El Partido Republicano de Estados Unidos ha emprendido una cruzada contra la inversión con criterios sostenibles. La empezaron Estados republicanos como Texas y Florida, pero esta semana ha llegado hasta el Capitolio como parte de la guerra cultural que polariza el país. La Cámara de Representantes y el Senado han aprobado impedir a los gestores de fondos de pensiones guiarse por criterios de medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG, por sus siglas en inglés). El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá que usar por primera vez su poder de veto para impedir que esa decisión se aplique.
Para el mundo de la gestión de activos, los criterios de inversión sostenible ayudan a identificar riesgos y oportunidades a medio y largo plazo que no aparecen reflejados en los balances y cuentas de resultados. Numerosas empresas los han adoptado para mejorar sus prácticas. Para la mayoría de los políticos republicanos, en cambio, los criterios ESG son una forma de imponer una agenda progresista por la puerta de atrás. Lo importante para ellos es maximizar el beneficio y lo demás son milongas de capitalismo woke, como lo denominan despectivamente, en referencia a quienes supuestamente han despertado (woke) ante las injusticias y los problemas sociales y se disponen a combatirlos.
En Estados Unidos, la legislación sobre los fondos de pensiones establece que los gestores deben preocuparse de la rentabilidad que logran para los partícipes a la hora de distribuir los activos. En la era de Donald Trump se prohibió expresamente a los gestores de estos planes tener en cuenta factores como el cambio climático o asuntos de gobierno corporativo (como demandas judiciales pendientes) a la hora de tomar decisiones de inversión.
Con Biden en la presidencia, sin embargo, se levantó esa prohibición al calor de las corrientes del capitalismo corporativo y la gestión de activos que valoran la sostenibilidad (ambiental, social y corporativa) y que perciben la función de la empresa como algo más que la mera maximización del beneficio a toda costa.
Por ello, una norma dictada por el Departamento de Trabajo ha permitido a los gestores de fondos de pensiones tener en cuenta criterios ESG junto a los financieros a la hora de decidir en qué invierten, siempre y cuando sea en beneficio de los partícipes. La norma no obliga, simplemente permite a un gestor tener en cuenta esos criterios.
Capitalismo ‘woke’
Aun así, los republicanos lo han convertido en anatema. Han declarado que los criterios ESG son capitalismo woke y le han declarado la guerra a lo woke, así que han puesto en el disparadero a la inversión sostenible. Con su nueva mayoría en la Cámara de Representantes votaron el martes a favor de derogar esa norma del Departamento de trabajo, y después han conseguido atraerse a dos demócratas para lograr también el respaldo del Senado por 50 votos a 46 este miércoles. Para derogar una regulación dictada por un organismo gubernamental basta la mayoría simple.
Los dos senadores demócratas que se han unido a los republicanos han sido el díscolo habitual, Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Jon Tester, de Montana. Ambos se juegan la reelección en 2024 (si se presentan) en Estados con electorados conservadores. Manchin ha alegado que la norma penaliza al sector de los combustibles fósiles, importante para Virginia Occidental. Con la guerra de Ucrania, las petroleras se dispararon en Bolsa el año pasado, haciendo que los fondos gestionados con criterios sostenibles tuvieran una rentabilidad menor que los que no los aplican.
La votación del Congreso contra los criterios ESG es más cosmética o simbólica que otra cosa, una bofetada a la inversión sostenible. No solo porque se enfrentará al veto presidencial sino también porque en la práctica los gestores no tienen que dar cuenta de las razones por las que consideran que una inversión es la mejor desde el punto de vista financiero y en su análisis pueden implícitamente considerar todo tipo de factores, aunque estén subordinados a la rentabilidad.
BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, es uno de los abanderados de los criterios ESG, como su jefe, Larry Fink, ha puesto reiteradamente de manifiesto. Los gobiernos republicanos de Florida, Texas, Louisiana y Carolina del Sur han castigado a la firma retirando sus fondos de la misma por abrazar esos criterios. Más de una docena de Estados republicanos están promoviendo leyes antiESG que impiden que se gestionen fondos públicos con esos criterios o que se concedan licitaciones a empresas que los apliquen de forma que consideren discriminatoria. Texas, por ejemplo, pretende defender con ello a su potente sector de hidrocarburos.
“Los criterios ESG y la sostenibilidad han sido objeto de una mayor atención regulatoria en todas las jurisdicciones”, advierte BlackRock en su último informe anual. “Algunos estados o cargos estatales de Estados Unidos han aprobado o propuesto leyes o han adoptado posturas oficiales que restringen o prohíben a las entidades públicas estatales hacer ciertos negocios con entidades identificadas por el estado como “boicoteadoras” o “discriminatorias” contra determinados sectores o que tienen en cuenta factores ESG en sus procesos de inversión y votación en las juntas. Otros estados y localidades pueden adoptar una legislación similar u otras leyes y posiciones relacionadas con los criterios ESG”, añade en el documento registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC).
Grupos de presión han puesto en el punto de mira a los defensores de los criterios sostenibles de inversión. Uno de los candidatos republicanos a las primarias para la presidencia, el multimillonario Vivek Ramaswamy, ha convertido en la lucha contra el capitalismo woke y los criterios ESG en el eje de su campaña. El papel de Ramaswamy es marginal, pero un credo similar lo abrazan numerosos republicanos, incluidos Donald Trump y Ron DeSantis, gobernador de Florida, que suenan como favoritos para la nominación.
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