Marco Enríquez-Ominami, en una foto de archivo.Claudio Reyes (AFP)
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, considera a Gabriel Boric un amigo. El sentimiento es mutuo. En abril del año pasado, el chileno visitó Buenos Aires en su primer viaje al exterior como presidente, se entusiasmó con la idea de un nuevo frente de izquierda latinoamericano y recibió de regalo un disco de Charly García que Fernández atesoraba en su casa. Desde entonces, sin embargo, las relaciones entre ambos países han sido un camino de espinas. Una suma de pequeños incidentes diplomáticos, que tanto pesan en las relaciones bilaterales, han quitado brillo a una relación que se esperaba luminosa. El último fue obra de Fernández. El argentino puso su firma en una carta del Grupo de Puebla, integrado por expresidentes y líderes progresistas, con duras criticas a la justicia chilena. “Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas”, respondió Boric.
La Cancillería argentina no hizo referencia alguna a la carta, pero del lado chileno las reacciones fueron abiertas. La canciller, Antonia Urrejola, dijo que había hablado con su par de Justicia, Luis Cordero, y con el embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa. “Nos parece [junto a Cordero] que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El Gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público”, dijo.
El texto, titulado Una justicia dilatada es una justicia denegada, carga contra una investigación sobre financiamiento ilegal de la política por parte de la minera SQM. Los firmantes respaldan puntualmente a uno de los ocho imputados, el líder del Partido Progresista de Chile (PRO), Marco Enríquez-Ominami, quien arriesga hasta cuatro años de cárcel por delitos tributarios.
Marco Enríquez-Ominami es uno de los fundadores del Grupo de Puebla y amigo personal del presidente Fernández. “Desde el 2015, viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”, comienza el texto sobre el caso SQM, donde uno de los imputados es un exministro de Economía de Piñera, Pablo Longueira. “Fiscales con dedicación exclusiva y con gran apoyo mediático y financiero han ido dilatando el juicio (…) La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista [por Enríquez-Ominami] por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América Latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, continúa el texto.
El lawfare es el uso de la judicatura con fines políticos. Líderes de la región como la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, se consideran sus víctimas. De hecho, el Gobierno argentino está en una guerra abierta contra el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular, a la que acusa de perseguir a Kirchner en los tribunales para proscribirla como candidata a presidente en 2023. Los términos de la disputa argentina, que se ventila en los medios, no encaja en los cánones chilenos. Por eso el rechazo a la carta del Grupo de Puebla fue general. “Desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero. “La leería como apoyo político a ME-O (Enríquez-Ominami), pero desde lo institucional su contenido es improcedente”, agregó.
La carta, dice Paz Zárate, abogada chilena experta en derecho internacional, “es una intromisión en asuntos externos”. “La protesta del gobierno chileno está totalmente justificada. El problema es que el Gobierno [de Gabriel Boric] transforma en algo personal temas de Estado. Lo último que vi es que la Cancillería estaba considerando una nota de protesta. Espero que no se quede en la consideración. Lo cortés no quita lo valiente”, agrega.
Para el analista argentino Jorge Castro, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, el problema ha sido que Fernández es el único integrante del Grupo de Puebla que está en activo. “No es simplemente alguien con opiniones de temas diversos, en este caso la tardanza en el juzgamiento de Ominami, sino que es el representante de Argentina frente a Chile. Lo que es insólito es que no parezca advertir esta cuestión elemental”, dice Castro. “Chile y el presidente Boric tienen un sentido político institucional muy marcado, tiene instituciones fuertes, entre ellas la Justicia y de esto participa todo el sistema político”, agrega.
Filtración
El incidente de la carta, con todo, es el último de una larga lista. El tropiezo más sonado fue la filtración de un audio de una reunión privada del ministerio de Relaciones Exteriores chileno, en el que se escuchaba a la ministra Urrejola protestar contra el embajador Bielsa. El enfado, que Urrejola le hizo saber a su homólogo argentino, Santiago Cafiero, se produjo luego de que Bielsa criticara el rechazo del Gobierno de Boric al proyecto minero-portuario Dominga.
“Basta. Hace lo que quiere cuando tiene ganas ¿y la explicación es que está loco?”, asegura la canciller chilena sobre el embajador Bielsa en el audio que se filtró a la prensa en medio de la cumbre de la Celac celebrada en Buenos Aires, el 24 de enero pasado. El escándalo derivó en una serie de gestos por parte de ambos países para enterrar rápidamente el episodio y traspasar el mensaje de que la relación bilateral era “excelente” y que los descargos de la canciller no empañaron el histórico vínculo “bajo ningún concepto”.
Urrejola recibió duras críticas tras la filtración que salió desde el propio ministerio de Relaciones Exteriores. La principal consecuencia pública fue la salida de la jefa de Comunicaciones de la cartera, Lorena Díaz. Uno de los reproches más frecuentes por parte de los detractores del Gobierno de Boric es la cantidad de equivocaciones que cometen derivadas de la falta de experiencia.
“El Gobierno chileno se excusó de que no hubo consecuencias porque Alberto Fernández dijo que no las había”, dice Zárate, “pero es una forma errada de verlo. No es digno para Chile tener que recurrir a que el presidente Fernández diga que no tiene relevancia, cuando en el audio se insulta gravemente al embajador de Argentina en Chile, que además es un excanciller”. Mientras el mar de fondo no se había aún calmado, llegó la carta del Grupo Puebla. Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Chile parecen no tener paz.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.