Tras la polvareda política, queda ajustar los flecos técnicos del decreto de ayudas a las empresas. Pese a las reticencias iniciales, el Gobierno tiene claro que habrá transferencias no reembolsables desde hace un par de semanas, pero el problema es cómo articularlas. Desde que España se unió a la UE, no hay precedentes de ayudas masivas a empresas. El plan sigue sin cerrarse porque no está listo el sistema para controlar que los fondos se destinan a los objetivos previstos: reducir deudas y pagar gastos fijos como alquileres o suministros que no se cubren por las caídas de ingresos. Su diseño trae de cabeza a la Administración.
Desde que el presidente Sánchez anunció el plan de 11.000 millones, hace ya dos semanas, el Ejecutivo tiene decidido que habrá ayudas directas: compensaciones a empresas por caídas de ingresos que, según el esquema de ayudas aprobado por Bruselas a España, serían para las que han perdido el 30% de la facturación respecto al periodo prepandemia. El Gobierno quiere ayudas selectivas, condicionadas y muy focalizadas, con objetivos bien definidos. Y se ha topado con el inconveniente de cómo controlar que realmente se emplean en las metas fijadas: Economía quiere que los fondos se destinen a pagar costes fijos. Y que el resto se dedique a reducir el endeudamiento, básicamente los pagos pendientes a proveedores. Tener listo un sistema para comprobarlo es un problema de gran dificultad técnica, y ha enfrentado a varios ministerios: unos pretendían que fueran las comunidades autónomas quieren gestionaran los fondos; otros son partidarios de que sea la Administración General del Estado —singularmente, la Agencia Tributaria— quien lleve el control.
Según fuentes gubernamentales, la creación de una estructura de control es lo que ha provocado que Hacienda y Economía retrasen la aprobación del conjunto de medidas para aliviar a las empresas. Aunque otras fuentes aseguran que en parte se ha perdido mucho tiempo en las discusiones de fondo sobre cómo debía ejecutarse el plan. El decreto tiene que estar listo el próximo viernes porque el domingo 14 se acaba la moratoria concursal, una iniciativa que suspende la obligación de pedir el concurso de acreedores a quien haya entrado en insolvencia. Si no se prorroga antes del día 14, el Ejecutivo se arriesga a una oleada de procedimientos sin haber repartido las ayudas y sin haber puesto en marcha la reforma de la legislación concursal para facilitar las exoneraciones de deuda y las reestructuraciones.
“La demora se debe a una cuestión puramente técnica. Hay que determinar algunos de los elementos que componen un decreto ley que es complicado en el terreno jurídico y que estamos sometiendo a varias opiniones”, señaló ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No obstante, la titular de Educación, Isabel Celaá, admitió el lunes en TVE que ha habido discrepancias de fondo, pero que “al final esas diferencias quedarán sintetizadas en el decreto”.
Más allá de ese debate, una de las cuestiones fundamentales que ha provocado más roces es quién reparte las ayudas: el Estado o las comunidades.
Este lunes la balanza se inclinaba a que el Estado entregaría directamente las subvenciones como solicitaba Podemos y otros ministerios. Eso implicaba sobrecargar al único organismo que tiene la envergadura para gestionar algo así: la Agencia Tributaria. Hacienda se resistía a emplear a esta institución. Y en la tarde de ayer ganaba de nuevo peso la opción de que tramiten estos recursos las autonomías. Tienen un mejor conocimiento de dónde han estado las restricciones y una mayor capilaridad, justifican fuentes de la Administración. Montero apuntaba ayer en esa misma dirección: “Habrá un paquete de ayudas directas que estamos trabajando en un modelo de cogobernanza que mantenemos con el conjunto de las administraciones”.
Tres fondos
El paquete completo tendrá tres patas: un fondo de reestructuraciones de los créditos ICO gestionado por la banca y que solo en última instancia acabará en quitas. Otro de recapitalizaciones de empresas medianas que orquestará Cofides, compañía controlada por Industria. Lo cual implica que la ministra Reyes Maroto tendrá así una herramienta para apoyar a empresas. Y el tercer fondo será el de las ayudas directas.
Las dudas de la vicepresidenta Nadia Calviño y de Montero han retrasado el plan. Calviño ha tenido muy presente el informe del G-30, capitaneado por Mario Draghi, que dejaba claro que una vez superada la fase inicial de la crisis —con una lluvia de liquidez y avales—, las ayudas tienen que estar bien afinadas, dedicadas solo a negocios viables y pensadas para reducir el exceso de deuda generado. Además, Economía apunta que en otros países ha habido empresas que han cogido el dinero y han bajado la persiana: a Calviño le preocupan los problemas de riesgo moral, a pesar de que el FMI y el BCE han sido claros en que el coste de que cierren empresas ahora supera con creces el de salvar empresas zombis. Con estas premisas se discute la mejor forma de aterrizar: “Si las ayudas acaban en sociedades que no remontan, siempre se podrá decir que se malversó”, apunta una fuente de la Administración.
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