La Unión Europea prepara su respuesta al plan estrella de Joe Biden para impulsar la transición energética en Estados Unidos. La cuestión es cómo va a ser esa contestación a los subsidios a coches eléctricos, baterías, energías renovables y las ayudas a fabricantes para atraer inversión que incluye la Ley de Lucha contra la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés). Tanto Bruselas como otras capitales como París y Madrid llevan semanas pidiendo una respuesta común, y mirando de reojo a Berlín, que hasta ahora ha actuado unilateralmente con generosas ayudas a sus empresas. Según publica este miércoles Bloomberg, el canciller alemán se abre a una réplica común: Olaf Scholz está dispuesto a pedir a la UE que cree nuevos instrumentos de financiación conjunta para ayudar a los estados miembros a competir con las subvenciones verdes de EE UU.
Lo que no está claro, y más bien apunta a que no será el caso, es si se trata de nuevos fondos. “También deberían examinarse constructivamente otros instrumentos de financiación conjunta”, asegura el texto, un borrador de un documento estratégico elaborado por el SPD, el partido del canciller. Según Bloomberg, que cita una fuente anónima, Scholz está de acuerdo con ese planteamiento.
La alarma por las consecuencias que puede tener el plan Biden ha cundido entre los socios comunitarios. El Consejo Europeo de diciembre encargó a la Comisión que este mismo mes tuviera listas propuestas para modificar la regulación de ayudas de Estado para agilizar sus trámites y, en consecuencia, facilitar su concesión. Un día antes la vicepresidenta y responsable de Competencia, Magrethe Vestager, había abierto una consulta a los estados y estos ya le han ido mandando sus propuestas. El Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, se ha visto o se va a ver con los jefes de Gobierno de España, Bélgica y Polonia.
En este tiempo, los países están tomando posiciones. Los más reticentes al cambio son los nórdicos. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha declarado este mismo martes que su país está cómodo con la “arquitectura” actual, informa María R. Sahuquillo. España remitió el lunes por la noche un documento al Ejecutivo comunitario en el que defiende que la relajación en las reglas de ayudas de Estado se vincule a las inversiones previstas en el Fondo de Recuperación y que tengan esa misma duración. Mientras, Francia y Alemania hacen un frente común pidiendo que la reforma permita dar subsidios fiscales a las empresas (como hace Estados Unidos) o definir sectores estratégicos en los que sea más fácil dar apoyo al sector privado (fotovoltaicas, hidrógeno verde…).
Lo que todavía no está claro es cómo se financiaría todo eso. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, ha hablado de un fondo de soberanía que ayude a las inversiones. Aclarar esta incógnita es clave porque hay bastantes países (los nórdicos, Italia, España, Bélgica) que recelan de que la reforma planteada permita que los países con más margen fiscal (Alemania, Holanda) rieguen a sus empresas de dinero y las sitúen en posición de ventaja en el mercado único, rompiéndolo de facto.
Del texto publicado parece entenderse que lo que planteará Berlín consiste en reasignar dinero ya existente y que todavía no se ha gastado. Este planteamiento coincide con las respuestas que suele dar el ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Lindner, cuando se le pregunta por la posibilidad de volver a emitir deuda conjunta en la UE. El ministro, un halcón fiscal, repite constantemente que no hace falta crear nuevos instrumentos fiscales sino dar buen uso a los ya existentes (Fondo de Recuperación, RepowerEU). “Hay muchas decenas de miles de euros todavía sin gastar”, ha dicho en más de una ocasión. Lo mismo suelen argumentar los responsables Ejecutivo holandés cada vez que son preguntados por la cuestión. Y esto mismo se infiere de la propuesta española adelantada por .
Competitividad amenazada
La publicación de este documento coincide con la petición que ha hecho este miércoles la poderosa industria automovilística alemana. El lobby VDA ha pedido una política industrial europea que contrarreste las subvenciones verdes de Estados Unidos. Según su presidenta, Hildegard Müller, hay que salvaguardar la competitividad de la industria europea, amenazada por las leyes estadounidenses, que considera “proteccionistas, discriminatorias y en contradicción con el comercio abierto”.
La ley estadounidense incluye un paquete de ayudas para la transición energética de cerca de 370.000 millones de dólares (unos 350.000 millones de euros) con ayudas a la compra de vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos con componentes elaborados allí. Pese a que Bruselas ha advertido de que es “claramente discriminatoria” y contraria a las normas de la Organización Mundial del Comercio, lo más que se ha conseguido del gran socio americano, con el que las relaciones en otros campos pasan por un momento excelente, es constituir un grupo de trabajo que está estudiando conjuntamente dónde están los problemas. Pero la norma ya ha sido aprobada y solo en su desarrollo reglamentario podrían corregirse sus efectos.
Varios países, entre ellos Alemania y Bélgica, han alertado recientemente de que Estados Unidos está promoviendo una “agresiva” -en palabras del primer ministro belga- campaña para atraer a las empresas europeas al otro lado del Atlántico. También el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, se quejó de ello en octubre pasado: “Ya estamos viendo cómo hay empresas que se marchan de Europa a Estados Unidos por los enormes subsidios que se están pagando allí”.
No obstante, y aunque los comentarios y titulares los están acaparando los subsidios medioambientales estadounidenses, los Veintisiete también miran con recelo a China. Sin ir más lejos, el sueco Kristersson ha afirmado este miércoles que el gigante asiático no debería tener acceso al mercado europeo si las empresas comunitarias no consiguen las mismas condiciones en China.
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