La caravana en la que viaja Donald Trump llega este jueves a la sede de la fiscalía de Nueva York, en Manhattan.SPENCER PLATT (Getty Images via AFP)
El expresidente estadounidense Donald Trump ha regresado este jueves a Nueva York para declarar en un juicio civil por irregularidades en su compañía, una semana después de su imputación penal en otro caso. La fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, demandó en septiembre a Trump y a tres de sus hijos y el republicano debía declarar hoy nuevamente como testigo en un caso que amenaza el destino de su emporio. James reclama 250 millones de dólares (226 millones de euros) a la Organización Trump, nombre de la compañía familiar, por “impuestos [no satisfechos] y fraude fiscal en la valoración de los activos del grupo”. Los investigadores sostienen que la firma infló el valor de las propiedades para obtener beneficios fiscales y créditos en condiciones ventajosas.
“Iré al centro [de Nueva York] para reunirme con una racista que filtró que yo estaría allí a las 9.30 de la mañana” de este jueves, escribió la víspera Trump sobre la fiscal, que es afroamericana, además de demócrata. La audiencia ha tenido lugar a puerta cerrada en las oficinas de la Fiscalía, en el Bajo Manhattan, donde la policía desplegó medidas de seguridad adicionales, con una batería de vallas y restricciones de tráfico para facilitar la llegada de la imponente caravana de vehículos que trasladó al magnate, si bien la cita no suscitó tanta expectación como la de la semana pasada.
Es la segunda vez que Trump se enfrenta cara a cara a quien acusa de una “caza de brujas” política. En agosto compareció bajo juramento por el mismo caso ante James, pero se negó a declarar para no incriminarse, acogiéndose a la Quinta Enmienda de la Constitución de EE UU. El tribunal de Nueva York ya ha fijado el juicio para el próximo el 2 de octubre. Dos meses después, a primeros de diciembre, está previsto que se celebre la vista del caso Stormy Daniels, por el que el expresidente fue imputado la semana pasada por la Fiscalía de Manhattan.
El frente legal se emborrona para el republicano, que aspira a volver a la Casa Blanca en 2024 y al que la imputación, la primera a un expresidente de EE UU, parece haber insuflado brío tanto en los sondeos como en la recaudación de fondos, dado que la acusación formal no le impide presentarse a las elecciones. Además de las dos causas abiertas en Nueva York, Trump afronta dos casos potencialmente graves, el de los papeles de Mar-a-Lago, documentos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca y fueron hallados en su mansión de Florida, y el de su intento de pucherazo electoral en 2020 en el Estado de Georgia. Además, es objeto de sendas investigaciones por su papel en el asalto al Capitolio por una horda de sus seguidores. Una causa teóricamente menor, la denuncia de una escritora que le acusa de haberla violado en 1996, está estos días enredada en apelaciones.
El magnate ha calificado el caso que instruye la fiscal James de “ridículo […] como todos los demás casos de interferencia electoral en los que estoy involucrado”, ha dicho, en alusión al resto de investigaciones abiertas. A diferencia de la causa de la Fiscalía de Manhattan, de tipo penal, la de la Fiscalía de Nueva York es de carácter civil, y acusa al multimillonario republicano y a tres de sus hijos mayores de manipular “deliberadamente” las valoraciones de los activos del grupo ―que incluyen clubes de golf, hoteles de lujo y edificios residenciales en varios países, del Reino Unido a la India― para obtener mejores préstamos de los bancos o pagar menos impuestos. En diciembre, dos compañías filiales de la Organización Trump fueron declaradas culpables en un tribunal de Nueva York de varios cargos de evasión fiscal, por pagos en negro a ejecutivos, aunque ni el magnate ni sus hijos estaban inculpados.
La demanda de James atañe a Trump, a sus hijos Donald Trump Jr., Eric Trump ―que el año pasado también se negó a responder en virtud de la Quinta Enmienda― y a Ivanka Trump, así como a altos ejecutivos de la organización. Además de la multa de 250 millones de dólares, la demanda contempla la prohibición de que los Trump tengan negocios en el Estado, lo que supondría un varapalo para los intereses del magnate en el suculento mercado inmobiliario de Nueva York.
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Aunque se remontan a finales de la década pasada y están en manos de fiscales demócratas ―el motivo que, para Trump, respalda su teoría de que se trata de una persecución política―, los casos que lleva la fiscal James son independientes de la causa penal en la que Donald Trump fue acusado la semana pasada de 34 cargos de falsificar registros mercantiles relacionados con tres pagos para encubrir supuestas aventuras extramatrimoniales antes de las elecciones de 2016 que le llevaron a la presidencia. El más importante fue el soborno de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, cuya relación él siempre ha negado. Trump se declaró “no culpable”.
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