A pesar de que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha reducido el gasto en publicidad oficial, aún persisten malas prácticas en la asignación y distribución de la pauta, señalaron la organización Article 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
De acuerdo con el Sistema de Comunicación Social (Comsoc), en los tres primeros años de este sexenio se han gastado 8 mil 648 millones de pesos en publicidad oficial, 26 mil millones de pesos menos que lo ejercido en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, en el 2021 el gobierno federal ejerció 2 mil 459 millones de pesos (mdp) en publicidad oficial, de un total de 3 mil 50 mdp que se aprobaron, es decir, dejaron de gastar el 19% de los recursos autorizados por el Congreso.
“Lo anterior no necesariamente es positivo, pues son recursos que se destinaron para comunicar cuestiones relevantes a la población, y que posiblemente debido a la falta de una adecuada planeación, dejaron de ejercerse”, señalaron las organizaciones a través de un comunicado.
Las organizaciones destacan malas prácticas como falta de criterios en función de la idoneidad, la equidad y la transparencia en la asignación, lo que provocan que pocos medios se lleven la mitad del presupuesto establecido para publicidad oficial.
También señalan que persiste una mala planeación en el ejercicio del gasto, como es el caso del “gasto decembrino”, que tanto en los gobiernos de Calderón como en el de Peña Nieto también sucedía.
Durante los primeros tres años de este sexenio es notable cómo se concentra el gasto en el mes de diciembre . En 2019 el 83.82% (3 mil 105 millones) del presupuesto total en publicidad oficial se ejerció en diciembre; en 2020 el 69.06% (mil 715 millones) se gastó en el último mes del año; y en 2021 el 77.06% (mil 895 millones) de los recursos se ejecutaron, igualmente, en diciembre.
En cuanto al gasto en publicidad oficial ejercido por instituciones del gobierno federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (2,286 mdp), la Secretaría de Gobernación (1,440 mdp) y Pronósticos para la Asistencia Pública (891 mdp) son las dependencias que más recursos han ejercido en los tres primeros años de este gobierno.
“Es importante señalar que las 10 instituciones, de un total de 137, que más recursos ejercieron en publicidad oficial en la mitad del sexenio concentran el 80.92% (6 mil 998 millones) del total general. Mientras que las 127 instituciones restantes agrupan el 19.08% (mil 650 millones)”, señala el estudio divulgado este martes.
Respecto a los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca y La Jornada son los que más recursos recibieron en la primera mitad del sexenio. Entre los tres suman 2 mil 552 millones de pesos, es decir el 29.52% del total general. Televisa ha recibido 933 millones; TV Azteca 848 millones; y La Jornada 771 millones.
De 778 medios que recibieron publicidad oficial de 2019 a 2021, 10 de ellos concentran el 50.01% (4 mil 325 millones) de los recursos. Mientras que los 768 restantes el 49.99% (4 mil 323 millones). Lo cual refleja la persistencia en la concentración de los recursos en unos cuantos medios de comunicación, tal como lo hemos señalado en anteriores ocasiones.
“Por todo lo expuesto anteriormente, es importante continuar en la exigencia al Congreso de la Unión de regular debidamente la publicidad oficial, obligación que ha incumplido desde el 2014”, denuncia el estudio.
Las organizaciones recordaron que, con la reforma constitucional en materia político electoral aprobada aquel año, el artículo Tercero transitorio ordenaba al Congreso regular el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en lo que respecta al gasto de comunicación social.
“Ello ha dado lugar a un largo litigio ante los tribunales federales. A la fecha, a pesar de dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenan la debida regulación de la publicidad oficial, ésta no se ha llevado a cabo”.
Finalmente, destacaron que ha pasado casi un año de la última sentencia del Máximo Tribunal del país en la que ordenaba establecer criterios claros y objetivos de asignación dentro de la vigente Ley General de Comunicación Social, pero el Congreso de la Unión ha incurrido en incumplimiento, por lo que exigieron que cumpla con el fallo.
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