La aplicación del Plan de Transición energética, vital para cumplir con los objetivos de lucha contra la contaminación y decisivo para impulsar la renovación de la industria española, tropieza en la práctica con varios obstáculos financieros y técnicos que el Gobierno quiere corregir con un conjunto de medidas contenidas en el Real Decreto Ley aprobado el martes. El primero de esos problemas es el riesgo de que se produzca una espiral especulativa en las inversiones renovables, similar a la que se produjo en tiempos de Zapatero y que acabó frustrando una ampliación significativa de las energías limpias en la producción y en el consumo final. El Real Decreto Ley pone orden en el trámite de solicitud de los permisos de conexión a la red, reduce el número de peticiones (más de 430.000 MW para unas necesidades de nueva potencia de 60.000 MW) en función de la seriedad con que cumplan dichos trámites y se asegura así que los proyectos sean reales.
El Ministerio de Transición Ecológica se enfrentaba además a las consecuencias negativas de una caída de los precios en el mercado eléctrico que, en la práctica, operaba como un desincentivo a la inversión prevista en el cambio de modelo energético. Hasta el año 2030 España necesita unos 90.000 millones de inversión en energías renovables; pero no será posible atraer capital privado si los precios entran en un descenso continuo, como consecuencia precisamente de la entrada de renovables a coste variable próximo a cero. El Gobierno ha optado por extender un sistema de renovables que garanticen un precio con independencia de la evolución posterior del mercado después de la celebración de la subasta. Es una decisión correcta para afrontar la amenaza de la caída de los precios; de hecho, poca cosa más se podía hacer para que no quede bloqueada la inversión privada que necesita la transición energética hasta 2030.
Estas dos decisiones se complementan con una tercera encaminada a garantizar un precio de la electricidad adecuado para la industria. La competitividad de la empresa española depende, entre otras cosas, de que la energía incorporada en la producción sea lo más barata posible. Con frecuencia se argumenta que algunas deslocalizaciones de empresas se deben al elevado coste de la electricidad (caso de Alcoa); y por esa razón se viene reclamando un estatuto para las empresas cuyo consumo de electricidad es intensivo. El Gobierno ha propuesto un Fondo de Reserva que garantice los precios de los contratos de suministro.
El plan de transición energética no es sólo un proyecto para reducir la contaminación insoportable; también debe considerarse como una pieza imprescindible en la recuperación industrial del país, tanto en términos cuantitativos (alcanzar el 20% del PIB, como pide Europa) como cualitativos. Hay que invertir en producción con más valor añadido; para ello, es obligado incorporar más capital y más formación por unidad de producto. La transición desde un sistema energético convencional a uno en el que sean dominantes las energías eólica, fotovoltaica o termosolar es la vía más cercana que tiene la industria española para ganar tamaño y rentabilidad. Las decisiones energéticas tomadas el martes son las que convenía adoptar para asegurar el Plan. Hay detalles mejorables, por supuesto; llegará el momento de analizarlos a medida que se aplique el Real Decreto.
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