Joe Biden ha elegido la playa de Kiawah Island, en Carolina del Sur, para pasar unos días de vacaciones. Tendrá que interrumpirlas, pero lo hará con gusto. A la ley de Reducción de la Inflación, su proyecto estrella, ya solo le falta su firma. Tras la sesión maratoniana del Senado que le dio luz verde el pasado domingo, la Cámara de Representantes ha aprobado este viernes la norma con los votos de los demócratas y la oposición republicana.
La aprobación de la Cámara Baja se daba por descontada. Los demócratas tienen en ella una mayoría sin fisuras. Los obstáculos estaban en el Senado, donde dos senadores díscolos ponían en riesgo la aprobación del proyecto. Tras varias concesiones, una ley algo disminuida salió adelante y ahora ya tiene el aprobado definitivo de todo el Congreso.
La ley de Reducción de la Inflación ha llegado a tiempo. Aunque sus medidas no van a tener ningún efecto significativo sobre los precios a corto plazo, se aprueba justo cuando la gasolina da un respiro y la inflación parece haber tocado techo. Su denominación es política, no técnica, pero supone una baza para los demócratas de cara a las elecciones legislativas del 8 de noviembre.
Mientras la atención republicana está en torno al expresidente Donald Trump y sus problemas judiciales, los demócratas sacan adelante un plan con incentivos a las energías renovables, subidas de impuestos a las grandes empresas y rebaja de costes médicos como principales ingredientes. Está por ver si eso les servirá para remontar en las encuestas, que dan por casi seguro que los demócratas perderán el control de la Cámara de Representantes y probablemente también del Senado.
La norma aspira a movilizar unos 430.000 millones de dólares en 10 años y a generar ingresos por unos 740.000 millones, aunque se trata de estimaciones. Se queda lejos de las ambiciones del plan inicial de Biden, el Build Back Better, de 3,5 billones o de su versión descafeinada, que naufragó en el Senado por el rechazo del senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin.
El grueso del programa de gasto va a fomentar las energías verdes con cerca de 370.000 millones de dólares en gastos e incentivos fiscales en 10 años para impulsar las energías limpias con el objetivo de reducir en un 40% para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero. Bruselas ha denunciado que la norma discrimina al coche eléctrico europeo con sus estrictas normas sobre aprovisionamiento (que vetan materiales chinos) y ensamblaje (que debe hacerse en Estados Unidos). En la práctica, pese a los incentivos, esas restricciones pueden frenar el despliegue del coche eléctrico, pues la mayoría de modelos disponibles no cumplen esos requisitos, según ha denunciado la patronal del sector, que asegura que ni un solo coche disponible cumple al 100% las exigencias, de modo que los 7.500 dólares son solo una ayuda sobre el papel, pero no efectiva.
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La norma fija un límite por el que los beneficiarios de Medicare, el seguro público para los mayores de 65 años, principalmente, no podrán pagar más de 2.000 dólares anuales en fármacos, lo que favorecerá sobre todo a aquellos con enfermedades crónicas o muy graves. Además, Medicare podrá negociar directamente con las grandes farmacéuticas los precios de los medicamentos, lo que se espera que redunde en una rebaja. Sin embargo, no se aplicará a todos los medicamentos y no entrará en vigor hasta 2026. El límite al precio de la insulina, que exigía una mayoría reforzada, se cayó en el Senado por la oposición republicana.
Todo eso se financia principalmente con una reforma fiscal para las grandes empresas. Establece un impuesto mínimo del 15% para las compañías que declaren en sus cuentas un beneficio de más de 1.000 millones de dólares, pero que utilizan deducciones, créditos fiscales y otras maniobras de ingeniería fiscal para reducir sus tipos impositivos e incluso librarse de pagar impuestos sobre beneficios. Se impone también una tasa del 1% a las recompras de acciones propias. Los directivos de fondos especulativos y las firmas de capital riesgo han logrado salir casi indemnes de las medidas fiscales que les amenazaban gracias al apoyo de la senadora demócrata por Arizona Kyrsten Sinema.
La ley refuerza los recursos del Internal Revenue Service (IRS), la agencia tributaria, con 87.000 millones. Los republicanos han alimentado bulos de que eso se va a destinar a inspectores que persigan a los ciudadanos, “como han hecho con Trump en Mar-a-Lago”, llegan a decir. Lo cierto es que esos fondos van a reponer bajas, reforzar los servicios administrativos, de atención al contribuyente y la lucha contra el fraude en las grandes empresas. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se ha comprometido a no aumentar la presión inspectora contra las familias con rentas de menos de 400.000 dólares anuales ni contra las pymes.
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