La organización no gubernamental Amnistía Internacional acusó este miércoles a Irán de “intensificar la represión” contra mujeres y niñas para imponer el uso del hiyab, después de que las autoridades anunciaran el redespliegue de la ‘Policía de la moral’ cerca de diez meses después de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida en septiembre por presuntamente llevar el velo mal puesto.
La ONG señaló que las autoridades han reforzado las medidas represivas contra aquellas mujeres y niñas que optan por no llevar el velo en público, incluidos vídeos publicados recientemente sobre agresiones a mujeres en Teherán y Rasht y el uso de gases lacrimógenos contra personas que ayudaban a algunas a escapar de los agentes en esta última ciudad.
Así, recordó que anuncios oficiales revelan que más de un millón de mujeres han recibido desde el 15 de abril mensajes de texto advirtiendo que sus vehículos serán confiscados después de ser grabadas sin llevar velo, mientras que “un número incontable” de mujeres han sido suspendidas o expulsadas de las universidades, se les ha impide hacer exámenes o se les niegan servicios bancarios y transporte público.
A ello se suma que cientos de negocios se han visto forzados a cerrar por no cumplir con las órdenes de uso obligatorio de velo, lo que, según Amnistía Internacional, refleja que las afirmaciones por parte de las autoridades sobre la disolución de la ‘Policía de la moral’ tras las protestas por la muerte de Amini no son ciertas.
Agnès Callamard, secretaria general de esta ONG, denunció:
La ‘Policía de la moral’ ha vuelto en Irán. Las autoridades no engañan a nadie retirando las insignias de la policía de la ‘moralidad’ de los uniformes y las patrullas mientras refuerza a los responsables de la opresión y la subyugación de mujeres y niñas para que lleven a cabo la misma violencia que mató a Amini de forma impune.
“La represión actual se ve intensificada por las tecnologías de vigilancia de masas, capaces de identificar a mujeres sin velo en sus vehículos y en espacios públicos (reflejando) el lamentable desprecio de las autoridades iraníes a la dignidad humana y los derechos de mujeres y niñas a la autonomía, la privacidad y la libertad de expresión, religión y creencia”.
En este sentido, Callamard incidió en que esta campaña de represión “muestra un intento desesperado de las autoridades para reafirmar su dominio y poder sobre los que se atrevieron a alzarse contra décadas de opresión y desigualdad durante el levantamiento ‘Mujer, vida, libertad’“, en referencia a las movilizaciones por la muerte de Amini.
Ahora, la represión estaría presuntamente llegando a una nueva cúspide, luego de que una mujer residente de la provincia de Isfahán recibió un SMS ordenando que inmovilizara su vehículo durante 15 días por quitarse el velo mientras conducía, relatando que “a nivel emocional y psicológico, todas estas amenazas han tenido un impacto muy negativo“. “La República Islámica quiere demostrar que puede hacer lo que sea para imponer el hiyab obligatorio”, ha argumentado.
Quieren presentarse ante la comunidad internacional como alguien que se aleja de la violencia pero, en realidad, están llevando estas acciones de forma discreta. Están realmente azuzando el miedo en nuestra existencia.
Sanciones legales, laborales y bancarias
La Policía de Irán confirmó el 14 de julio que desde mediados de abril se habían enviado casi un millón de avisos vía SMS a mujeres captadas sin velo en su vehículo, incluidos 133 mil 174 ordenando la inmovilización de vehículos, y 4 mil a “infractoras reincidentes” ante las autoridades judiciales del país.
Previamente, el 21 de mayo, las autoridades enviaron ante el Parlamento un proyecto de ley de apoyo a la cultura de la castidad y el ‘hiyab’, que contempla que las mujeres y niñas que aparezcan sin velo en espacios públicos y en las redes sociales, o muestres “desnudez de una parte del cuerpo o lleven ropa fina o ajustada” serán objeto de una serie de sanciones.
Estas sanciones, que según Amnistía internacional afectarán gravemente sus Derechos Humanos, incluidos los sociales y económicos, van desde sanciones, confiscación de vehículo y dispositivos de comunicación, la prohibición de conducir, deducciones del salario y beneficios laborales, despido laboral y prohibición de acceso a servicios bancarios.
La ONG destacó que el proyecto de ley incluye propuestas para condenar a penas de entre dos y cinco años de prisión, así como a la prohibición de viajar y a la residencia obligatoria en un lugar concreto, a las mujeres y niñas que sean declaradas culpables de desobedecer las leyes sobre el uso obligatorio del velo “de forma sistemática o en connivencia con servicios de Inteligencia y seguridad extranjeros”.
De esta manera, atletas, artistas y figuras públicas que desobedezcan las leyes sobre uso de velo, podrán ser sancionadas con la prohibición de ejercer sus actividades profesionales, prisión, multas y hasta latigazos. Una comisión parlamentaria dijo el 23 de julio que había enviado al pleno el proyecto de ley revisado, si bien no ha sido hecho público.
En este contexto, las autoridades iraníes recurrieron además al Código Penal Islámico para enjuiciar e imponer “castigos degradantes” a mujeres que aparecen en público sin velo, incluidas órdenes para asistir a sesiones de terapia por “trastorno de personalidad antisocial”, lavar cadáveres en una morgue o limpiar edificios oficiales.
La represión tiene lugar además en medio de una oleada de declaraciones de odio de autoridades y medios de comunicación estatales en las que se califica la negativa de usar velo de “virus”, “enfermedad social” o “trastorno”, y en las que se equipara la decisión de aparecer en público sin velo a una “depravación sexual”.
La comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados mientras las autoridades iraníes intensifican su opresión de las mujeres y las niñas. la respuesta de los estados no debe limitarse a contundentes declaraciones públicas e intervenciones diplomáticas, sino conllevar también el uso de vías legales para que las autoridades iraníes rindan cuentas por ordenar, planear y cometer violaciones de Derechos Humanos generalizadas y sistemáticas.
“Todos los gobiernos deben hacer todo lo que esté en sus manos para apoyar a las mujeres y las niñas que huyen de la persecución basada en el género y de violaciones graves de los Derechos Humanos en Irán, garantizar que pueden acceder a procedimientos para la concesión de refugio rápidos y seguros y, en ninguna circunstancia, devolverlas a Irán”, sentenció Callamard.
(Con información de Europa Press)
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