La orden de captura y extradición en contra del principal ex funcionario que estuvo a cargo de las investigaciones por la desaparición de los 43 se suma a los avances en las pesquisas sobre el caso.
A casi seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal han anunciado en días recientes avances en las indagatorias que incluyen la identificación de uno de los estudiantes, solicitudes de órdenes de arresto contra 46 funcionarios y la detención de una pieza clave en las pesquisas.
En medio de estas acciones, autoridades federales han revelado que se localizó en Canadá al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien huyó al país norteamericano tras la orden de aprehensión girada en su contra en marzo pasado. A solicitud de la FGR, la Interpol giró una ficha roja para la localización del ex funcionario.
Actualmente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca lograr la detención de Zerón de Lucio y su posterior extradición a México. Zerón de Lucio enfrenta acusaciones de haber incurrido en irregularidades en el proceso de investigación por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, como la tortura de piezas clave en el caso, lo que derivó en la liberación de múltiples de los acusados.
Además, este lunes, circuló un video en el que se observa cómo Zerón de Lucio interroga bajo tortura a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, uno de los principales acusados por su involucramiento en la desaparición de los 43.
De acuerdo con las indagatorias realizadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, los 43 estudiantes habrían sido secuestrados por policías municipales de Iguala durante la noche del 26 y primeras horas del 27 de septiembre de 2014 y entregados a integrantes del Cártel Guerrero Unidos. Según esa versión, los miembros del cártel los habrían asesinado, incinerado y depositado sus restos en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero.
La administración de Enrique Peña Nieto presentó esa versión en enero del 2015 como la “verdad histórica”. Bajo la anterior administración, se señaló como partícipes de los ataques en contra de los normalistas al entonces Alcalde Iguala, José Luis Abarca y a su esposa, Ángeles Pineda Villa, ambos actualmente presos.
Sin embargo, la investigación del actual gobierno, la FGR y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), además de investigaciones periodísticas, han revelado que no hay evidencia que respalde esa narrativa.
‘Se acabó la verdad histórica’
Incluso, al anunciar en un videomensaje el 30 de junio pasado que se habían solicitado 46 órdenes de arresto contra funcionarios municipales de Guerrero, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que “se acabó la verdad histórica”, tras la reconstrucción del caso llevada a cabo por la dependencia a su cargo.
“En septiembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas, en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso.
“Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento; ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas”, sostuvo el fiscal en su mensaje.
Las declaraciones de Gertz Manero se dieron luego del arresto el 24 de junio en Metepec, Estado de México, de José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, uno de los líderes del Cártel Guerrero Unidos y considerado pieza clave junto con sus hermanos Adrián Zenén y Sidronio Casarrubias como uno de los principales responsables de la desaparición de los 43.
Medios nacionales han reportado que, de acuerdo con intervenciones de las comunicaciones entre los tres hermanos y que fueron reveladas en procesos judiciales en Chicago, en Estados Unidos, se ha confirmado la coordinación que tuvieron los presuntos líderes criminales en los hechos del 26 y 27 de septiembre que derivaron en la desaparición de los normalistas.
#FGRInforma El 24 de junio la Policía Federal Ministerial detuvo a Angel “C” en Metepec, Estado de México, presentándolo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, donde le decretaron auto de libertad negándole valor a pruebas que fueron admitidas en 2014
— FGR México (@FGRMexico) July 2, 2020
En una entrevista en Aristegui en Vivo el 1 de julio pasado, Gertz Manero declaró que, hasta ese momento, jueces habían admitido 4 de las 46 solicitudes de órdenes de arresto presentadas por la FGR.
“Lo que nosotros y todos queremos saber es el destino de esos jóvenes pero para que no vaya a haber un fiasco, ese destino tiene que estar absolutamente basado en toda esa secuencia estructural de los hechos que son cronológicos y hay una serie de personas que van interviniendo, que van oyendo, que van sabiendo y que se van comunicando”, expresó Gertz Manero.
La fiscalía busca presentar cargos contra funcionarios federales, además de la acusación en contra de Zerón de Lucio, informó ese día el fiscal.
“Primero vienen los que estuvieron en contacto y luego vienen las autoridades federales”, expresó.
El fiscal general añadió que lo que se busca hacer desde la FGR es acabar con la “colusión” y “encubrimiento” que imperó en las indagatorias del caso durante el anterior gobierno.
“Lo que nosotros hemos podido hacer en algunos meses fue lo que no se hizo en cinco años… es que fue manejado para que no se pudieran conocer las ligas, los intereses y las presiones que se fueron dando. Si rompes esa primera instancia de colusión y encubrimiento, son hechos que pueden ser conocidos”, dijo Gertz Manero el 1 de julio en la entrevista.
Previamente, en febrero pasado, el Presidente López Obrador ya había pedido al fiscal y al ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, trabajar de manera conjunta para romper “el pacto de silencio” que se había construido en torno al caso de los 43 en el anterior gobierno.
“Estoy convencido de que si nos unimos, lograremos romper el pacto de silencio que ha perdurado por mucho tiempo y esclarecer lo acontecido; no prolongar la impunidad, hacer justicia, y demostrar que somos auténticos representantes de un Estado social y democrático de derecho”, dijo López Obrador a Gertz Manero y Zaldívar en una carta que les envió a ambos funcionarios.
‘Dando y dando’
Sin embargo, tras el arresto de “El Mochomo” y una orden judicial que derivó en la liberación -durante un breve periodo- del presunto criminal, la FGR reveló audios en los que se escuchan acuerdos entre la madre de Casarrubias Salgado y personal del Juzgado Segundo de Distrito en Procedimientos Penales Federales en el Estado de México, encabezado por la jueza María del Socorro Castillo.
En los audios, se escucha a Francelia Salgado Patiño conversar con uno de los abogados de su hijo; durante la interlocución utiliza la frase “dando y dando”, en referencia a un presunto pago al personal judicial para liberar a su hijo.
“Acuérdese que quedamos que, como dicen, dando y dando… Nosotros no nos vamos a echar para atrás, ya ve que nosotros vamos a cumplir, pero queremos dando y dando… Ya como quedamos, ya ve que lo reiteramos varias veces que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal. Andamos en eso”, se le escucha decir a Salgado Patiño.
La revelación desató un debate en torno a la corrupción dentro del poder judicial, además de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció una indagatoria por posible corrupción dentro del juzgado. Hasta el momento, ha sido suspendido un secretario de este juzgado por las irregularidades en la orden para liberar al “Mochomo”.
El 3 de julio, en entrevista con Aristegui en Vivo, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, reveló que la madre de “El Mochomo”, habría pagado entre 2 y 3 millones de pesos a personal judicial para lograr la liberación de su hijo, aunque la FGR lo recapturó al salir del penal.
“Yo no sé en qué momento el personal de ese juzgado optó por una conducta así, viendo la relevancia que tenía este personaje en el panorama nacional”, declaró el funcionario de la Presidencia.
El caso de la liberación del “Mochomo” también fue criticado por el Presidente López Obrador, quien el 2 de julio había advertido que existió “corrupción” en la orden de liberación de Casarrubias Salgado.
“Nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas. O sea que hubo dinero de por medio”, dijo el Primer Mandatario ese día.
Nos faltan 41 estudiantes: Buitrago
Luego del anuncio por parte del Fiscal Especial para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, de que un fragmento óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos, había sido plenamente identificado a través de análisis genéticos en la Universidad de Innsbruck, en Austria, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, sostuvo que los recientes hallazgos de la FGR en torno al caso confirman que la versión planteada por el anterior gobierno estuvo basada en información que “no era real”.
Para mayor certeza, los resultados de Innsbruck fueron analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que concluyó de forma coincidente que una de las piezas óseas pertenece a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, correspondiente a una extremidad inferior.
— FGR México (@FGRMexico) July 7, 2020
El GIEI reactivó sus actividades en enero de este año luego de que el actual gobierno planteó al grupo de expertos participar en la reconstrucción de las indagatorias.
Previamente, tras dos reportes en 2015 y 2016 en los que cuestionaron la narrativa presentada por la PGR y advirtieron que el gobierno federal no había proporcionado toda la información del caso, el entonces Presidente Peña Nieto anunció la conclusión de los trabajos del GIEI a finales de abril del 2016.
Gobierno de #México acepta la propuesta de la #CIDH para la reinstalación del #GIEI del caso #Ayotzinapa. Es un muy fuerte mensaje y compromiso con los #DDHH para se avanzar con las investigaciones y se alcanzar la verdad y la justicia para los familiares de los #43 estudiantes. https://t.co/m6qyPhjSmC
— CIDH – IACHR (@CIDH) January 9, 2020
“El incendio nunca sucedió en Cocula, por lo tanto, ya debería haber sido suprimida esa versión”, expresó la especialista en entrevista con Aristegui en vivo este 8 de julio; “los hallazgos demuestran que no hay coincidencia con el basurero de Cocula”.
La experta reiteró, además, que los avances en las indagatorias son parte del trabajo de la actual fiscalía para relanzar las pesquisas y reconstruir el caso.
“Somos conscientes de que esto, lamentablemente, empieza nuevamente, porque todos estos hechos lo que permiten decir es que durante mucho tiempo se dio información, se manejó información y se hicieron conclusiones que no eran reales.
“Desde allí, estas nuevas conclusiones, estas nuevas referencias y estas verificaciones que ya son determinantes nos llevarán a seguir avanzando en muchos sentidos y podemos concluir que esta investigación tiene que seguir siendo profunda, seria y exhaustiva de aquí en adelante”, declaró Buitrago.
La también doctora en Derecho y Sociología dijo que, con la identificación de Rodríguez Telumbre, ya suman dos normalistas cuya identidad ha sido verificada, luego de la confirmación del hallazgo y posterior identificación de restos del normalista Alexander Mora Venancio en diciembre del 2014.
“Pero en este momento tenemos 41 estudiantes que no han aparecido, por lo tanto, es importante averiguar qué sucedió con ellos y el paradero, que es la única opción de acuerdo con convenciones internacionales y el protocolo de desaparición forzada”, dijo Buitrago.
Comisión de la Verdad
Desde el arranque del actual gobierno, mediante un decreto presidencial firmado el 3 de diciembre del 2018 en un acto en Palacio Nacional junto con padres y madres de los 43, se creó la Comisión de la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, encargada de esclarecer la desaparición de los estudiantes.
“Tengan confianza, no le debo nada a ningún grupo de interés creado. El pueblo es al que le tengo respeto y lealtad, por eso no va a haber ninguna traba u obstáculo para llegar a la verdad“, dijo López Obrador en un discurso el día de la firma del decreto.
“Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste y doloroso ni en ningún otro”, agregó.
Ese día, María Martínez, una de las madres de los 43, reiteró su demanda de justicia al Estado mexicano por la desaparición de los normalistas.
“Nosotros, como padres, le pedimos a usted como padre que nos saque de este basurero que nos dejo (Enrique) Peña Nieto (…) Usted nos puso el ejemplo que el que persevera alcanza. Ayúdenos señor, no queremos que esto quede impune”, sostuvo la madre.