La búsqueda de soluciones a la crisis de la vivienda que padece California, directamente relacionada con el crecimiento descontrolado de la población sin hogar, comienza a trasladarse a las leyes. El gobernador del Estado, el demócrata Gavin Newsom, está firmando estos días una serie de leyes que deben servir para controlar la escalada de precios de la vivienda que está asfixiando a la clase media. El martes, firmó una ley que presentó como “la protección de los inquilinos más fuerte del país a nivel estatal”. La ley limita la subida del alquiler a un 5% anual más la inflación, además de establecer una serie de “causas justas” por las que se puede echar a un inquilino.
“Alrededor de un tercio de los arrendatarios de California pagan más de la mitad de sus ingresos en el alquiler y están en riesgo de tener que dejar su casa”, dijo el gobernador Newsom en un comunicado. “Una herramienta esencial para combatir esta crisis es proteger a los inquilinos de las subidas repentinas del alquiler y los desahucios”.
La ley echa a andar el 1 de enero próximo y estará en vigor 10 años. Los inquilinos solo podrán ser desahuciados si dañan la casa, si fallan en los pagos, si el dueño quiere vivir en la casa, acometer una gran reforma o sacar la vivienda del mercado. Se calcula que afectará a unos ocho millones de inquilinos, según The Sacramento Bee. No protege a los inquilinos de casas unifamiliares cuyo arrendador es un pequeño propietario. Tampoco afecta a las construcciones de los últimos 15 años.
California es el Estado más rico de Estados Unidos (un PIB como el del Reino Unido) y también el más poblado (39 millones de habitantes). Pero también el más desigual. Según el Public Policy Institute of California, casi el 18% de la población carece de recursos para cubrir algunas necesidades básicas. En total, el 36% de la población del Estado vive rozando la pobreza. Mientras, el precio medio de una casa en California ya supera los 600.000 dólares (546.000 euros), una media que va desde los 325.000 dólares (297.700 euros) en el valle central hasta los 1,6 millones (1,4 millones de euros) de San Francisco.
Existe un consenso entre expertos y políticos desde hace años en que, a la falta de construcción de viviendas debido a las regulaciones locales, se ha sumado el rápido crecimiento de la población y la bonanza económica para crear un cóctel en el que el 61% de los jóvenes afirman que no se pueden permitir vivir en California. La expresión más alarmante de la crisis es el aumento de las personas sin hogar en las grandes ciudades a niveles nunca vistos. El número de sin techo ha crecido hasta las 130.000 personas. California ha subido la cifra nacional de sin techo en EE UU por sí sola.
“Vivimos en el Estado más rico y en el Estado más pobre de EE UU”, dijo Newsom en la firma de la ley. “El coste de la vida es la cuestión que define más cuestiones que ninguna otra. No puedes hablar de sin techo sin hablar de vivienda. No puedes hablar de pobreza sin hablar de vivienda. No puedes tener una conversación honesta sobre nada si no te fijas en este problema”.
Newsom hizo de la crisis de la vivienda su máxima prioridad en el primer discurso en el Legislativo como gobernador, el pasado enero. La crisis de los sin techo en el Estado más rico de Estados Unidos le llevó a fijarse primero en la falta de construcción. “La vivienda es quizá nuestro problema más desbordante ahora mismo”, dijo Newsom. “Hay mucha demanda y poca oferta. Y eso está pasando en buena parte porque demasiadas ciudades y condados no están ni siquiera planeando construir. Algunos se niegan directamente a hacer nada”, dijo Newsom entonces.
Poco antes, había presentado una demanda contra la ciudad de Huntingon Beach, uno de los enclaves más privilegiados de la costa del sur de California, por no cumplir la normativa a la hora de construir vivienda para rentas bajas. Lo hizo como demostración de fuerza y amenazó a otras 47 ciudades que, aseguró, tampoco están cumpliendo la normativa.
En su primer presupuesto como gobernador, Newsom aprobó un paquete de 1.750 millones de dólares (1,5 millones de euros) para promover la construcción de viviendas nuevas. Además, el presupuesto incluía 20 millones de dólares (18,2 millones de euros) para ayudas legales en procesos de desahucios y 1.000 millones más para programas municipales para controlar el aumento de la población son techo.
Dentro del amplio paquete legislativo que Newsom se propone dejar aprobado esta semana hay otras leyes que, por ejemplo, prohíben a los arrendadores rechazar a inquilinos que dependen de subsidios para pagar el alquiler; ponen por escrito la prohibición de discriminar contra veteranos que reciben ayudas para vivienda; y cierra una trampa por la cual el propietario podía subir el alquiler en apartamentos donde el precio está limitado.
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