Ni el INPI ni la Subsecretaría de Desarrollo Democrático tradujeron al náhuatl los documentos de la consulta realizada entre junio y julio pasados.
Un juez federal concedió un amparo a la comunidad indígena náhuatl de Yahuajca, del municipio de Coyomeapan, Puebla, contra el proceso de consulta para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El proceso de consulta se realizó entre junio y julio de 2019 y estuvo a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
La demanda de amparo, promovida por la firma de abogados Rivero & Asociados, en representación de la comunidad, reclamó que las autoridades no tomaron en consideración las costumbres y tradiciones de la comunidad indígena, pues los documentos de la consulta no fueron redactados en el idioma náhuatl.
En la resolución del 13 de diciembre del año en curso, un juez de distrito con sede en Puebla consideró que “…la consulta no se realizó de acuerdo con las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones…”, informó Rivero & Asociados en un comunicado.
También señaló, agregó la firma, “…que los procedimientos adecuados implican que la consulta se ajuste a la cultura, idiomas y dinámica organizativas, a sus autoridades representativas y a su elección, a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, adoptando y poniendo en marcha estrategias de información y comunicación que sean culturalmente pertinentes.”
El juez ordenó al INPI y a la Subsecretaría que dejen sin efectos el proceso de consulta, previa, libre e informada para la Reforma Constitucional y Legal Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, exclusivamente en lo que concierne a la comunidad indígena náhuatl de Yahuajca, municipio de Coyomeapan, Puebla.
La firma de abogados destacó que pese a que los efectos del amparo solo son para la comunidad de Yahuajca, el gobierno federal no tradujo los documentos a los idiomas de los 51 pueblos indígenas consultados, por lo que si éstos impugnan el proceso, quedaría sin efecto.
El gobierno federal publicó el pasado 9 de agosto los resultados del proceso de consulta rumbo a una reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Informó que a los 54 foros regionales asistieron 27 mil 64 personas, de las cuales 14 mil 349 se presentaron en su calidad de autoridades comunitarias. Además, asistieron 2 mil 380 representantes del gobierno federal y los gobiernos estatales.
Entre las propuestas que resultaron del proceso, el INPI destacó “reconocimiento constitucional (de los pueblos indígenas y afromexicanos) como sujetos de derecho público, con plena capacidad de ejercer atribuciones y facultades para hacer realidad su derecho a la libre determinación y autonomía; pleno reconocimiento de su derecho a la libre determinación, para establecer libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural; y reconocer constitucionalmente las características y principios que rigen al municipio indígena, de manera especial el derecho a tomar decisiones mediante asambleas comunitarias u otros órganos tradicionales”.