López Obrador reproduce el video de la canción ‘Uy, qué miedo’ en la conferencia matutina de este miércoles.Mario Jasso (Cuartoscuro)
“Si el presidente no tiene miedo, los aguacateros y exportadores de hortalizas deben tener pánico”, dice David Enríquez, abogado de la firma Goodrich Riquelme y Asociados, sobre el nuevo proceso que inició el Gobierno estadounidense para obligar a México a que cumpla con el tratado de libre comercio en materia energética. En conferencia el miércoles por la mañana, Andrés Manuel López Obrador respondió a la noticia reproduciendo una canción popular que dice, en tono de burla, “uy, qué miedo”. Quienes pagarán los platos rotos serán las empresas exportadoras que nada tienen que ver con el conflicto, apunta Enríquez.
Tanto EE UU como Canadá, tercer miembro del acuerdo comercial TMEC, comenzaron el procedimiento para defender los intereses de sus empresas energéticas en México, ante el revés legislativo de López Obrador que bloquea la participación de privados en el sector. Esto, argumentan los vecinos del norte, contraviene lo acordado en el tratado comercial que entró en vigor en 2020. De no llegar a un acuerdo entre los gobiernos en los próximos 75 días, un panel de controversias emitirá un fallo. Si éste exigiera a México cambiar su legislación, y México no cumple, los socios comerciales pudieran imponer aranceles a los sectores exportadores que más dependen del TMEC, como el de agricultura.
“Eso es terrible”, apunta Enríquez, quien se especializa en ley energética. “Si el presidente piensa que no hay ningún efecto de las medidas del panel, que sepa que esto vendrá cuando llegue el cargamento de aguacate de exportación a Estados Unidos y le digan al agricultor que, aunque antes no pagaba para poder vender allá, ahora pagará una tarifa por kilo”, agrega.
Empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, llevan dos años esperando el momento en que el Gobierno estadounidense actúe de manera formal para defender las inversiones multimillonarias que se comprometieron en la Administración anterior. En lo que va de su sexenio, López Obrador ha enviado al Congreso iniciativas de ley para garantizar que las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tengan un monopolio en el mercado. Además, ha obligado a reguladores a suspender licencias de operación, lo que ha impactado particularmente a firmas de energías renovables.
La decisión de los gobiernos de EE UU y Canadá de demandar por las vías oficiales que ofrece el TMEC pudiera ser el banderazo que muchas empresas, tanto norteamericanas como europeas, estaban esperando para iniciar litigios en una corte de arbitraje internacional en contra del Estado mexicano, opina Enríquez. ”Es como cuando vas manejando y quieres dar una vuelta pero no te animas hasta que pasa un tráiler grande que puedes utilizar como escudo. Si chocan, le chocan a él”, dice el abogado, “esto les va a dar a las empresas el empoderamiento para decir ‘ahora sí vamos’”.
“Anticipo que en el periodo de consultas no va a solucionarse nada”, dice Juan Carlos Baker, profesor de la Universidad Panamericana, quien negoció el TMEC como subsecretario de Comercio durante la Administración anterior. De ser así, y de no haber retrasos, el panel estaría deliberando entre abril y mayo del próximo año. Si el fallo es a favor de EE UU y Canadá, México estaría obligado a cambiar su legislación en 45 días. Si no lo hace, EE UU y Canadá estarían en posibilidades de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.
“Si se van a todos los tiempos máximos que establece el tratado, tendrías una respuesta, posiblemente hacia el verano del año próximo, que en tiempos comerciales eso es muy rápido. Hay juicios en la Organización Mundial de Comercio que se llevan siete años”, asegura el académico.
Este proceso pudiera resultar benéfico para empresas europeas, como la francesa Engie, la italiana Enel y la española Acciona Energía, quienes han visto sus operaciones en energías renovables bloqueadas en México. “Si Estados Unidos gana y México tiene que modificar su legislación, las hipotéticas modificaciones futuras aplicarían también de manera horizontal. Entonces las empresas europeas podrán beneficiarse de manera indirecta”, apunta Baker.
“Es muy probable que México sea declarado culpable”, adelanta Enríquez, considerando que toda acción del presidente que va en contra del TMEC ha sido pública y está documentada. “Hay carpetas enteras que documentan una serie de medidas, que van desde la presidencia, pasando por todos los órganos de Gobierno, incluso hasta presión a jueces, todo lo que te puedas imaginar en todos los ámbitos. La verdad es que nos ha hecho la vida más o menos fácil a quienes vamos a estar llevando casos en contra del Estado mexicano, ya sea al panel, o a los abogados que lleven el asunto ante el panel, o bien los que van a estar llevando los temas de arbitraje de inversión”.
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