La creciente presión policial en el Campo de Gibraltar ha desplazado parte de la actividad ligada con el narcotráfico a otros puntos del litoral andaluz. Uno de ellos es la Axarquía malagueña, una comarca rural plagada de aguacates y viñedos que, ahora también acoge almacenes para ocultar el hachís (conocidos como guarderías) y narcoembarcaderos. La zona ha sido elegida por organizaciones criminales nacionales e internacionales que ven allí una forma de pasar desapercibidos mientras hacen negocios. Pero no siempre les salen bien: la Guardia Civil ha detenido a 47 personas ―entre ellos, menores de edad― y otras tres están siendo investigadas en una actuación coordinada en la que se ha desmantelado a tres bandas dedicadas al tráfico de drogas. Una de ellas lo hacía repartiendo cocaína a bordo de una furgoneta de Correos y otra enviaba hachís en tabletas con picadura de tabaco a Europa.
Playas vírgenes con salida directa a carreteras, un laberinto de caminos rurales, menor presencia policial y una creciente implicación de la población local en la actividad han facilitado que el narcotráfico crezca en la Axarquía malagueña, donde el pasado verano incluso se halló un dron con capacidad para trasladar hasta 150 kilos de droga entre las costas de Marruecos y Andalucía. “Hay organizaciones afincadas en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar que están desplazando aquí su actividad, pero también otros grupos locales que han aumentado su actividad o incluso grupos itinerantes: pasan aquí un año, realizan varios negocios y se van a otra zona”, explican fuentes policiales, que subrayan que unos y otros se asientan en la capital de la comarca, Vélez-Málaga (81.643 habitantes), pero también en pequeños municipios del entorno, como Árchez (385 habitantes).
En otro de ellos, Torrox (17.234 habitantes), la Guardia Civil detectó en otoño de 2020 la existencia de una vivienda dedicada a la venta de droga, especialmente cocaína. Ahí arrancó la llamada Tolick, que se ha dado por finalizada. El suministrador y máximo responsable de una organización dedicada al narcotráfico resultó ser el gerente de un club de alterne de Vélez-Málaga. Según las investigaciones, el intercambio se realizaba a través del trabajador de Correos. Uniformado y con la furgoneta rotulada de la compañía, adquiría la droga, la transportaba en el vehículo y luego la repartía en pequeñas dosis a sus clientes. Los paquetes se ocultaban entre los demás repartos diarios para no levantar sospechas, lo que además le facilitaba desplazarse entre localidades de la zona en tiempos de cierres perimetrales por la crisis sanitaria.
Tras las primeras detenciones, dicha investigación permitió también conocer la existencia de otra banda que se dedicaba principalmente a vender hachís y marihuana en la comarca malagueña. Todos fueron detenidos, aunque a sus miembros también se les han imputado los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas por diversos ajustes de cuentas contra miembros de organizaciones delictivas de la zona.
Y a raíz de esos arrestos, la Guardia Civil pudo desarticular una tercera organización criminal. En este caso sus integrantes se dedicaban a importar grandes cantidades de hachís desde Marruecos para luego exportarlo a Portugal, Francia e Italia. Para ello, picaban la droga con una potente máquina trituradora que la mezclaba con picadura de tabaco. El resultado era una tableta compacta ―y muy novedosa para los investigadores― que se enviaba al resto de Europa.
A lo largo de las tres actuaciones desarrolladas dentro de la operación Tolick se han realizado hasta 25 registros domiciliarios. En ellos se han intervenido un amplio muestrario de drogas: 188 kilos de hachís y otros seis de polen de hachís, 131 kilos de marihuana, 600 gramos de aceite de hachís, 108 gramos de cocaína, 21 gramos de MDMA, 1,4 gramos de sustancia de corte y 91 kilos de tabaco. Además, se han desmantelado dos plantaciones indoor de marihuana en las que había 726 plantas. Además, los agentes encontraron seis escopetas, varias armas de fuego simuladas, armas blancas prohibidas, 37.000 euros en metálico y varios vehículos. También, por orden judicial, se han bloqueado cinco fincas en la comarca con una extensión de 10,5 hectáreas, así como seis productos financieros.
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