Rosario Murillo y Daniel Ortega, en Managua.INTI OCON (AFP/Getty Images)
La última ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en menos de una semana desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, declarándoles “apátridas”, y despojó de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores, le ha costado al régimen sandinista solo una condena rotunda entre los gigantes de la región. De las cinco principales potencias de América Latina, todas gobernadas por la izquierda, el Ejecutivo de Gabriel Boric en Chile ha manifestado abiertamente su repudio ante lo sucedido, mientras el de Gustavo Petro en Colombia ha expresado su preocupación. consultó este jueves a las cancillerías de Chile, México, Argentina, Colombia y Brasil. La Administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó a emitir una declaración difusa sobre la protección de los derechos humanos, mientras que los Gobiernos de Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva optaron por el silencio.
Las duras críticas de Chile a la deriva de Ortega y Murillo no son nuevas. Boric se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los abusos y la represión del régimen en Nicaragua y su ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, siguió el deterioro democrático del país centroamericano y las violaciones de derechos entre 2018 y 2021 desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La canciller denunció la situación públicamente este jueves sin utilizar medias tintas. “Cada día más se trata de una dictadura totalitaria”, mantuvo al condenar la persecución de cualquier tipo de disidencia nicaragüense. “No solo les quitan la nacionalidad y les confiscan los bienes, sino que también han sido declarados prófugos de la justicia”, apuntó la ministra de Relaciones Exteriores ante la prensa en el Palacio de La Moneda.
“Entre los desterrados tenemos escritores como Gioconda Belli, Sergio Ramírez, periodistas, mujeres defensoras de derechos humanos, feministas, muchas de las cuales están dentro del país. Sigue habiendo al menos 30 presos políticos. Nos parece de suma gravedad, de suma gravedad”, enfatizó la canciller. El compromiso adoptado por la Administración de izquierda es continuar denunciando la situación creada por el régimen de Ortega y llevar a cabo las acciones que correspondan para apoyar a los perseguidos y la democratización en Nicaragua. “Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, apuntó Urrejola.
El presidente Boric pidió semanas atrás la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires. El mismo llamamiento hizo el pasado septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió “trabajar para que, en ningún lugar del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”. Sin embargo, el presidente chileno no ha hecho declaraciones públicas sobre las últimas medidas del régimen de Ortega.
Con un lenguaje más contenido, el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia también ha expresado este viernes su “preocupación” ante la reciente ofensiva contra la oposición nicaragüense. “Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”, ha manifestado la Cancillería colombiana en un comunicado. En el caso de Bogotá, se añaden complicaciones en la relación bilateral con Managua, puesto que los dos países están inmersos en una disputa territorial por la soberanía de las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés y Providencia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha tratado, al ser consultada por , de hacer equilibrios, pero su pronunciamiento se queda lejos de una condena o una exigencia a Ortega. “México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua”, señalaron fuentes de Cancillería, a cargo de uno de los principales dirigentes oficialistas y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard. “Conforme a uno de sus principios torales de política exterior, nuestro país se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de esta de manera arbitraria, y al uso y goce de sus bienes y propiedad a menos que esta sea confiscada o restringida por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una indemnización justa”, prosiguieron las mismas fuentes.
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El Gobierno de López Obrador se suele escudar en el principio de no intervención en política exterior, consagrado en la Constitución, para sortear pronunciamientos potencialmente incómodos. Más claras suelen ser las posiciones de las Administraciones de Fernández o Lula da Silva. No obstante, en esta ocasión ni Argentina ni Brasil han optado por censurar la deriva de Ortega y Murillo. Han sido Estados Unidos y España los dos países que con más contundencia se han pronunciado sobre las nuevas medidas de Ortega. EE UU ha recibido en su territorio a los 222 desterrados y les ha garantizado una protección temporal, mientras España les ha ofrecido la nacionalidad.
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