Biden: “La violencia armada es una epidemia en Estados Unidos”

El presidente de EE UU, Joe Biden.
El presidente de EE UU, Joe Biden.OLIVER CONTRERAS / POOL / EFE

En menos de una semana, Estados Unidos vivió el mes pasado dos tiroteos, en Georgia y Colorado, que dejaron cerca de 20 muertos, lo que ha puesto una enorme presión sobre una Administración que durante su campaña electoral prometió abordar el control de las armas de fuego. Así, y ante la inactividad de un Congreso que no logra ponerse de acuerdo para legislar sobre este asunto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves una serie de medidas ejecutivas que buscan, en primer lugar, frenar la proliferación de armas que se fabrican en casa y son conocidas como ghost guns (armas fantasma).

Biden compareció ante la prensa desde el Rose Garden de la Casa Blanca para declarar que lo que vivía Estados Unidos con la violencia armada era “una epidemia” con la que había que acabar. “Basta ya”, dijo el mandatario, que aseguró que la nación estaba frente a una emergencia de salud pública. Biden quiso poner sobre la mesa datos y recordó que entre el tiroteo de Georgia y el de Colorado, que sucedieron ambos en menos de una semana, en EE UU hubo 850 tiroteos que dejaron 250 muertos y más de 500 heridos.

Estas armas se pueden construir en poco más de media hora con una serie de piezas que puede adquirir el usuario por separado. Una vez ensamblada es igual que cualquier otra comprada en el mercado, pero la diferencia es que es imposible de rastrear porque no tiene número de serie como las que están registradas. El presidente se dispone a ordenar al Departamento de Justicia que en 30 días presente un plan para “ayudar a frenar el incremento” de este tipo de armamento.

En un plazo de 60 días, el mandatario también va a ordenar al Departamento de Justicia a que regule además unos dispositivos (arm brace) con forma de arandela por donde se puede meter el brazo y que al acoplarse al arma les da más precisión. El autor del tiroteo en un supermercado de Boulder (Colorado), que causó 10 muertos hace dos semanas, usó uno de estos artilugios en su matanza.

Nuevo director de la oficina para el control de armas

Otro de los anuncios importantes que el mandatario planea hacer este jueves desde la rosaleda de la Casa Blanca es nombrar a David Chipman para dirigir la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, siglas en inglés), una de las audiencias de confirmación más difíciles en el Senado, dividido 50-50. Chipman es un exagente de la ATF que en los últimos años ha defendido desde el sector privado la regulación de las armas. Este nombramiento jugará un papel determinante en cualquier acción ejecutiva que tome la Administración.

Aunque su confirmación en el Senado puede ser muy dura. Desde que se decidió que este cargo tenía que ser ratificado por el Senado, la ATF ha tenido la mayor parte del tiempo directores pendientes de confirmar. Todd Jones fue ratificado director por el Senado en 2013 tras muchos años de ejercer sin ese título. Desde que Jones dejó el cargo en 2015, los dos siguientes directores han actuado sin ser confirmados por el Senado.

Las medidas de Biden llegan en un momento en el que las ventas de armas se han disparado en medio de la pandemia, durante el largo verano de disturbios debido a las tensiones raciales y la victoria del presidente en noviembre de 2020, durante cuya campaña electoral prometió un acercamiento directo y agresivo para reducir la violencia que provocan las armas. El año 2020 marcó un récord en homicidios con armas en EE UU, según fuentes de la Administración.

La Casa Blanca también va a pedir al Departamento de Justicia que establezca un modelo de legislación llamado de “bandera roja” para los Estados, que permite a los familiares o a las fuerzas del orden solicitar una orden judicial que prohíba temporalmente a las personas con problemas el acceso a las armas de fuego si representan un peligro para ellos mismos o para los demás.

Además de estas medidas, Biden declarará, según avanzó la Casa Blanca, un aumento de la financiación de las iniciativas destinadas a reducir la violencia urbana, dotando programas por valor de 5.000 millones de dólares en los próximos ocho años.

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