Una comisión independiente, probablemente presidida por un juez, comenzará a investigar el próximo año, no más tarde de abril de 2022, la gestión y respuesta del Gobierno del Reino Unido y las instituciones británicas frente a la pandemia. Casi 130.000 personas han muerto por la covid-19 en el país, una de las tasas más altas del mundo. La presión de los partidos de la oposición, y de los familiares de las víctimas, han forzado a Boris Johnson a realizar este miércoles el anuncio en la Cámara de los Comunes. El primer ministro había admitido en ocasiones anteriores la necesidad de repasar los eventos del último año e intentar aprender las lecciones del pasado, pero hasta ahora no había puesto fecha a ese empeño.
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La amenaza de su antiguo asesor e ideólogo del Brexit, Dominic Cummings, de revelar ante el Parlamento todos los detalles de la caótica respuesta del Gobierno al inicio de la crisis, cuando comparezca a finales de mayo, ha llevado a Johnson a intentar tomar la iniciativa. “Esta investigación deberá tener la capacidad de analizar todo lo sucedido durante el último año a la fría luz del día, e identificar aquellos factores clave que logren marcar la diferencia en el futuro”, ha dicho Johnson. “Tendrá libertad para reclamar y escrutar cualquier documento, y escuchar la versión de los actores clave, para analizar y aprender de lo que fue nuestra respuesta”.
El Gobierno británico todavía teme la llegada de una posible nueva ola del virus a partir del próximo otoño. A pesar del éxito de la campaña de vacunación, que ha proporcionado ya al menos una primera dosis de inmunización a 56 de los 66 millones de habitantes del país, la pandemia no ha concluido. Por ese motivo, Johnson ha anunciado una prórroga de casi un año hasta que la comisión de investigación comience sus trabajos, a pesar de que los familiares de las víctimas reclamaban que se pusiera en marcha antes del verano. Se creará bajo el amparo de la Ley de Investigaciones de 2005, que concede amplias capacidades a este tipo de comisiones. Fue con esa normativa con la que se produjeron, por ejemplo, el Informe Chilcot, sobre la participación del Reino Unido en la Guerra de Irak, o el Informe Leveson, sobre las prácticas y ética de la prensa británica, después del escándalo de las escuchas protagonizado por los periódicos del magnate Rupert Murdoch.
Este tipo de investigaciones suelen prolongarse una media de dos o tres años, y tienen una naturaleza cuasi judicial, por su capacidad para forzar la comparecencia de testigos, reclamar cualquier tipo de documentos y permitir que los comparecientes acudan a declarar en compañía de sus abogados. El cálculo del anuncio, con el retraso previsto antes de que comiencen los trabajos y su prolongación en el tiempo, permitirán que el Partido Conservador llegue a las próximas elecciones generales, previstas para mayo de 2024, sin que las principales conclusiones -previsiblemente dañinas- se hayan hecho públicas.
Dos o tres años
Aunque la comisión tenga plena independencia, según establece la ley, la decisión sobre quién la preside y los términos exactos de su mandato corresponde al Gobierno. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha exigido a Johnson que nombre a una persona plenamente independiente y consulte con la Cámara de los Comunes la definición y el marco de la investigación, “porque debe tener la confianza plena de esta Cámara y todas las preguntas clave deber ser preguntadas y contestadas”, ha dicho.
Las vacilaciones iniciales de Downing Street al principio de la pandemia, cuando jugó incluso con la idea de permitir que el virus se extendiera sin control para que el Reino Unido adquiriera “inmunidad de grupo”; la tragedia de las residencias de mayores, donde muchas personas contagiadas fueron devueltas desde los hospitales: o la externalización del sistema de localización y rastreo, uno de los fracasos más notorios de la gestión, formarán parte de una investigación que Johnson ha intentado retrasar en la medida de lo posible, aunque fuera consciente de que tarde o temprano llegaría.
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