Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, han conversado este martes por teléfono durante cerca de una hora, en la que han tratado sobre los inminentes cambios migratorios en EE UU y han reiterado su compromiso con una gestión “humana y ordenada” de los flujos de personas. También han abordado el tráfico de drogas y armas y la cooperación para el bienestar, según ha indicado en un tuit el propio líder mexicano.
La llamada, la primera en seis meses entre los dos presidentes, se produce apenas dos días antes de que expire en Estados Unidos la medida conocida como “título 42″, impuesta durante el mandato de Donald Trump y que facilitaba las expulsiones rápidas de migrantes irregulares, sin que las autoridades llegaran a aceptar las solicitudes de asilo de los recién llegados, con el argumento de impedir la propagación de la covid. Con esa desaparición, los migrantes pueden volver a tramitar sus solicitudes de asilo por la vía judicial, en procesos que pueden tardar años en resolverse pero durante los cuales el peticionario permanece en suelo de EE UU. Al mismo tiempo, comenzará a aplicarse otra medida, el título 8, que permitirá las expulsiones rápidas de aquellos cuyas solicitudes no sean admitidas a trámite. Las autoridades estadounidenses anticipan que a partir del viernes miles de inmigrantes intentarán la entrada para probar su suerte y prometen una respuesta “humana” y “ordenada”.
Los dos líderes, según apunta la Casa Blanca en un comunicado, abordaron “sus esfuerzos para fortalecer la relación bilateral, incluida la importancia de reforzar la cooperación entre Estados Unidos y México para gestionar la migración sin precedentes en la región”. Con este fin, agrega el comunicado, abordaron “una estrecha coordinación entre las autoridades fronterizas y medidas contundentes (para hacer respetar la frontera) en preparación para una vuelta al título 8… que implica consecuencias más duras para los expulsados que para los que lo han sido bajo el título 42″.
Biden y López Obrador subrayaron, agrega el texto, el valor de una gestión migratoria “de modo humano y ordenado, con vías legales ampliadas y consecuencias para la migración irregular. También confirmaron el compromiso compartido para gestionar las causas de la migración en América Central” y la “urgencia” de reducir de manera efectiva la aglomeración de migrantes en la frontera norte mexicana.
En un país profundamente polarizado y donde la inmigración es una de las cuestiones más divisorias, la oposición republicana, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus grandes banderas electorales, reclama mano dura y asegura que “las barreras están a punto de romperse”. Algunos congresistas de este partido hablan de la entrada de un millón de personas en los próximos tres meses.
La Administración estadounidense sostiene que ha ido tomando medidas para asegurarse de que la situación estará bajo control en todo momento. Ha establecido centros de alojamiento temporales, ha llegado a acuerdos para la tramitación de solicitudes de asilo en Colombia y Guatemala, de modo que los migrantes no deban emprender largos y peligrosos viajes para llegar a la frontera mexicana para presentar sus casos, y ha pactado medidas para aceptar un mayor número de permisos de estancia, 30.000 mensuales, para ciudadanos de varios países americanos, desde Haití a Venezuela. Pero esos permisos siguen siendo aún muchos menos que el número de personas de esas nacionalidades que quieren llegar a EE UU.
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El título 42 se verá reemplazado por el Título 8, que permite la solicitud de asilo si el interesado consigue demostrar que sufriría persecución o torturas de regreso en su país, pero autoriza la deportación rápida de los demás y les prohíbe la entrada en Estados Unidos durante cinco años tras la expulsión. La semana pasada, la Administración Biden anunció también el envío de 1.500 soldados para tareas de refuerzo a la guardia fronteriza.
El anuncio del fin de la medida -implementada en marzo de 2020 con el inicio de la pandemia en América- ha causado que cientos de miles de migrantes de diferentes nacionalidades se vuelquen hacia las fronteras de México con Estados Unidos para tratar de ingresar al territorio estadounidense.
Fiel a su estilo, tras la llamada con su homólogo estadounidense, el presidente de México publicó un mensaje en redes sociales en que informó de manera breve que conversaron durante una hora y hablaron sobre migración, cooperación para los países más pobres (y que son los principales emisores de migrantes) y el tráfico de armas. “Somos buenos vecinos y amigos”, aseguró en la publicación en la que adjuntó una fotografía tomada durante la llamada.
Los dos líderes abordaron también la lucha contra el tráfico de armas y contra el fentanilo, uno de los mayores irritantes en la relación bilateral. Estados Unidos padece una auténtica epidemia de uso de este opioide sintético-de las cerca de 110.000 muertes por sobredosis en 2021 en este país, más de dos tercios estuvieron causadas por esa droga- y señala a México como la fuente desde donde llega esta sustancia. El presidente mexicano, por su parte, rechaza que el fentanilo que entra en Estados Unidos se fabrique en su país.
Ambos líderes aludieron a recientes “esfuerzos mejorados y acelerados para luchar contra el tráfico de armas y de fentanilo mediante el desmantelamiento de redes delictivas” y Biden, según la Casa Blanca, expresó su compromiso a usar “todas las herramientas disponibles” para atajar el tráfico de armas y reducir el flujo de armas de fuego hacia México. “Los líderes también reafirmaron su compromiso a modernizar la frontera compartida y prmover un crecimiento económico inclusivo”.
A un año y medio de las elecciones en Estados Unidos, las posturas de la clase política en Washington sobre el tráfico de fentanilo se han endurecido. Congresistas del ala dura del Partido Republicano proponen designar como grupos terroristas a los carteles mexicanos, lo que abriría el camino para que el gobierno de EE UU pudiera desarrollar operaciones militares en suelo mexicano para capturar a los narcotraficantes. La Casa Blanca no contempla esta posibilidad, pero insiste en que México debe hacer más.
Precisamente, este martes el Departamento del Tesoro ha anunciado la imposición de nuevas sanciones contra uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, tres miembros más del cártel de Sinaloa y dos empresas más por su papel en el tráfico de droga hacia Estados Unidos.
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