribunal, con gesto huraño, el miércoles continuó la actitud desafiante que exhibió en Mar-a-Lago. Aunque su imputación es responsabilidad de los tribunales de Manhattan, en su red social ha instado a recortar el presupuesto del Departamento de Justicia y al FBI. “Los REPUBLICANOS EN EL CONGRESO DEBERÍAN RETIRAR FONDOS A JUSTICIA Y AL FBI HASTA QUE ENTREN EN RAZÓN”, escribía.
Es poco probable que ningún otro político estadounidense pudiera prosperar en su carrera con esta actitud. Desde luego, no pelear por la Casa Blanca con una imputación a rastras. Pero Trump no es un político al uso. Es un maestro del caos y la disrupción, que sabe leer perfectamente a su público y aprovechar cualquier resquicio para sacar ventaja por la vía que sea.
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