Amnistía Internacional ha reconocido las prácticas de violencia y abuso contra las mujeres por parte de la policía mexicana. La ONG ha analizado en un informe publicado este miércoles cinco manifestaciones en México ocurridas durante 2020 para concluir que las autoridades han violado los derechos humanos de las mujeres durante las protestas. El documento denuncia detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación, estigmas y hasta violencia sexual. Amnistía Internacional ha exigido al Gobierno de México que garantice el derecho de libre reunión de las mujeres para manifestarse y que se proteja a las que decidan protestar en un país donde mueren 10 mujeres al día. El documento se ha presentado a pocos días del 8-M, que representa una jornada de movilizaciones feministas en todo el país. El presidente de México se ha referido a la fecha en su conferencia matutina para decir que no se prohibirán las manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas.
El 10 de noviembre, más de 20.000 mujeres se reunieron en Cancún para protestar por los tres feminicidios ocurridos en el Estado de Quintana Roo durante ese fin de semana. Las manifestantes marcharon por la ciudad turística, quemaron algunos tablones y rompieron algunas ventanas. Antes de que pudieran entrar al Palacio Municipal, un grupo de agentes de la policía abrió fuego contra las mujeres para disolver la marcha. Cecilia Solís, una periodista que estaba cubriendo la manifestación, recibió un tiro en la pierna y aseguró que no fue un accidente, ya que los policías apuntaron contra ellas deliberadamente. ”Llegaron los agentes con los toletes y empiezan a golpear a las muchachas. Uno de los policías se me acerca y me dice: ‘Ya te llevó la chingada, pendeja’. Le digo que soy de prensa, pero no me cree”, declaró Solís a El PAÍS.
El informe de la ONG apunta que además fueron detenidas ocho personas que se “manifestaban pacíficamente”, siete de ellas mujeres. Dos de estas personas fueron heridas en la cabeza, sin que se les prestara la atención médica necesaria. Las ocho personas fueron “aseguradas preventivamente” y trasladadas a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y posteriormente a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez, sin que hubieran sido presentadas a ninguna autoridad competente, ni se les haya realizado certificación médica, según la ONG. “Durante las detenciones y traslados de las mujeres detenidas, varias mujeres y niñas sufrieron violencia física de distinto tipo, así como amenazas y abuso verbal basado en estereotipos de género”, denuncia el informe.
El 22 de agosto en León, Guanajuato, varias mujeres participaron en una manifestación para exigir justicia en el caso de Evelyn, una mujer que denunció ser víctima de violencia sexual por parte de agentes de policía locales. Las autoridades disolvieron la manifestación y varias mujeres presentaron denuncias por los abusos cometidos por los uniformados. Una de las detenidas aseguró que uno de ellos le dijo: “Si no te callas, te voy a partir la madre, te voy a meter unos putazos”. Las manifestantes sufrieron agresiones verbales relacionadas con las consignas de la marcha como: “¿Ahora quién chingados te va a ayudar? ¿Quién te va a venir a cuidar, cabrona?”.
Otra manifestante narró cómo los policías le indicaron que debía correr junto con ellos para subirla a la patrulla y como ella no corrió rápido le dijeron: “Te dije que corrieras, hija de tu puta madre”. Después le dieron golpes en las costillas y en el cuello, según recoge el documento de Amnistía Internacional. La organización denuncia que varias manifestantes sufrieron amenazas de violación, intimidación sexual, acoso sexual, tocamientos, amenazas de desnudez forzada y hasta de violación. La investigadora Ariadna Tovar, quien participó en la elaboración del informe, asegura que el documento demuestra el uso de la violencia hacia las mujeres de forma sistematizada en México por parte de las autoridades. “Documentamos acoso sexual por parte de la policía y omisión de ayuda de la policía cuando el acoso lo cometían otros detenidos junto a las mujeres”, ha destacado en rueda de prensa.
Libertad Reyes, una joven que acudió allí a ayudar a sus compañeras detenidas, fue aprehendida por la policía cuando estaba tomando los nombres de las manifestantes detenidas para notificar a sus familias. “Nos decían todo el tiempo que nos iban a desnudar, que nos iban a golpear”, ha relatado en la rueda de prensa con la voz quebrada. “Recibí una amenaza de un oficial muy fuerte y directa, además de violenta. Tenía mucho miedo y no sabía si iba a salir viva de ahí”, ha recordado. La soltaron a la mañana siguiente y vio el acoso en redes sociales de personas que la señalaban por su causa feminista con intimidaciones. “Desde ese día la tranquilidad se alejó de mí. Lo más fuerte fue ver mi foto de desaparecida en las redes sociales”, ha sentenciado.
En Ecatepec, en el Estado de México, un grupo de mujeres ocupó durante el 10 y el 11 de septiembre del año pasado la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CODHEM). Exigían el avance en las investigaciones por las violaciones de derechos humanos por parte de funcionarias, que se señalaban como responsables de negligencia en casos de violencia contra menores. Las autoridades detuvieron a varias mujeres que se “manifestaban pacíficamente”, incluidas personas entre 12 y 17 años, “sin que mediara orden judicial”. La Fiscalía hizo uso “innecesario y arbitrario de la fuerza” contra quienes protestaban, arrojándoles objetos pesados para disgregarlas y perseguirlas aun cuando ya se habían dispersado, según Amnistía Internacional. “Esto es supremamente grave porque muchas manifestantes dijeron que tenían miedo de ser víctimas de desaparición, algo no inusual en México, también se jugaba con el lenguaje para crear está percepción. Es tortura porque genera un sufrimiento grave autorizado por las autoridades del Estado para castigar a las manifestantes por el simple hecho de manifestarse”.
Priscila Salas es una joven que el 10 de septiembre salió a protestar en Culiacán (Sinaloa) porque Liliana Pimentel Villalobos, la procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF), justificó los feminicidios de dos adolescentes de 14 y 16 años diciendo que eran “niñas ingobernables”. Salas salió a marchar hacia el Ayuntamiento y, al ver a la policía, que tenía “una mala actitud” hacia las manifestantes, decidió volver a casa. Los agentes la persiguieron. “Empezaron a buscarnos por las calles, a las mujeres que íbamos a manifestarnos y no lo hicimos. Una patrulla nos detuvo, se bajaron, nos gritaron groserías y nos detuvieron. Nos quitaron los celulares y no nos dijeron por qué nos estaban deteniendo ni a donde nos llevaban”, ha recordado. “Ni siquiera llegamos a manifestarnos”, insiste salas quien asegura que las autoridades las llevaron por rutas desconocidas y oscuras para intimidarlas.
El informe recoge que los delitos cometidos por las autoridades locales suponen varias violaciones a los derechos humanos. “La violencia de género contra las mujeres, incluida la violencia sexual, sigue siendo usada por las autoridades como una forma de inhibir el ejercicio del derecho de las mujeres a la reunión pacífica y como un mecanismo aleccionador”, reza el documento. La organización recuerda que la violación sexual es una forma de tortura y que el Estado mexicano ha realizado “avances mínimos” en la adopción e implementación de medidas específicas y efectivas frente a la violencia de género. Manifestarse en México es una situación de riesgo particular para las mujeres, según Amnistía Internacional, quien exige al Gobierno que adopte medidas para proteger los derechos de las feministas a reunirse pacíficamente sin ser sometidas a abusos policiales.
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