Un multimillonario crédito contratado por TV Azteca con un banco offshore de Santa Lucía, una isla del Caribe, desató una demanda por presunto fraude en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, interpuesta por The Bank of New York Mellon. La acción legal apunta a un entramado financiero que conecta la crisis de deuda de la empresa de Ricardo Salinas Pliego con acusaciones de simulación crediticia, desvíos en Puerto Rico y escándalos de corrupción en El Salvador durante la pandemia, de acuerdo con la investigación realizada por los medios El Faro y Armando.info.
Televisión Azteca atraviesa problemas económicos desde febrero de 2021, fecha en la que suspendió el pago de intereses de una deuda superior a los 630 millones de dólares con tenedores de bonos representados por The Bank of New York Mellon. Como parte de esta crisis, el 10 de marzo de 2026 debió iniciar formalmente un proceso de concurso mercantil en México para renegociar sus obligaciones financieras con los acreedores, mediante una suerte de declaración de bancarrota.
Sin embargo, apenas cinco semanas antes de arrancar la bancarrota, la televisora de Salinas Pliego suscribió un nuevo préstamo por 290 millones de dólares con AlterBank, una entidad bancaria offshore radicada en Santa Lucía. El contrato estableció condiciones que priorizan los pagos a dicha institución por encima del resto de los acreedores. Ante esto, The Bank of New York Mellon demandó a TV Azteca y a AlterBank el 2 de junio de 2026 en Florida, acusándolos de participar en una maniobra fraudulenta diseñada para evadir sus compromisos financieros y no pagar sus deudas.
De acuerdo con la demanda del banco neoyorquino, la investigación preliminar sugiere que AlterBank no contaba con los fondos para realizar el préstamo por sí solo. El documento legal resalta que la entidad caribeña no es un banco tradicional: opera en una oficina semivacía con solo tres empleados (un recepcionista, un empleado de marketing y un gerente), no atiende al público, tiene prohibido operar con residentes locales y reporta un capital de apenas 4 millones de dólares. Asimismo, semanas antes del concurso mercantil, TV Azteca y AlterBank modificaron el acuerdo para aceptar las propias notas de deuda de la empresa como garantía de pago, lo que situaría al banco caribeño en una posición prioritaria en caso de insolvencia.
Por su parte, TV Azteca defendió la legitimidad de la operación. El 21 de septiembre de 2026, Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de la empresa, declaró por correo electrónico a El Faro y Armando.info que el financiamiento se realizó apegado a derecho y que los recursos se destinaron íntegramente a cumplir con obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), respaldando su posición en un comunicado emitido por Grupo Salinas el 7 de julio de 2026. No obstante, no respondió a los cuestionamientos sobre cómo accedieron a AlterBank ni si conocían su limitado capital operativo.
Las investigaciones revelan que detrás de AlterBank operan figuras vinculadas a escándalos financieros y de corrupción en la región. El banco perteneció anteriormente al venezolano Juan Francisco Ramírez, salpicado en el colapso del Nodus International Bank de Puerto Rico —actualmente en liquidación—, donde se declaró culpable por la desviación de más de 13.6 millones de dólares. Ramírez declaró a El Faro y Armando.info que vendió la participación del banco en noviembre de 2024 a dos empresarios venezolanos: Augusto César Castillo Chávez y Tomás Hernández.
Tomás Hernández es reconocido como asesor y miembro del círculo de confianza del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Hernández y su esposa, María Alejandra García, fueron señalados en 2020 por el disuelto Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía salvadoreña dentro del “Caso Catedral”, un expediente que investigaba una supuesta red de corrupción en la compra de alimentos para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES) y convenios con pandillas. Además, Hernández ha mantenido vínculos estrechos con el núcleo del poder salvadoreño, figurando en 2022 entre los invitados a la boda de Ibrajim Bukele, hermano del mandatario.
Por su parte, el socio de Hernández en AlterBank, Augusto Castillo, es hijo de Wiomar Alfredo Castillo Martínez, gerente de Aroum Group (ahora SM Intertrade), una firma offshore establecida en las Islas Vírgenes Británicas. Esta empresa fue auditada por la Corte de Cuentas de El Salvador tras un contrato de 27 millones de dólares durante la pandemia, donde se determinó un fraude por 7 millones de dólares en leche en polvo que nunca ingresó al país centroamericano.
Curiosamente, SM Intertrade mantiene un monto de 6.9 millones de dólares congelado en las cuentas del intervenido Nodus Bank en Puerto Rico, una cifra casi idéntica a la señalada por la contraloría salvadoreña. Aunque el nombre de Tomás Hernández no figura formalmente como propietario en la demanda de Miami, registros de Santa Lucía confirman su rol activo como director de AlterBank.
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