Asociaciones de Rosi Orozco triangularon recursos provenientes de donativos

Organizaciones relacionadas con Rosi Orozco obtuvieron en una década ingresos por más de 31 millones de pesos. Pero hay discrepancias entre sus reportes financieros y los de Hacienda, así como triangulación de recursos entre sus asociaciones de combate a la trata.

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, del retiro de las propiedades otorgadas por las pasadas administraciones federales, a la activista y exsenadora panista, Rosi Orozco, ha puesto los reflectores sobre las finanzas de sus asociaciones civiles.

A través de documentos oficiales, fue posible detectar que, aunque la activista sólo aparece inscrita en una asociación civil, otras dos organizaciones comparten el mismo domicilio fiscal y han recibido donativos por más de 31 millones de pesos desde 2009, e, incluso, han triangulado fondos entre sí.

Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como Rosi Orozco, es la fundadora de la Comisión Unidos Contra la Trata, misma que ha recibido más de cinco millones de pesos en donativos durante los últimos cuatro años, de acuerdo con los reportes anuales presentados ante la Secretaría de Hacienda.

Esta asociación comparte domicilio con la Fundación Camino a Casa, a la cual pertenece su esposo, Alejandro Orozco Rubio, y que ha obtenido cerca de 26 millones de pesos en los últimos 10 años.

En 2016, Comisión Unidos Contra la Trata declaró haber realizado un donativo de 28 mil 596 pesos a la Fundación Camino a Casa. Ésta, a su vez, hizo otro donativo a la asociación La Casa Sobre la Roca, fundada por los Orozco y registrada con la misma dirección fiscal.

Reportes SAT Rosi Orozco 2016 by Luis Alonso Pérez on Scribd

“En varias ocasiones hemos recibido donativos a comisión que han sido etiquetados para Fundación Camino a Casa, y nuestra obligación es dárselos”, explicó Rita María Hernández, directora de la Comisión Unidos Contra la Trata.

En su portal de internet, Comisión Unidos Contra la Trata reportó que en 2018 que recibió 5 millones 14 mil 930 pesos. Sin embargo, presentó otra cifra ante Hacienda: 2 millones 674 mil 182 pesos en donativos recibidos.

Margarita Zavala, exprimera dama; y Rosi Orozco, diputada federal, durante su asistencia a la ceremonia de premiación “Terminar con la Esclavitud depende de todos” organizada por el Imjuve en 2010. (Foto Cuartoscuro / Misael Valtierra)

A pesar de que la asociación reportó que alrededor de la mitad de sus recursos son utilizados directamente para dar atención a sobrevivientes de trata, los informes de Hacienda revelan que en 2016, cerca del 80 por ciento de ese dinero se destinó al pago de sueldos, honorarios y aportaciones patronales, siendo que reportaron tener tan solo cinco empleados en nómina.

“Un refugio, en donde se atienden a víctimas de violencia y de trata de personas, necesariamente tiene que tener especialistas para atenderlos; cuidadoras de tiempo completo, por lo menos dos, de día y de noche, dependiendo del número de niñas, una psicóloga, una trabajadora social, una maestra, tutoras”, sostuvo Rita María Hernández.

Para la diputada tlaxcalteca, Adriana Dávila, Rosi Orozco ha utilizado sus agrupaciones de defensa a víctimas de trata para obtener notoriedad social y política, una práctica que considera “un proceso de trata con fines de explotación política”.

En 2014, Rosi Orozco, presidenta de Comisión Unidos Contra la Trata A.C. es acompañada de Eruviel Ávila , exgobernador del Estado de México, durante la ceremonia donde recibió la “Paloma de Plata”por parte Joaquín Quintana, presidente de la asociación civil Convivencia Sin Violencia, presea que se otorga por su activismo y lucha en contra de la trata de personas. (Foto: Cuartoscuro / Guillermo Perea)

“En el caso concreto de los últimos seis años, yo denuncié el uso, incluso, electoral que se estaba dando. Vimos a Rosi en muchos de los lugares, haciendo campaña a favor de candidatos”.

Las finanzas de las asociaciones de Rosi Orozco y su familia continúan bajo escrutinio de la diputada federal, mientras que las propiedades facilitadas por las administraciones de Calderón y Peña Nieto están próximas a ser retiradas de su poder.

 

 




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