Eduardo ‘Teddy’ Bautista, en la sede de la SGAE, en septiembre de 2019.Julián RojasEl 1 de julio de 2011, cuando el reloj marcaba las 11 de la mañana, el destino de Eduardo Teddy Bautista cambió para siempre. El día antes, las elecciones en la SGAE habían vuelto a premiar a su lista, lo que auguraba que el presidente del consejo de dirección, que llevaba 34 años ocupando varios cargos en la entidad, prolongaría su reinado. Y, sin embargo, unas horas después, terminó de la forma más abrupta: Bautista fue detenido, junto con nueve personas, acusado de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal.Durante más de nueve años, la Fiscalía Anticorrupción ha intentado demostrar la existencia de una “sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de la SGAE”, presuntamente “autorizada, consentida y también impulsada por Bautista”. Por eso pide, para el músico, siete años de cárcel y una multa de 135.000 euros. Él, en cambio, siempre ha defendido su inocencia. A partir de hoy lunes, la justicia ofrecerá una respuesta definitiva: arranca en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional el proceso contra el expresidente y otros 10 acusados.El principal imputado, José Luis Rodríguez Neri, se enfrenta a la pena más alta, 12 años y medio de prisión (al igual que su exsocio Rafael Ramos) y una multa de 270.000 euros, porque también se le acusa de falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita. La fiscalía entiende que se constituyó una trama fraudulenta para desviar millones de la SGAE hacia su filial digital, SDAE, creada en 1999 y dirigida por Neri, y a una serie de empresas tapadera por servicios que en muchos casos ni se produjeron.La acusación cree que Bautista, de 77 años, auspició la salida de fondos al consentir, entre otras cosas, que la empresa Microgénesis, presidida por la mujer de Neri, María Antonia García Pombo, se encargara de varios desarrollos y herramientas tecnológicas para la SGAE. El entonces responsable de la entidad tenía “el máximo poder de decisión y ejecución”, según la investigación, tanto que los demás órganos de gobierno estaban “supeditados a sus designios”. Uno de los primeros autos de la causa hablaba de una trama “parasitaria” y sostenía que SDAE había resultado no solo “superflua” sino “nociva” para la entidad de gestión de derechos de autor. El mayor foco de la discordia es el proyecto Teseo: la acusación cree que supuso uno de los principales canales de desvío de fondos mientras que Bautista argumenta que representa uno de los pilares sobre los que todavía hoy se mantiene el funcionamiento digital de la SGAE.La investigación estima que el perjuicio causado a la SGAE alcanza los 47,6 millones de euros, y que nueve de los 11 acusados tendrían que indemnizar a la entidad con esta cantidadEntre los imputados figuran también los entonces director general y financiero de la entidad, así como la esposa, la cuñada y la hermana de Neri, y 14 empresas. La investigación estima que el perjuicio causado a la SGAE alcanza los 47,6 millones de euros, y que nueve de los 11 acusados tendrían que indemnizar a la entidad con esta cantidad.“Me han dado tratamiento de cadáver civil. Nos acusaron de que habíamos montado una trama para sacar dinero de la SGAE que iba a los que estaban fabricando herramientas para la entidad. Pero se demostró que estas sí estaban fabricadas, instaladas y que hoy están funcionando”, lamentó Bautista a EL PAÍS en 2018. Lo cierto es que la entidad tampoco olvidó nunca aquella mañana de julio. Tras la caída de su responsable, ha tenido seis presidentes distintos, perdido millones de recaudación y se ha dejado devorar por infinitas guerras internas. De ahí que todavía abunden, en su seno, los nostálgicos de aquellos años en los que la SGAE ingresaba más dinero y más respeto. En 2018, Bautista se volvió a presentar a los comicios, tras años de silencio. No salió elegido, pero la dimisión de un directivo le otorgó uno de los 35 sillones que deciden el destino de la entidad. Dimitió, sin embargo, solo tres meses después, en octubre de 2019.“Las mentiras tienen un problema: siempre hay alguien que se las cree. Yo quiero la verdad, pero también tiene su problema: es incómoda”, ha dicho BautistaEn todo caso, además de reabrirle sus puertas, la entidad a la que supuestamente habría dañado ha terminado por darle la razón. La SGAE ha pasado de solicitar hasta nueve años de cárcel para su exmandatario a retirarse como acusación particular de la causa. Y, hace unas semanas, presentó un escrito donde renunciaba a pedir penas y se apartaba por completo del caso. Sus órganos de gobierno votaron incluso a favor de realizar un informe que pueda “ayudar” a los imputados. El actual presidente, Antonio Onetti, justificó el giro con argumentos parecidos a los de Bautista: “La arquitectura del sistema que actualmente utiliza SGAE conserva la identidad de la que se hizo en aquellos momentos [antes de trascender el escándalo]. Esto significa que no hubo fraude (…)”. Aún así, si el juez concluyera finalmente que sí lo hubo, la SGAE mantiene abierta la posibilidad de ser indemnizada por “daños y perjuicios”.Dependerá de un proceso largo: el calendario de sesiones previstas llega ya hasta diciembre, cuando habrán transcurrido nueve años y medio desde que el caso arrancara. Mientras tanto, ha dado tiempo a que dos piezas separadas se desinflaran —el músico Ramoncín, acusado por unas presuntas facturas falsas, fue absuelto, y otra causa contra el propio Bautista y Caco Senante fue archivada—, pero también a que el expresidente sumara otro proceso: en febrero de 2021, se le juzgará como único imputado por el caso Arteria, donde el fiscal pide cuatro años de prisión por administración desleal, ya que ve un fraude de 30 millones en la compra por parte de la fundación de la SGAE de los teatros Lope de Vega y Coliseum de Madrid. En abril de 2018, Bautista aseguró: “Las mentiras tienen un problema: siempre hay alguien que se las cree. Yo quiero la verdad, pero también tiene su problema: es incómoda”. El juicio, a partir de hoy, establecerá para quién.
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