Además, aumentaron las detenciones y deportaciones de migrantes en el país.
Al menos 35 mil solicitantes de asilo han sido retornados a zonas fronterizas de México en lo que va de 2019, al tiempo que las oficinas del ACNUDH en ese país, Guatemala y Honduras han documentado un aumento en detenciones y deportaciones de migrantes, denunció este lunes la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
En su discurso de apertura de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet expresó su preocupación de las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos, México y algunos países centroamericanos que están poniendo en un “creciente riesgo” a los migrantes, especialmente a los niños.
“Me preocupa que las políticas que se están implementando actualmente en Estados Unidos, México y algunos países de América Central están poniendo a los migrantes en mayor riesgo de violaciones y abusos de los derechos humanos, y pueden violar los derechos de las personas vulnerables”, indicó.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que lo que más le “alarma” es que niños continúen en centros de detención en Estados Unidos y México, ya que ello contraviene el principal interés de los menores, que es un principio fundamental del derecho internacional.
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“Sigo profundamente perturbada por estas políticas, en particular la continua separación de niños migrantes de sus padres, y la perspectiva de una nueva norma que permita la detención indefinida de niños, simplemente por su estado administrativo. Nada puede justificar infligir un trauma tan profundo a ningún niño”, enfatizó.
Bachelet aseguró que el endurecimiento de las políticas migratorias en la región no detendrá el movimiento de familias que huyen de sus países de origen a causa de la inseguridad, la corrupción, incluso el cambio climático, entre otros problemas, según su discurso publicado en la página Web del ACNUDH.
“Las políticas y prácticas que tienen como objetivo evitar físicamente que los migrantes lleguen al Estado de destino y entren en él, o que los devuelvan sin las garantías del debido proceso, son, simplemente, retrasos. Ni ellos ni las llamadas políticas de ‘tolerancia cero’ detendrán las fuerzas que impulsan a las personas a irse”, subrayó.
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La jefa de la oficina de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos que políticas migratorias como las implementadas por los gobiernos de Estados Unidos y México sólo presionarán a las familias desesperadas para que tomen rutas más riesgosas, “donde puedan estar expuestas a la violencia física, la trata de personas, la violencia sexual y otros delitos”.
También dijo que han observado casos de separación familiar en el contexto de la privación arbitraria de libertad; falta de evaluación individual; denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza contra los migrantes.
“Los acuerdos para ‘devolver’ personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución; evaluación individualizada; el interés superior de los niños; y garantías del debido proceso”, apuntó.
En junio pasado, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para detener la imposición de aranceles del 5% a productos mexicanos el cual incluye el compromiso del gobierno mexicano de frenar el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos.
Para ello, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ordeno el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en 11 municipios de la frontera sur de México.
(Con información de NTX)