El caso Villarejo ha alumbrado una nueva batalla, esta vez entre la Fiscalía Anticorrupción y el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgara la trama, ante la proximidad de la puesta en libertad del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El antiguo agente de la Policía Nacional, epicentro de la macrocausa y en prisión provisional desde noviembre de 2017, saldrá previsiblemente de la cárcel en solo ocho meses a menos que antes se dicte una sentencia contra él (tal y como pretendía el ministerio público). Una posibilidad que resulta imposible a día de hoy, pues los magistrados han juntado en una única vista oral las tres primeras partes a enjuiciar y han fijado su inicio el 13 de diciembre de 2021.
A través de un contundente auto firmado este martes, los tres componentes del tribunal —Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Javier Echarri— han dejado ver su malestar por el recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de anular la prisión provisional del comisario jubilado en las tres líneas de investigación que se han dado por finalizadas y que se analizarán juntas en ese primer macrojuicio. Esa medida no implica que Villarejo quede ya libre, pues aún sigue vigente su encierro preventivo para el resto de la macrocausa que permanece en instrucción. Pero, según argumenta Anticorrupción en su escrito, sí supone que esa primera vista oral deje de tener carácter “preferente” frente a otras. Lo que impide, por tanto, adelantar su señalamiento y tratar de evitar así que se superen los cuatro años máximo que, según la ley, se puede permanecer en prisión provisional.
El ministerio público, que apostó por la división de la causa en varias piezas separadas para conseguir condenar a Villarejo en una de ellas mientras proseguía con el resto de la instrucción, ha calificado como “opción no responsable” la decisión de la Audiencia. La Fiscalía añadió en su recurso, además, que la resolución del tribunal no había sido “suficientemente motivada”. Apostilló que “resulta improcedente al no haber desaparecido el riesgo de fuga y de reiteración delictiva” de Villarejo. Y, también, insistió en que las conductas que se van a enjuiciar en esta primera vista oral “reflejan una especial intensidad criminal” y sentará en el banquillo a “destacados integrantes de la organización criminal, lo que exige valorar el riesgo de comisión de nuevos hechos delictivos” del comisario jubilado.
Una argumentación que rechazan los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que no admiten el recurso y que lanzan varios reproches a Anticorrupción. Le responden que, en ninguna de las tres piezas que se van a juzgar —bautizadas como Pintor, Iron y Land—, ha formulado acusación por organización criminal. “Y lo que no puede pretender es marcar la agenda de señalamientos de la Sala. Primero, porque desconoce por completo la relación de causas pendientes. Y segundo, porque desconoce las disponibilidades materiales de las salas de enjuiciamiento hábiles, capaces de suportar un juicio oral de las características como el que nos ocupa”, arremete el auto.
El instructor no envió a juicio las dos primeras líneas de investigación (Pintor y Iron) hasta el 13 de julio de 2020. Y para cuando se recibieron, según expone el tribunal, ya se contaba con anterioridad con otras causas preferentes con preso pendientes de juzgar; otras, cuyos juicios habían comenzado y no podían interrumpirse; y otras, que no tenían a ningún acusado en prisión provisional, pero cuyas vistas orales se suspendieron el pasado año por la pandemia. Todo ello, añaden entonces los magistrados, impedía celebrar ningún juicio contra Villarejo hasta, “como muy pronto”, finales de octubre o noviembre de este 2021. “Por lo que resultaba ciertamente imposible y poco probable que hubiera recaído sentencia con anterioridad a la finalización del plazo máximo de prisión (3 de noviembre de 2021), pretendiendo con ello la Fiscalía trasladar dicha carga procesal de manera incomprensible a la Sala”, escriben los jueces.
La vista fijada por la Audiencia Nacional para el 13 de diciembre sentará en el banquillo por tres piezas distintas a 27 personas, algunas acusados en varias de ellas. Pintor tiene 14 procesados y en ella se investigó el supuesto encargo que el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, y su hermano hicieron al comisario para espiar a un exsocio y a su abogado. Iron, con 14 acusados, versa sobre otro encargo por parte del bufete de abogados Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival. Land, con 7 acusados, aborda la guerra familiar de los Cereceda, impulsores de la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Por todas ellas, se pide a Villarejo más de 100 años de cárcel.
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