Cataluña endurece el criterio para salir del toque de queda y prorroga las restricciones


El toque de queda se mantendrá en Cataluña. El Govern pedirá este martes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que prorrogue las restricciones nocturnas en 148 municipios catalanes y la limitación de reuniones a un máximo de 10 personas para evitar el contagio del coronavirus. Las medidas serán vigentes desde el viernes 20 de agosto hasta el 27.

La nueva prórroga llega con novedades. La Generalitat ha modificado el criterio vigente para aplicar las restricciones al reducir el umbral de la incidencia acumulada en los últimos siete días (IA7). Los municipios que registren una incidencia de más de 125 casos por cada 100.000 habitantes deberán aplicar el toque de queda desde la una de la madrugada hasta las seis, mientras que actualmente el límite era de una IA7 de 250 casos.

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Es la segunda vez que el Procicat rebaja el nivel de incidencia para aplicar el toque de queda. El Govern estableció inicialmente una IA7 de 400 y lo rebajó hasta los 250 hace dos semanas. Ahora, el límite coincide con el índice de riesgo muy alto establecido por el Ministerio de Sanidad. “Aunque la situación está mejorando, la incidencia en muchos puntos de Cataluña aún es alta y debe mantenerse el toque de queda nocturno para continuar controlando la pandemia y mejorar la presión hospitalaria”, admite una fuente del Departamento de Salud.

Si el TSJC valida esta nueva prórroga del confinamiento nocturno, que se volvió a aplicar de nuevo en Cataluña el pasado 16 de julio, pasarán a tener esta restricción de movilidad un total de 148 municipios catalanes: 125 de ellos por sus datos epidemiológicos y los otros 23 porque están rodeados de localidades con alta incidencia.

Este nuevo endurecimiento del control epidemiológico implica que muchos de los municipios de más de 5.000 habitantes que estaban a las puertas de evitar estas restricciones deban mantenerlas. Uno de ellos es Pineda de Mar (Maresme), que registra una IA7 de 160 casos. Sílvia Biosca, regidora de Comunicación del municipio, asegura que el Ayuntamiento acepta la medida sin problemas: “Nos ayuda a controlar mejor los botellones”. Biosca admite que Pineda no sufre grandes masificaciones en las playas por la noche, pero acepta que la limitación facilita el orden. “Con el ocio nocturno cerrado, los jóvenes quieren salir y mantener la fiesta. Al no haber alternativas, van a la playa o donde pueden Y si no hubiera toque de queda sería más difícil gestionarlo. La medida ayuda a nivel local”.

El municipio pasa en verano de una población de unos 28.000 habitantes a cerca de 50.000 por la llegada de turistas. Este año, admite Biosca, los visitantes son más locales que extranjeros, y apunta que los viajeros de fuera van perdidos con las normas covid. “Hace 10 días que vemos a más franceses”, explica, “y no saben que la mascarilla es obligatoria es los interiores, pero son pocos y se resuelve con facilidad”.

La aplicación concreta del toque de queda genera una paradoja en algunas localidades sin restricciones. Calonge i Sant Antoni, por ejemplo, sufre masificaciones de jóvenes en sus playas hasta altas horas de la madrugada por la ausencia de la medida. Su alcalde, Jordi Soler, pidió el lunes aplicar el toque de queda, pero la Generalitat lo denegó ayer. En un comunicado, el primer edil criticó el nuevo toque de queda y lo consideró una burla al ver que su municipio se queda fuera. Soler reclama desde hace semanas que se incluya a esta localidad de la Costa Brava dentro de las que acatan obligatoriamente esa medida, denuncia falta de medios para controlar los botellones nocturnos en las playas y asegura que los turistas comienzan a anular reservas por las molestias que provocan esas aglomeraciones.

Tras conocer la decisión de la Generalitat, el alcalde invitó “a todos aquellos señores que han decidido que Calonge i Sant Antoni no entre dentro del confinamiento nocturno a que vengan a pasar un par de noches”. El último fin de semana, la Policía Local de este municipio registró 442 servicios, que incluyeron la disolución de 35 grupos y la confirmación de destrozos en el mobiliario urbano. “Tranquilos, que sitio tendrán, porque la gente se va. Esto es burlarse del personal”, aseguró Jordi Soler, que lamenta el impacto en la economía de un municipio especializado en turismo familiar.


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